Sentencia Bonos Convertibles Banco Popular

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Sentencia

La documentación facilitada eran escritos predispuestos por la entidad que la cliente iba firmando uno tras otros sin conocer su contenido

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Tafalla (Navarra) ha anulado una orden de compra de bonos convertibles de Banco Popular y ha obligado a devolver a la entidad los 14.000 euros que invirtió la cliente, representada por Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo Abogados.

Al analizar la comercialización del producto, la sentencia subraya que en apenas cuarenta minutos se le explica y entrega ejemplar de un documento informativo, se le hace el test de conveniencia. El  resultado de dicho estudio es que el cliente no tiene experiencia en productos complejos, y aún así se le ofrecen bonos por 14.000 euros.

La premura con que se trabajó cuestiona una información adecuada

Indica la sentencia que el tiempo “evidencia la premura con que se trabajó” y lleva a cuestionar  que, como se exige, se haya explicado de forma adecuada la naturaleza y riesgo de este producto.

El banco tampoco probó haber advertido al cliente sobre la no conveniencia de este producto para su perfil.

Queda claro para el juez que “el cliente no tuvo tiempo de conocer la naturaleza y riesgos de su inversión”.

El empleado señaló, de forma ambigua, que el producto tenía “un poquito de complejidad”

Por su parte, el empleado que vendió el producto señaló en su declaración, “caracterizada por su ambigüedad y sin gran interés” que el producto “tiene un poquito de complejidad”, una manera de definir el producto “poco precisa”, según la sentencia.

Asimismo, el empleado señaló que se consideró a la cliente como una persona adecuada para el producto mientras que el resultado del test concluyó que no tenía experiencia en productos complejos.

En cuanto a la información facilitada, sólo se indicó que se le entregó el tríptico informativo que firmó.

Tres años después y sin nuevas inversiones, el test a la cliente da un resultado distinto

A diferencia de la contratación del 2009, en el canje ofrecido tres años después, el test que se le hizo concluyó que la cliente sí tenía experiencia en productos financieros.

Dos resultados diferentes para un mismo test, cuando la cliente, en este tiempo, no contrató ningún producto nuevo.

La información recabada en la vista hace concluir al juez que los documentos entregados son en realidad “escritos predispuestos por la entidad que la cliente iba firmando uno tras otro sin conocer el alcance de su contenido”.

Documentos contradictorios o no muy coherentes entre sí

Además, destaca el juez el poco tiempo que invirtió el banco para conocer el perfil del cliente y el que le que dio a éste para valorar la inversión.  Además, los documentos que constan estos actos son “contradictorios o no muy coherentes entre sí”.

Indica la sentencia que la actora es una cliente minorista, sin experiencia en productos complejos. Además con un perfil “si no conservador, sí prudente”.

Por su parte, el Banco Popular incumplió su obligación de informar de forma adecuada, induciendo a la cliente a error.

Por todo ello, la juez declara nula la orden de compra de bonos convertibles y el canje realizado tres años después y en consecuencia obliga al banco a devolver los 14.000 euros que invirtió la cliente.

En 40 minutos se informó al cliente, se le hizo el test de conveniencia y en contra de su resultado se le ofreció 14.000 euros en bonos convertibles.

Creemos que esta sentencia es relevante dado que queda acreditado que Banco Popular hizo una venta de los Bonos Convertibles no ajustada a Derecho.

En caso de que tenga alguna consulta o duda relacionada con Bonos Convertibles de Banco Popular, no dude en contactar con nosotros especialistas en Derecho Bancario.

Aquí os dejamos la sentencia completa, o si lo prefieres, descárgala en PDF en este enlace.

S E N T E N C I A     Nº 000113/2017

En Tafalla, a 22 de junio del 2017.

Vistos por el Ilmo./a D./Dña MARIA PASTOR CISNEROS, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Tafalla y su Partido, los presentes autos de Procedimiento  Ordinario nº 0000379/2016, seguidos ante este Juzgado a instancia  de Dña. XXXXXX, representada por la Procuradora Dña. AMAIA URRICELQUI LARRAÑAGA y  asistida por  el Letrado D. JOSE LUIS SANJURJO SAN MARTIN, contra. BANCO POPULAR ESPAÑOL representado/a por el Procurador CARLOS HERMIDA SANTOS y defendida por el Letrado Dña. PATRICIA MORENO VALLARIN, sobre reclamación de cantidad.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En fecha de     16de  septiembre de  2016 tuvo entrada en este Juzgado demanda interpuesta por D.ª Amaia Urricelqui Larrañaga en nombre y representación de D. ª XXXXXX frente a BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA solicitando que  se dicte sentencia por la que estimando la demanda, se declare la nulidad de la orden de compra de bonos convertibles de Banco Popular suscrita por D. ª XXXXXX  , por nulidad  por vicios/  error en el consentimiento , y como consecuencia de la misma procede la reciproca devolución de las prestaciones, por ello:

Condene al Banco Popular SA a:

  1. estar y pasar por dicha declaración y, en consecuencia proceder a la reciproca devolución de las prestaciones Y:
  2. Abonar a D. ª XXXXXX la cantidad de 14000 euros menos los rendimientos producidos, más los gastos de deposito y administración, y los intereses legales desde la fecha de los respectivos pagos

Subsidiariamente para el caso de que no se admita la anterior petición , declare la resolución de la orden de compra de bonos convertibles de Banco Popular referida en esta demanda suscrita por D. ª XXXXXX y como consecuencia de la misma procede la reciproca devolución de las prestaciones, y por ello: Condene a Banco Popular a estar y pasar por dicha declaración, y en consecuencia a abonar la cantidad de 14000 euros, menos los rendimientos producidos , más los gastos de deposito y de administración, y los intereses legales desde la fecha de los respectivos pagos

Subsidiariamente para el caso de no estimarse la anterior acción, se solicita que se declare que Banco Popular ha sido negligente en el cumplimiento de sus obligaciones de diligencia de lealtad e información, y por ello condenar a Banco Popular:

  1. A estar y pasar por esta declaración y
  2. A indemnizar a D. ª XXXXXX la cantidad de 14000 euros menos los rendimientos producidos, y los gastos de deposito y administración
  3. A abonar a D. ª XXXXXX como lucro cesante, los intereses legales desde la fecha de los respectivos pagos

Todo ello con expresa condena en costas a la parte demandada

En fecha de 10 de noviembre de 2016   se presenta contestación a   la demanda de D. Carlos Hermida Santos en representación de BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA y solicita que se dicte Sentencia por la que se desestime la demanda, absolviendo a la demandante de todos sus pedimentos, todo ello con expresa imposición de las costas; señalándose la celebración de la Audiencia Previa para 5 de mayo a las 12:00 horas

SEGUNDO.- En la Audiencia Previa, la parte demandante se ratificó en la demanda y propuso las pruebas siguientes:

1.- Documental por reproducida y más documental

2.- Testifical del empleado bancario que ofreció el producto

La parte demandada se opuso a la demanda y propuso las siguientes pruebas:

1.- Interrogatorio de parte

2.- Testifical de D Francisco Javier Cia Iriarte 3.- Documental

La prueba propuesta fue admitida señalándose fecha 22 de junio a las 9:30 horas

TERCERO.- El día y hora señalados se celebró el juicio, practicándose la prueba propuesta y admitida, con el resultado que es de ver en autos, tras lo cual, las partes formularon sus conclusiones, quedando el acto visto para sentencia.

Antes de la practica de la prueba, la entidad demandada renuncia al interrogatorio de la demandante

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte actora ejercita acción de nulidad de la adquisición de orden de compra de bonos convertibles de Banco Popular suscrita por D. ª XXXXXX el 2 de octubre de 2009 por importe de 14000 euros así como el canje llevado a cabo en mayo de 2012 , por nulidad por vicios/ error en el consentimiento, y como consecuencia de la misma procede la reciproca devolución de las prestaciones, por ello:

Subsidiariamente para el caso de que no se admita la anterior petición, declare la resolución de la orden de compra de bonos convertibles de Banco Popular referida en esta demanda suscrita por D. ª XXXXXX y como consecuencia de la misma procede la reciproca devolución de las prestaciones

Subsidiariamente para el caso de no estimarse la anterior acción, se solicita que se declare que Banco Popular ha sido negligente en el cumplimiento de sus obligaciones de diligencia de lealtad e información, y por ello condenar a Banco Popular:

La entidad demandada BBVA se opone y alega:

1.- Caducidad de la acción de anulabilidad por vicio del consentimiento. Esta ha caducado por haber trascurrido en exceso el plazo de 4 años previstos para el ejercicio por el art 1301 del Código Civil en el caso de las adquisiciones de bonos subordinados canjeables de 2009. O en su caso en el año 2012 al suscribir el canje por los bonos de la nueva emisión que sustituiría a la anterior del año 2009. Donde la parte actora recibió no solamente nueva documentación escrita con toda la documentación escrita con toda la información de los riesgos del producto (Doc nº 8 y 9) sin información verbal por parte de los empleados de la entidad explicando el motivo de esta nueva emisión que no era otro que intentar que la acción se recuperara y así evitar que la inversión de los clientes no sufriese una perdida. Habiendo desde entonces y hasta la formulación de la demanda más de 4 años

2.- La denominación del producto, como la documentación entregada a la parte actora se deduce sin género de dudas, el tipo de producto que se estaba contratando. Bonos de carácter subordinado y de obligatoria conversión en acciones, lo que conlleva la trasformación de un producto financiero inicialmente de renta fija en otro de renta variable. Las explicaciones recibidas por los empleados de Banco Popular como por la distinta documentación que le era remitida a su domicilio, como por la orden de valores firmado, la parte actora conocía o debió de conocer de manera inexcusable que no había contratado una imposición a plazo fijo (depósito) alegando este hecho únicamente a efectos de sustentar su alegación . El canje obligatorio en  acciones  que conlleva la contratación de este producto, de ningún modo ha pretendido ni ha podido ser ocultado por la entidad en la comercialización de los bonos subordinados convertibles, al anticiparse este efecto en la propia denominación del producto, en el que la conversión se erige en elemento distintivo

3.- La entidad demandada señala que en la suscripción de estos valores no ejerció una labor de asesoramiento ni de gestión discrecional de cartera, que exigen un mayor compromiso en el análisis de la conveniencia del producto para el perfil del cliente y generan obligación de pago de honorarios derivados de tal asesoramiento. Actuó por el contrario como mera intermediaria en la recepción, transmisión y ejecución de las órdenes de suscripción de los Bonos subordinados convertibles

4.- No existe vicio de consentimiento. Niega que como se dice de contrario, que el cliente no recibiera con carácter previo a la adquisición de dicho producto la información precisa y veraz en cuanto a las condiciones  y características de los mismos y que no tuviera un conocimiento plenamente formado en cuanto al producto que adquiría; más al contrario, que el Banco Popular al contratar el producto. La documentación precontractual y contractual revela que la entidad cumplió con su  obligación de información de los diversos riesgos inherentes a la suscripción de los Bonos subordinados convertibles.

En la fase contractual. Así constan firmados:

  1. a) En relación con la suscripción de Bonos Subordinados necesariamente canjeables en acciones de Banco Popular Español, SA 1/2009: Documento acreditativo de haber recibido un ejemplar completo de las “ Condiciones generales para la presentación de servicios de inversor” y de 2 información sobre productos financieros ofrecidos por el Banco Popular” de fecha de 2 de octubre de 2009, que se acompaña como doc 3; test de conveniencia de fecha de 2 de octubre de 2009, el cual se aporta junto con la comunicación al cliente del resultado del test ( Doc nº 4). A la luz de las respuestas del demandante, rubricadas por la actora, el resultado del test fue: “Cliente con experiencia en productos financieros no complejos”. Asimismo se entregó tríptico resumen explicativo de condiciones de la emisión donde en letras negritas aparecen descritos todos los factores de riesgo del producto financiero (Doc nº 5). Y finalmente orden de suscripción de 2 de octubre de 2009 (Documento nº 6)

Adicionalmente sigue diciendo, se le hizo entrega de a la  parte actora de la información especifica del producto recogida en el resumen explicativo de condiciones de la emisión cuyo texto, depositado e inscrito en la CNMV desde el 16 de junio de 2009, ha merecido la aprobación previa de dicho organismo recogiéndose de forma expresa que el mismo “ debe leerse como introducción al folleto” y que “ toda decisión de invertir en los Bonos subordinados necesariamente canjeables debe estar basada en la consideración por parte del inversor del folleto en su conjunto” (Doc nº 5). Y finalmente orden de suscripción de 2 de octubre de 2009 (Doc nº 6)

En la fecha de suscripción mediante canje de bonos subordinados obligatoriamente convertibles en acciones de Banco Popular Español, SA 1/2012: El test de conveniencia de fecha de 7 de mayo de 2012, el cual se aporta por esta parte junto a la documentación del cliente del resultado del test y la indicación de la posible no adecuación del producto (Documento  nº 7). A la luz de las respuestas del demandante rubricadas por la actora, el resultado del test fue: “Cliente con experiencia en productos no complejos”, de lo que fue informado el cliente. Así como que la entidad informó a la parte actora, en un documento aparte, de que el resultado del test de conveniencia indicaba la posible no conveniencia (Doc nº 10)

Asimismo el tríptico resumen explicativo de condiciones de la  emisión donde en letras negritas aparecen descritos  todos los “ factores  de riesgo” del producto financiero (Doc nº 8); información sobre la naturaleza de los Bonos subordinados convertibles canjeables/  convertibles en acciones y sus riesgos inherentes , mediante este documento entregado a la actora el 7 de mayo de 2012, de forma clara y sencilla se explican las características , la naturaleza y los riesgos del producto financiero (Doc nº9)

Fase contractual. La parte actora firmó libre y conscientemente la orden de suscripción de los Bonos subordinados convertibles emitidos en el año 2009 el 2 de octubre de 2009 por importe de 14000 euros, tal y como se acredita mediante el doc nº6 de este escrito en donde resultan destacables las circunstancias siguientes:

Se realiza una perfecta identificación del producto financiero mediante la descripción nominal, esto es BO POPULAR CAPITAL CONV.V.2013 que de ningún modo puede confundirse con imposiciones a plazo fijo o depósitos bancarios típicos. También en el apartado correspondientes a las observaciones se recoge de forma expresa que, junto a la firma de la presente suscripción se le ha entregado al cliente el tríptico de la emisión, que le cliente ha firmado, se le hace entrega al cliente de una copia firmada de la orden de suscripción y del tríptico de la emisión y declara que “recibe copia de la presente orden, que conoce su significado y trascendencia “

De igual forma , en mayo de 2012, y tras haber recibido información sobre las características y riesgos del producto , la parte actora suscribe la oferta publica de adquisición mediante canje” mediante la cual se efectúa  el canje de los Bonos emitidos en el año 2009 por los emitidos en el año 2012. En esta nueva orden de suscripción por canje: Se realiza con perfecta identificación del producto financiero canjeado “ BO POPULAE CAPITAL CONV.V.2013” y del nuevo entregado “BO.SUB.OB.CONV.POPULAR V11.15” que de ningún modo puede confundirse con imposiciones a plazo fijo o depósitos bancarios trípticos. También en el apartado correspondiente a las observaciones se recoged e forma expresa que “por medio de la presente orden, el cliente manifiesta expresamente su aceptación de la recompra de los valores detallados en el apartado-valor a entregar- con orden expresa de suscripción de los valores detallados en el apartado-valores a recibir; y declara que “recibe copia de la presente orden, que conoce su significado y trascendencia”. Asimismo se destaca en la condición primera que la “tramitación de la presente orden por parte del Banco supone la prestación de un servicio de intermediación definido como recepción y transmisión de órdenes para su ejecución por cuenta del Cliente.”

Especialmente relevantes los rendimientos obtenidos por la actora desde febrero de 2010 hasta noviembre de 2015. Una rentabilidad superior a la que reportaba cualquier producto sin riesgo. El motivo de la disminución en el valor de los Bonos Subordinados convertibles, así como la perdida que ha ocasionado la definitiva conversión en acciones de la entidad, reside en la imprevisible evolución del mercado, que ha llevado al descenso de la cotización de las acciones

Finalmente, los Bonos subordinados convertibles han venido cotizando en el mercado electrónico de renta fija de la Bolsa de Madrid, donde se podían comprar y vender, pudiéndose consultar los precios medios diarios de cotización por cualquier persona y en cualquier momento, habiendo existido liquidez en el mercado secundario y posibilidad de trasmisión durante la vigencia de la inversión en Bonos subordinados convertibles y no solo en el momento de su conversión en acciones

SEGUNDO.- CADUCIDAD Con carácter previo al análisis del fondo del debate, debe analizarse la excepción procesal de caducidad a juicio de esta Juzgadora de la acción esgrimida por la parte demandada en relación al plazo de ejercicio de la acción. Habiendo transcurrido según la entidad demandada de largo los cuatro años desde la suscripción del producto: Dicho lo cual, corresponde ahora abordar la cuestión relativa a la caducidad de la acción de nulidad -anulabilidad- ex art. 1301 CC , conforme al cual la acción de nulidad solo durará cuatro años y ese tiempo empezará a correr en los casos de error, dolo o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato, entendiendo el Juzgador de instancia que ha transcurrido en exceso ese plazo de cuatro años, tomando como dies a quo del cómputo la fecha de comunicación del banco, octubre de 2007, al entender que con ello D. Gustavo tuvo conocimiento de que no había adquirido un depósito a plazo fijo como podía haber creído en un principio.

Sobre la cuestión relativa a la determinación del día de inicio para el cómputo de la caducidad, resulta aplicable la doctrina que con unos términos u otros fija el Tribunal Supremo, sucesivamente perfilada en los últimos años, distinguiendo a tales efectos entre la consumación y la perfección de los contratos, como independientes categorías jurídicas, toda vez que aquel estadio no se produce en los contratos sinalagmáticos hasta que cada parte cumple las obligaciones derivadas del negocio, mientras que la perfección dimana del concurso de voluntades sobre la cosa y la causa que han de constituir aquél, ex artículos 1254 , 1258 y 1262 del Código Civil , y otra exégesis imposibilitaría la acción de anulación cuando el vicio en el consentimiento se descubre con posterioridad a la perfección y trascurrido ya el plazo de caducidad, por descansar en el engaño o la ocultación de la verdadera naturaleza y efectos del negocio, a la par que se primaría a quien, con su conducta engañosa y omisiva de una información veraz y completa sobre el objeto, mueve y determina la voluntad de la otra parte a celebrar un contrato que de no concurrir tal ocultación no hubiera realizado -vid. SSTS de 5 de mayo de 1983 , 11 de julio de 1984 y 27 de marzo de 1989 -.

Corrobora este criterio la sentencia de fecha 12 de enero de 2015, Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo , que subraya la exigencia de una situación en que se haya alcanzado la definitiva configuración del escenario jurídico resultante del contrato, tesitura en la que cobran pleno sentido los efectos resolutorios de la declaración de nulidad, y se posibilita la percepción del vicio del consentimiento, puntualizando el Alto Tribunal que “en las relaciones contractuales complejas, como son con frecuencia las derivadas de contratos financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo y abunda indicando ” Al interpretar hoy el art. 1301 del Código Civil l a redacción original del artículo 1301 del Código Civil , que data del año 1881, solo fue modificada en 1975 para suprimir la referencia a los «contratos hechos por mujer casada, sin licencia o autorización competente», quedando inalterado el resto del precepto, y, en concreto, la consumación del contrato como momento inicial del plazo de ejercicio de la acción.

La diferencia de complejidad entre las relaciones contractuales en las que a finales del siglo XIX podía producirse con más facilidad el error en el consentimiento, y los contratos bancarios, financieros y de inversión actuales, es considerable. Por ello, en casos como el que es objeto del recurso no puede interpretarse la “consumación del contrato” como si de un negocio jurídico simple se tratara. En la fecha en que el art. 1301 del Código Civil fue redactado, la escasa complejidad que, por lo general, caracterizaba los contratos permitía que el contratante aquejado del vicio del consentimiento, con un mínimo de diligencia, pudiera conocer el error padecido en un momento más temprano del desarrollo de la relación contractual. Pero en el espíritu y la finalidad de la norma se encontraba el cumplimiento del tradicional requisito de la “actio nata”, conforme al cual el cómputo del plazo de ejercicio de la acción, salvo expresa disposición que establezca lo contrario, no puede empezar a computarse al menos hasta que se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la causa que justifica el ejercicio de la acción. Tal principio se halla recogido actualmente en los principios de Derecho europeo de los contratos (art. 4:113).

En definitiva, no puede privarse de la acción a quien no ha podido ejercitarla por causa que no le es imputable, como es el desconocimiento de los elementos determinantes de la existencia del error en el consentimiento.”

Asimismo, la reciente STS de 20 de diciembre de 2016 expresa:

“1.- Respecto a la caducidad de la acción y la interpretación a estos efectos del art. 1.301 CC (EDL 1889/1), hemos establecido en sentencias de esta Sala núm. 769/2014, de 12 de enero de 2015 ( EDJ 2015/7310); 376/2015, de 7 de julio ( EDJ 2015/128718); 489/2015, de 16 de septiembre (EDJ 2015/173672 ), y 102/2016, de 25 de febrero (EDJ 2016/10556), que:

«(e)n relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo,  no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error».

2.- Conforme a dicha jurisprudencia, el comienzo del plazo de ejercicio de la acción de anulación por vicio en el consentimiento no puede computarse, como pretende la parte recurrente, desde que se perfeccionó el contrato de adquisición de las participaciones preferentes y se entregaron los títulos, sino desde que los clientes estuvieron en disposición de conocer los riesgos patrimoniales de la operación (…).”

En suma, no se produce la caducidad de la acción hasta transcurridos cuatro años desde que se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la causa que justifica el ejercicio de la acción relativa al error vicio que se invoca como motivo de anulación, no simplemente los resultados negativos, sino las razones de fondo que permiten la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error – vid. ATS de 11 de mayo de 2016 -.”

En este caso, la conversión en acciones es momento en el que visualizaría y comprendería realmente los riesgos del producto adquirido; que según la demandante se dio en el mes de noviembre de 2015. Es de este año, del que data la reclamación que se hace a la entidad Banco Popular (diciembre de 2015). Por lo que presentada la demanda el 16 de septiembre de 2016, no ha transcurrido el plazo de 4 años, no estando por ende caducada la acción

TERCERO.-      –      VICIO      DEL      CONSENTIMIENTO.     ERROR /NEGLIGENCIA

Las características del producto, definido como complejo y de alto riesgo como por otra parte lo define la demandada STS de 17 de junio de 2016 califica el producto de la siguiente manera ” Los bonos necesariamente convertibles son activos de inversión que se convierten en acciones automáticamente en una fecha determinada, y por tanto, el poseedor de estos bonos no tiene la opción, ni la seguridad de que recibirá acciones en la fecha de intercambio, A su vencimiento, el inversor recibe un numero prefijado de acciones a un precio determinado, por lo que no tiene la protección contra la bajada del precio en las acciones que ofrecen los convertibles tradicionales. Los bonos necesariamente convertibles ofrecen al inversor una parte de la futura subida potencial de la acción a cambio de un cupón prefijado y exponen al inversor a parte o a toda la bajada de la acción. Por eso tienen carácter subordinado

La Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2.016 considera que los bonos convertibles en acciones son un producto de inversión de carácter complejo.. En dicha STS, concretamente en su fundamento de derecho cuarto, se razona que: “1.- Los bonos necesariamente convertibles son activos de inversión que se convierten en acciones automáticamente en una fecha determinada, y por tanto, el poseedor de estos bonos no  tiene la opción, sino la seguridad, de que recibirá acciones en la fecha de intercambio. A su vencimiento, el inversor recibe un número prefijado de acciones, a un precio determinado, por lo que no tiene la protección contra bajadas del precio de la acción que ofrecen los convertibles tradicionales. Los bonos necesariamente convertibles ofrecen al inversor sólo una parte de la futura subida potencial de la acción a cambio de un cupón prefijado, y exponen al inversor a parte o a toda la bajada de la acción, Por ello, estos instrumentos están más cercanos al capital que a la deuda del emisor; y suelen tener, como ocurre en el caso litigioso, carácter subordinado.

2.- Según la clasificación de los productos financieros realizada por el art. 79 bis 8 a) LMV (actual art 217 del Texto refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), son productos no complejos, los que cumplan todas y cada una de las siguientes cuatro características: a), que sean reembolsables en cualquier momento aprecios conocidos por el público; b) que el inversor no pueda perder un importe superior a su coste de adquisición, es decir, a lo que invirtió inicialmente; c) que exista información pública, completa y comprensible para el inversor minorista, sobre las características del producto; y d) que no sean productos derivados. A sensu contrario, son productos o instrumentos financieros complejos los que no cumplen con todas o alguna de las características anteriores. Los productos complejos pueden suponer mayor riesgo para el inversor, suelen tener menor liquidez (en ocasiones no es posible conocer su valor en un momento determinado) y, en definitiva, es más difícil entender tanto sus características como el riesgo que llevan asociado.

El propio art. 79 bis 8 a) LMV parte de dicha diferenciación y considera los bonos necesariamente convertibles en acciones como productos complejos, por no estar incluidos en las excepciones previstas en el mismo precepto (así lo estima también la CNMV en la Guía sobre catalogación de los instrumentos financieros como complejos o no complejos).

3.- Pero es que, además, si tenemos en cuenta que los bonos necesariamente convertibles en acciones del Banco Popular son un producto financiero mediante el cual y, a través de distintas etapas, hasta llegar a la conversión en acciones ordinarias de esa misma entidad, el banco se recapitaliza, siendo su principal característica que al inicio otorgan un interés fijo, mientras dura el bono, pero después, cuando el inversor se convierte en accionista del banco, la aportación adquiere las características de una inversión de renta variable, con el consiguiente riesgo de pérdida del capital invertido; es claro que se trata de un producto no solo complejo, sino también arriesgado. Lo que obliga a la entidad financiera que los comercializa a suministrar al inversor minorista una información especialmente cuidadosa, de manera que le quede claro que, a pesar de que en un primer momento su aportación de dinero tiene similitud con un depósito remunerado a tipo fijo, a la postre implica la adquisición obligatoria del capital del banco y, por tanto, puede suponer la pérdida de la inversión”.

Desde esta perspectiva, en cuanto al alcance del deber de información en relación a los bonos subordinados convertibles en acciones, la STS de 17 de junio de 2.016 razona lo siguiente: “En el caso concreto de los bonos necesariamente convertibles en acciones, el riesgo no deriva de la falta de liquidez, puesto que al vencimiento el inversor recibirá unas acciones que cotizan en un mercado secundario; sino que dependerá de que las acciones recibidas tengan o no un valor de cotización bursátil equivalente al capital invertido. En consecuencia, para que el inversor pueda valorar correctamente el riesgo de su inversión, deberá ser informado del procedimiento que se va a seguir para calcular el número de acciones que recibirá en la fecha estipulada para la conversión y si este número de acciones se calculase con arreglo a su precio de cotización bursátil, el momento que servirá de referencia para fijar su valor, si es que éste no coincide con el momento de la conversión. Cuando con arreglo a las condiciones de una emisión de obligaciones necesariamente convertibles en acciones, no coincida el momento de la conversión en acciones con el momento en que han de ser valoradas éstas para determinar el número de las que se entregarán a cada inversor recae sobre los inversores el riesgo de depreciación de las acciones de la entidad entre ambos momentos.

El quid de la información por tanto no está en lo que suceda a partir del canje, puesto que cualquier inversor conoce que el valor de las acciones que cotizan en bolsa puede oscilar al alza o a la baja. Sino en lo que sucede antes del canje, es decir, que al inversor le quede claro que las acciones que va a recibir no tienen por qué tener un valor necesariamente equivalente al precio al que compró los bonos, sino que pueden tener un valor bursátil inferior, en cuyo caso habrá perdido, ya en la fecha del canje, todo aparte de la inversión.

Dado que, como consecuencia del canje, el inversor en’ obligaciones convertibles obtendrá acciones, podrá ser consciente, con independencia de su perfil o de su experiencia, de que, a partir de dicho canje, su inversión conlleva un riesgo de pérdidas, en función de la fluctuación de la cotización de tales acciones. Desde ese punto de vista, no resultaría relevante el error que haya consistido en una frustración de las expectativas del inversor sobre la evolución posterior del precio de las acciones recibidas. Sino que el error relevante ha de consistir en el desconocimiento de la dinámica o desenvolvimiento del producto ofrecido, tal y como ha sido diseñado en las condiciones de la emisión y, en particular, en el desconocimiento de las condiciones de la determinación del precio por el que se valorarán las acciones que se cambiarán, puesto que, según cual sea este precio, se recibirá más o menos capital en acciones.

Es decir, la empresa que presta el servicio de inversión debe informar al cliente de estas condiciones de la conversión en acciones de las que deriva el riesgo de pérdidas al realizarse el canje

Expuesto lo anterior, como las normas reguladoras del mercado de valores imponen un especial deber de información a las empresas autorizadas para actuar en ese ámbito, resulta paladino que incumbe a la entidad bancaria, conforme a las reglas de onus probandi ex artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , acreditar que cumplió su deber de información clara, precisa y detallada, asegurándose de que la clienta comprendía el funcionamiento del producto y riesgos asumidos, en suma, justificar la concreción y suficiencia del asesoramiento. Y ello partiendo como premisa de que la relación jurídica existente entre el inversor y la entidad bancaria era de asesoramiento y no de mera comercialización, pues como indica la STS de 20 de enero de 2014 , en base a la STJUE de 30 de mayo de 2013 “la cuestión de si un servicio de inversión constituye o no asesoramiento en materia de inversión no depende de la naturaleza del instrumento financiero en sí, sino de la forma en que este último es  ofrecido al cliente o posible cliente”, y esta valoración debe realizarse conforme a los criterios de las Directivas 2004/39/CE y 2006/73/CE, o sea, como “la prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la empresa de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros” y “se entenderá por recomendación personal una recomendación realizada a una persona en su calidad de inversor o posible inversor….” que se presente como conveniente o se base en consideración de sus circunstancias personales, por lo que, en suma, los servicios litigiosos tenían las características propias de los de asesoramientos en materia de inversión. Y en este caso, la parte actora señala que fue la entidad Banco Popular quien le ofreció este producto en el año 2009 . Y quien nuevamente en  mayo de  2012  ofreció el canje  por una nueva emisión del mismo producto” bonos convertibles de Banco Popular”. Por tanto, se separan de lo inicialmente pactado, la conversión en acciones del Banco Popular. Por lo que en contra de lo que dice la entidad la demandante estaba obligada al asesoramiento, y de ahí que elaborara  los denominados test para evaluar la conveniencia del producto a la demandante.

Centrada así la cuestión recordaremos que la STS 20 enero 2014, rec. 879/2012 , dice que ” Hay error vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta. Es decir, cuando la representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea “, citando la STS 21 de noviembre de 2012, rec. 1729/2010 , y la STS 29 octubre 2013, rec. 1972/2011 . Para que concurra es preciso que sea esencial, excusable y relación causal entre el mismo y la finalidad pretendida por el contratante. En el mismo sentido las STS 15 noviembre 2012, rec. 796/2010 , 21 noviembre 2012, rec. 1729/2010 , 29 octubre 2013, rec. 1972/2011 , 17 febrero 2014, rec. 320/2012 , 7 julio 2014, rec. 1520/2012 , 7 julio 2014, rec. 892/2012 , 8 agosto 2014, rec. 1256/2012 , 12 enero 2015, rec. 2290/2012 , o 3 febrero 2016, rec. 1454/2015 , entre otras.

Sentado lo anterior, la actora niega la información, y por lo tanto, corresponde la carga de la prueba al banco obligado a cumplir con tales deberes. En efecto, la aplicación de las disposiciones de la Directiva MiFid 2004/39/CE (Markets in Financial Instruments Directive), a partir de su incorporación a nuestro ordenamiento nacional mediante la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (LMV), obligaban a realizar los correspondientes cuestionarios al cliente para conocer su perfil y acomodar la oferta al mismo ( STS 15 octubre 2015, rec. 1910/2012 , 10 noviembre 2015, rec.885/2012 , 17 diciembre 2015, rec. 2204/2012 ). En los casos en que los contratos son anteriores, también es exigible un deber de información suficiente por parte del profesional (STS 20 octubre 2015, rec. 621/2012, 25 noviembre 2015, rec. 1607/2012, 10 diciembre 2015, rec. 1678/2015).

Partiremos de que el contrato suscrito en el año 2009 por la demandante fueron ” Bonos convertibles en acciones de Banco Popular”,  la inversión se supedita al comportamiento de las acciones del Banco Popular Español S.A. Según sea tal comportamiento la rentabilidad será mayor o menor, produciéndose a su vencimiento una única posibilidad “los bonos se canjean por acciones de nueva emisión de la entidad emisora Banco Popular”. El contrato de 7de mayo de 2012 y ofrecido al cliente por la entidad Banco Popular es un contrato de canje de los bonos adquiridos en el año 2009 (que no se convierten en acciones del Banco Popular tal y como estaba pactado) por obligaciones subordinadas obligatoriamente convertibles en acciones del Banco Popular.

Según la entidad demandada, y con la aportación de escrito de 2 de octubre de 2009 (hora 13:58:06) firmado por la actora, esta afirma haber recibido un ejemplar completo de las condiciones generales para la prestación de servicios de inversión. Y asimismo ejemplar del documento denominado “Información sobre los instrumentos financieros ofrecidos por el Grupo Popular”

Es de 14:11:13 horas la impresión del escrito resultado del test de conveniencia, que concluye que el nivel de conocimientos y experiencia que se le debe asignar es 2- Cliente con experiencia en productos financieros no complejos

Y es 14:41 minuto la fecha de impresión de la orden de compra donde solo aparece la denominación del producto, el numero de valores e importe nominal. En relación con la información,  ninguna mención sobre  la naturaleza del producto. En el apartado de observaciones se indica que se le hace entrega del tríptico de la emisión, que el cliente ha firmado.

Pues bien, según lo anterior en apenas 40 minutos, se le explica y entrega ejemplar del documento denominado “Información sobre los instrumentos financieros ofrecidos por el Grupo Popular”. Se le hace  el  test de conveniencia, con el resultado de no tener el cliente experiencia en productos complejos como el que nos encontramos. Test que no acompaña el cuestionario o información de la que se valió, pero que en todo caso, concluye no tener experiencia en productos de riesgo. comprando bonos por importe de 14000 euros

Solo atendiendo al tiempo que ha estado el empleado con el cliente nos evidencia la premura con la que trabajó, y nos lleva a cuestionar que como se exige haya explicado de forma adecuada la naturaleza y riesgo  de este producto. Cuando además, y no sabiendo que preguntas o información que dispuso el empleado, el resultado del  test  de conveniencia resultó que no tenía experiencia en productos complejos. De la documental aportada no aparece tampoco ninguna advertencia al cliente sobre la no conveniencia de este producto, que si nos encontramos con el canje posterior de 7 de mayo de 2012

La actora no niega que se le hayan entregado-al menos así lo ha entendido de su escrito demanda que más que una demandada responde a un formulario con una parca motivación que en nada favorece a su cliente-. Sino que se los hayan entregado con la suficiente antelación.  Pues bien, cierto es que a la vista de lo anterior, el cliente no tuvo tiempo de conocer la naturaleza y riesgos de su inversión. Y ello dando por cierto que a la entrega de estos documentos le haya acompañado una información verbal por parte del empleado para que la cliente entendiera los mismos y lenguaje bancario empleado, del que es lega la parte actora. Discrepando como dice la entidad que la naturaleza del producto antes descrita de la misma denominación, en los que “A su vencimiento, el inversor recibe un numero prefijado de acciones a un precio determinado, por lo que no tiene la protección contra la bajada del precio en las acciones que ofrecen los convertibles tradicionales”

La  entidad Banco Popular  en escrito de 8 de marzo en respuesta a la reclamación de 3 de marzo, insiste en que le fue entregada en el momento de la suscripción en el año 2009, y del canje en el año 2012 tríptico informativo, que dice firmado por la actora aunque no consta. A pesar de que así consta en la orden de valores que sí esta firmada por la demandante. Por lo que, a pesar de lo anteriormente dicho y habría firmado la Sra. Xxxxxx. Lo entregado por la entidad no  fue  del  ejemplar completo, sino del llamado tríptico informativo que salvo error no consta firmado por la demandante

El empleado bancario el Sr. Francisco Javier Cia Iriarte que comercializó estos valores en el año 2009, durante su declaración caracterizada por su ambigüedad y sea con todos los respetos sin gran interés demostrado. En el acto de juicio ha manifestado en cuanto a su complejidad que este producto “tiene un poquito de complejidad”. Una manera de definir este producto por decir algo, poco precisa. Así mismo,  ha señalado que consideró a la  cliente como una persona adecuada a  este producto. Manifestación que contradice con el resultado del test que supuestamente le hizo a la demandante, que concluya que, no tenía experiencia en productos complejos. Solo se explicaría que el empleado entendiera que estos valores no son complejos, sino solo “un poquito complejos”.

Asimismo niega que ocultase que estos bonos sean convertibles en acciones. Sin embargo, en este caso en el año 2012 no se convierten en acciones del Banco Popular sino se canjean a instancias de la entidad en obligaciones subordinadas obligatoriamente convertibles en acciones del Banco Popular.

Cuando ha sido preguntado por la información que se dio a la demandante, solo ha sabido decir que se le entregó el tríptico informativo que firmó. No mencionando ni siquiera de forma genérica que información verbal acompañó a la entrega de este documento

Como dice el Tribunal Supremo la entrega de estos documentos no agota la obligación de información exigible al empleado bancario. En este sentido el   Tribunal   Supremo   rechaza   las   menciones   estereotipadas predispuestas por quien está obligado a dar la información, en las que el adherente declara haber sido informado debidamente, declarando la ineficacia de las menciones predispuestas que consisten en declaraciones no de voluntad sino de conocimiento o de fijación como ciertos de determinados hechos, que se revelan como fórmulas predispuestas por el profesional, vacías de contenido real al resultar contradichas por los hechos. Así, la STS de 4 de febrero de 2016 , con referencia a las sentencias 244/2013, de 18 abril , 769/2014, de 12 de enero de 2015 , 222/2015, de 29 de abril , 265/2015, de 22 de abril , 651/2015, de 20 de noviembre ; también STS núm. 577/2016 de 30 septiembre .

En el canje de 7 mayo de 2012 que como bien reconoce la entidad fue ofrecida a sus clientes. Se cuenta con impreso firmado por la cliente que dice que: Con anterioridad a su contratación, me ha sido entregada un ejemplar completo de la información relativa a la naturaleza de los Bonos subordinados obligatoriamente convertibles y sus riesgos inherentes. Dicha información me resulta comprensible, y es suficiente para permitirme adoptar una decisión de inversión consciente y fundada.

Se le hace nuevo test y concluye que la Sra. Xxxxxx cuenta con experiencia en productos financieros. Desconociendo nuevamente las preguntas e información que la entidad dispone. Según la documental obrante en autos, y tampoco ha sido desdicho por la entidad Banco Popular, la cliente no ha contratado durante estos tres años nuevo producto complejo y distinto a estos bonos. A pesar de lo cual, se dice que el cliente tiene experiencia en productos de riesgo. La fecha de impresión de los resultados del test es de 7 de mayo de 2012 hora: 13:25:13

De siete minutos ( impresión 7 de mayo 13:18) antes es la impresión del documento en el que se indica que con el fin de evaluar si el producto es adecuado para el cliente se le ha realizado el test de conveniencia, y asimismo que: Cliente manifiesta que pese a haber sido informado de que, en base a lo declarado a la entidad, esta estima que el producto o servicio pudiera no ser adecuado al nivel de conocimiento y experiencia declarado, y tras haber sido informado sobre la naturaleza y los riesgos asociados al mismo, ha decidido actuando por cuenta propia, de forma libre e independiente, y con base en sus propias estimaciones, contratar BO.SUB.OB.CON.POPULAR V11.15 )

En el mismo sentido que en la suscripción de 2009. Lo que se entregó a la vista de la respuesta de la entidad no fue del ejemplar completo. Sino del mero tríptico informativo. Esto da una idea del valor de lo que la cliente firmaba; y permite reafirmarse en que en realidad se trataron de escritos predispuestos por la entidad que la cliente iba  firmando uno tras otro sin conocer el alcance de su contenido. El tiempo empleado no parece que sea el más adecuado para valorar la inversión que hacia

Por tanto, por un lado se concluye que tiene experiencia y por otro lado se concluye minutos antes que no es un producto adecuado al nivel de experiencia y conocimiento declarado.

Como se ha indicado sinceramente, estamos ante otros escritos tipos emitidos por entidad que no responde al perfil del cliente con el que en ese momento se estaba contratando. La entidad no acompaña de prueba alguna que avale que ha existido una información real del producto y riesgos , que no se reduce a la entrega de los documentos  antes  referidos, si estos no acompañan con una explicación suficiente de los mismos. En todo caso, su entrega no agota y sin animo de insistir la obligación exigible. Es  bastante relevante las fechas de impresión de  estos escritos para poder dar una idea del tiempo que contaba el cliente para tomar una decisión, y la empleada por el trabajador con este fin. Siendo además unos y otros comos he ha indicado y a juicio de esta Juzgadora, contradictorios o no muy coherentes entre si

En este caso, la entidad solo ha presentado  prueba documental  junto a la que no se encuentra además la orden de canje del 7 de mayo de 2012. Documental que sin ánimo de insistir, no prueba que la entidad haya ofrecido una información adecuada sobre la naturaleza del producto

Y desde luego, las ulteriores comunicaciones del Banco informando de la evolución de los Valores Santander nada aportan a tal fin, pues tales comunicaciones se emitieron ya contratado el producto, por lo que ninguna incidencia pudieron tener en un vicio del consentimiento gestado al perfeccionarse el contrato.

En relación con lo anterior. La actora es una cliente minorista, lega  en conocimientos económicos/financieros (con estudios básicos, y trabajando como dependienta en un establecimiento de electrodomésticos), sin experiencia en productos complejos, y a la vista de lo contratado  sino un perfil conservador, si prudente  (Documento nº 1 de la demanda). Perfil del cliente que hubiera exigido una explicación o información verbal en lenguaje claro y comprensible que no se ha producido en este caso. O bien, la entidad no ha probado cuando es a ella a quien corresponde la carga de la prueba (art 217.2 de la LEC)

De lo expuesto según mi criterio el Banco Popular incurrió en un incumplimiento de su obligación de informar de forma adecuadamente al cliente, indiciándole a error. De tal modo que los demandantes en el caso de que se les hubiera permitido tener un juicio formado sobre  la  naturaleza y riesgo del producto para poder tomar una decisión sobre la inversión que hacía.

De lo anterior, se deriva con meridiana claridad de que hubo por  parte de la entidad un claro incumplimiento de su obligación de información precontractual. Eludiendo la naturaleza y funcionamiento de este producto.

Finalmente, la entidad contempla-salvo error de esta Juzgadora- que haya podido incumplir la normativa de valores. Pero al mismo tiempo, contempla que la Sra. Xxxxxx pudo conocer la naturaleza de este producto. Pues bien, cabe preguntarse cómo. En este caso, como se ha indicado la actora ni tiene formación, ni tampoco contaba en el año que suscribió los 14 bonos por importe de 14000 euros experiencia en productos complejos. Lo que lleva a entender que solo desde la entidad se le pudo facilitar una información adecuada y suficiente para tomar una decisión sobre esta inversión; que la entidad no ha probado se  le  facilitase. Tampoco, el testigo que ha depuesto en el acto de la vista, cuya obligación según sus propias palabras se agotó con la entrega del tríptico informativo.

Por lo anterior, en este caso se ha de considerar que ha concurrido el vicio del consentimiento (art. 1261 y 1266 CC) alegado de error para procurar así la nulidad de los  contratos, sobre todo en el aspecto relativo  la advertencia sobre la inadecuación del producto, complejo y de alto riesgo, al perfil del inversor (perfil prudente).

Y el error en que los demandantes incurrieron supone una representación falsa sobre la adecuación del objeto a la finalidad contractual perseguida, las bases del negocio, las premisas del contrato, los propios aspectos que conjuntamente las partes asumían como los que habían conducido a la celebración del contrato. Mas no todo error o ignorancia de circunstancias servirá para anular el contrato; debe exigirse que sea suficientemente importante, relevante, y que no sea imputable a la negligencia de quien lo sufre (excusabilidad).

En este caso,  de lo expuesto anteriormente debe considerarse que  el error fue esencial , puesto que ha afectado a la obligaciones principales del contrato y a la característica de alto riesgo del mismo; sustancial , pues afecta a un elemento nuclear del contrato, sobre la base, ya se ha razonado, de la falta de información concurrente e imputable a la entidad bancaria, que venía obligada a facilitar que el cliente adquiriera plena conciencia de lo que contrata, y, sobre todo, del riesgo que asumía; y excusable, pues la actora confió en la palabra del empleado bancario con quien había contratado todos los productos, sin ser consciente de los altos riesgos de un contrato complejo del que no recibió -o no se ha probado- que recibiera la necesaria información para ponderar sus riesgos y decantarse conscientemente sobre su contratación.  Prueba de ello, es  que el valor de estas acciones en la actualidad es 0 o casi

CUARTO.- EFECTOS JURIDICOS. El incumplimiento de estas obligaciones exigidas a la entidad demandada por la normativa citada, como profesional en el mercado de valores con sus clientes, es precisamente lo que constituye la fundamentación para el nacimiento de responsabilidad por los daños y perjuicios sufridos por el actor como consecuencia de la pérdida de valor del producto ofrecido.

Deben aplicarse analógicamente las disposiciones del artículo 1.303 CC para la anulabilidad, a cuyo tenor, “Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubieren sido materia del contrato con sus frutos y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes”.

El citado art 1303 del Código Civil, completado con el art. 1308 de esa misma norma, establece un cauce específico a estos efectos, con la peculiaridad de que, cuando en atención al contrato inválido, se han cumplido prestaciones correspectivas, mantiene la reciprocidad en la restitución para evitar así el enriquecimiento injusto de una de las partes y, también, un correlativo enriquecimiento de la otra, también injusto (SSTS 6/7/2005). Estamos hablando de que esta obligación de restituir lo recibido tiene su auténtico fundamento en la ley y no en el contrato inválido, y es una consecuencia natural e ineludible de la declaración de nulidad.

Lo justo es que la entidad demandada proceda a la restitución del capital de la inversión efectuada por el actor de 14000 euros, más sus intereses conforme a la previsión del art. 1.303 del Código Civil que, a falta de determinación legal no puede ser otra que el interés legal del dinero y, asimismo los gastos de deposito y de administración , que salvo error de esta Juzgadora no han sido concretados por la parte actora; difiriendo su determinación a ejecución de sentencia La actora simultáneamente, procederán a la devolución de los valores de los que ha sido la titular y de los rendimientos que han percibido durante los años de vigencia del contrato con cargo a la misma. Sin perjuicio de su posible compensación si la misma es factible económicamente o, de otros pactos o acuerdos que los mismos puedan alcanzar al margen del proceso.

QUINTO.-De conformidad con el art 394.1 de la LEC se hacer expresa imposición de las costas a la parte demandada

FALLO

Estimo la demanda presentada por el procurador D. ª Amaia Urricelqui Larrañaga en nombre y representación de D. ª XXXXXX frente a BANCO POPULAR ESPAÑOL, SA y declaro:

1.- La anulabilidad de la adquisición de la ordene de compra de 2 de octubre de 2009 de 14 bonos por vicio de consentimiento por error, y posterior canje de 7 mayo de 2012. En consecuencia, condeno a la entidad demandada a la devolución del importe depositado, esto es, de CATORCE MIL (14.000,00) euros más los intereses legales y gastos de depósito y de administración, que se determine en ejecución de sentencia. Así como a la actora a devolver los valores junto con los intereses efectivamente cobrados en cuenta de cada liquidación, que se determine en ejecución de sentencia

2.-Con expresa imposición de las costas a la parte demandada

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndolas saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a su notificación, presentando escrito ante este Tribunal en el que deberá exponer las alegaciones en que se base la impugnación además de citar la resolución que recurre y los pronunciamientos que impugna.

Así por ésta mi Sentencia, de la que  se  expedirá  testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ

DEPÓSITO PARA RECURRIR: Deberá acreditarse en el momento del anuncio haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano abierta en Banco Santander 3178000004037916 la suma de 50 EUROS con apercibimiento que de no verificarlo no se admitirá a trámite el recurso pretendido; salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente de alguno de los anteriores.

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