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RURAL VÍA S.A. SEGUROS Y RESASEGUROS S.A. condenada por un contrato de seguro de vida vinculado a una hipoteca.

SENTENCIA Nº 000455/2015

En Pamplona/Iruña, a 23 de noviembre de 2015.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación el Rollo Civil de Sala nº 0000296/2015, derivado de los autos de Procedimiento Ordinario nº 0000420/2014 – 00 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Tudela; siendo parte apelante-demandante, D. XXX, representado por el Procurador Dª. Mª Mercedes González Ilma. Sra. Presidenta Dª. ANA FERRER CRISTÓBAL Ilmos. Sres Magistrados D. AURELIO HERMINIO VILA DUPLÁ D. ILDEFONSO PRIETO GARCÍA-NIETO (Ponente) Martínez y asistido por el Letrado Dª Sara Herce Rubio; parte apelada-demandada, RURAL VIDA SA SEGUROS Y REASEGUROS SA, representada por el Procurador D. Miguel Leache Resano y asistida por el Letrado D. José Luis Equiza Larrea.

Siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. ILDEFONSO PRIETO GARCÍA-NIETO.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Con fecha 23 de febrero de 2015, el referido Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Tudela dictó Sentencia en los autos de Procedimiento Ordinario nº 0000420/2014 – 00, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

“DESESTIMANDO la demanda interpuesta por DON XXX, representada por el procurador Sra. González contra RURAL VIDA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, representado por el Procurador Sr. Arnedo, debo ABSOLVER Y ABSUELVO a la demandada de los pedimentos deducidos en su contra, con imposición a la parte actora de las costas causadas.”

TERCERO.- Notificada dicha resolución, fue apelada en tiempo y forma por la representación procesal de D. XXX.

CUARTO.- La parte apelada, RURAL VIDA S.A. SEGUROS Y REASEGUROS S.A., evacuó el traslado para alegaciones, oponiéndose al recurso de apelación y solicitando su desestimación, interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

QUINTO.- Admitida dicha apelación en ambos efectos y remitidos los autos a la Audiencia Provincial, previo reparto, correspondieron a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra en donde se formó el Rollo de Apelación Civil nº 0000296/2015, habiéndose señalado el día 10 de noviembre de 2015 para su deliberación y fallo, con observancia de las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La sentencia que apela la parte demandante desestimó su pretensión de que se declarara contraria a derecho la rescisión por la aseguradora demandada de dos pólizas de seguro de vida e incapacidad vinculadas a sendos préstamos concertados entre las partes en octubre de 2005 y enero de 2011 y la de condena a dicha aseguradora a abonar a la entidad financiera prestamista y beneficiaria de los seguros, la suma asegurada.

La sentencia, tras señalar que el hecho de que el cuestionario sometido por la aseguradora sea más o menos exhaustivo no es obstáculo “para que entre en juego el art. 10 de la LCS”, considera probado que:

– La incapacidad absoluta para todo trabajo reconocida al actor en fecha 11/4/2013 es debida “entre otras” a una cardiopatía mixta congénita producto de la evolución de la “tetralogía de Fallot” por la que había sido intervenido en dos ocasiones en su infancia.

– A consecuencia de dichas intervenciones el actor siguió unas revisiones en el Hospital de Navarra cada dos años.

– En el año 2001 se le realizó un ecocardiograma presentando ya una “insuficiencia pulmonar moderada”.

– Aunque el actor haya realizado una vida laboral normal (durante 25 años), sin bajas por dicha patología, o considerara que estaba curado, era consciente de estar sometido a visitas y controles médicos, siendo “evidente” que estaba siendo tratado de la referida patología.

– Por ello, al declarar en las pólizas que “tiene plena capacidad para trabajar, goza de buena salud, no padece o ha padecido enfermedad o lesión (cardiaca, circulatoria, oncológica, infecciosa, del aparato digestivo o endocrinadiabetes-) que haya precisado tratamiento médico” ocultó consciente y voluntariamente datos relevantes que pudieron influir en la valoración del riesgo.

SEGUNDO.- Alega el demandante error en la valoración de la prueba en cuanto a la apreciación de existencia de tratamiento médico.

Sostiene que el informe de 15/12/2014 emitido por el Servicio de Cardiología del Hospital Universitario La Paz señala que la cardiopatía congénita “fue reparada quirúrgicamente a los 7 años con muy buena evolución clínica sin necesidad de tratamiento médico posterior y manteniendo actividad física sin limitaciones”. Por lo tanto, al emplear el cuestionario el término “tratamiento” de forma genérica, puede ser malinterpretado, tanto por el declarante como el empleado del Banco, o entendido en el sentido ordinario de requerir “suministro de fármacos para curar o para paliar secuelas o dolencias”.

No se aprecia el error denunciado pues, en términos objetivos, no hay duda de que la cardiopatía congénita diagnosticada al actor en su primer año de vida, precisó de tratamiento médico, consistente en dos intervenciones quirúrgicas en marzo de 1970 (un año de vida) y otra en 1975.

Cuestión distinta, implícita en la alegación del recurso, es la relativa a qué formalidades y requisitos debe reunir el cuestionario que la aseguradora somete al tomador para que pueda considerarse cumplido su deber y pueda sí alegar el incumplimiento del declarante en caso de omisión o inexactitud de los datos.

Aunque pueda considerarse que no basta para estimar cumplido el deber diligencia de la aseguradora con la presentación de un mero formulario con preguntas imprecisas, genéricas, poco claras o susceptibles de propiciar dudas en el declarante a la hora de responder, creemos que no este el caso, pues sí se pregunta si se padece o ha padecido enfermedad cardiaca que haya precisado tratamiento médico, la pregunta es lo suficientemente concreta como para que cualquiera en el lugar del demandante pudiera darse cuenta de que entra dentro de lo preguntado la cardiopatía congénita de la que fue operado dos veces y sometido a seguimiento en hospital hasta los diez años de edad (según consta en el propio informe al que alude el recurso), con visitas posteriores irregulares y un realizado en 2001 que ya reveló una “insuficiencia pulmonar moderada”, aunque pudiera considerar al responder al cuestionario que con aquéllas intervenciones quedó curado.

TERCERO.- A continuación se formula la misma denuncia de error valorativo en la prueba en relación al dato implícito en la argumentación de la sentencia consistente en que la reproducción o evolución de la cardiopatía se manifestara ya cuando se realiza al demandante el ecocardiograma en 2001, lo que en conjunción con las intervenciones quirúrgicas iniciales y las revisiones en el Hospital de Navarra “cada dos años”, llevaría a la conclusión de que el demandante era “perfectamente conocedor” de que las visitas y controles derivaban de la patología cardiaca, ocultándolo al responder al cuestionario.

Es cierto que el hecho de que el informe pericial presentado por la aseguradora señale que el que el ecocardiograma realizado en 2001 (contando el demandante con 33 años de edad) revelara ya una insuficiencia pulmonar moderada, una insuficiencia aórtica ligera y escaso “acabalgamiento aórtico”, determinaría que “la tetralogía de Fallot” ya había evolucionado, no prueba claramente que el demandante fuera “perfectamente conocedor” de que su patología de la infancia se había vuelto a manifestar aunque fuera levemente.

De hecho no consta que se le instaurara tratamiento específico alguno, aunque continuara con sus visitas o revisiones médicas periódicas, ni que esos hallazgos determinaran limitaciones vitales preventivas. Solo consta que no es hasta 2012 que se revela un primer episodio de descompensación cardiaca.

Por ello la sentencia yerra al tomar ese dato del ecocardiograma como uno más de los que extrae su conclusión de que el demandante incumplió su deber de declarar el riesgo, esto es, que había padecido una enfermedad cardiaca y había sido tratado de ella, que es lo que se le preguntaba.

Pero el que el demandante conociera efectivamente que el resultado del ecocardiograma de 2001 revelaba que la enfermedad de su infancia evolucionaba o se volvía a manifestar no está probado y, por otra parte, no es por sí mismo determinante a los efectos de la apreciación en la sentencia impugnada de la concurrencia de inexactitud o reserva a la hora de responder negativamente a la pregunta de si había padecido o no enfermedad cardiovascular que hubiera precisado de tratamiento.

No hay error en apreciar que el demandante sabía que se le detectó una cardiopatía en la infancia y fue sometido entonces a tratamiento médico quirúrgico, ni tampoco al considerar que no declararlo a la hora de concertar los seguros constituye una ocultación de ese dato por el que se le preguntó.

Cuestión distinta es que sí pueda incidir, en su caso, respecto a la apreciación o no de la exigencia de que fuera conocido por el declarante que el dato omitido era relevante así como respecto a la valoración de la inexactitud como dolosa (art. 10 en relación al 89 LCS), puesto que no basta con que exista inexactitud o silencio al declarar los riesgos para que el asegurador quede desvinculado de su obligación indemnizatoria.

CUARTO.- El resto de las alegaciones principales del recurso se encaminan a combatir la apreciación de que hubo una ocultación consciente y voluntaria, y por tanto dolosa, de su cardiopatía por parte del demandante.

Parte el recurso de la base de que solo la apreciación de dolo en la conducta del apelante al responder al cuestionario posibilitaría que la aseguradora quedara liberada de la obligación.

En efecto así se viene a establecer en el art. 89 LC, según el cual el asegurador no podrá impugnar el contrato una vez transcurrido el plazo de un año, a contar desde la fecha de su conclusión, a no ser que las partes hayan fijado un término más breve en la póliza y, en todo caso, salvo que el tomador del seguro haya actuado con dolo.

Se establece pues, en beneficio del asegurado, la prohibición al asegurador de discutir efectos perjudiciales para el primero que, conforme al art. 10 LCS, pudieran derivar de las inexactitudes en las que haya podido incurrir el tomador del seguro a la hora de efectuar la declaración del riesgo, salvo que el mismo hubiera incurrido en dolo, excluyéndose así en estos casos la culpa grave como causa de exoneración.

Y sobre esa premisa se defiende que no cabe apreciar dolo en el actor a la hora de responder al cuestionario porque:

– El demandante no incurrió en inexactitud porque desconocía que la enfermedad de la que se creía curado se hubiera reproducido. No existe un “plan malicioso” o “intención de engaño”.

– La póliza se suscribe por iniciativa de la entidad prestamista, que es la beneficiaria del seguro, lo que incidió en una menor exigencia de exactitud a las respuestas del cuestionario.

QUINTO.- En la determinación de si la conducta del apelante a la hora de responder a los cuestionarios presentados por la aseguradora puede ser tenida o no como dolosa, debemos tener en cuenta que “El concepto de dolo que da el art. 1269 no sólo comprende la insidia directa e inductora sino también la reticencia dolosa del que calla o no advierte debidamente – SS. 6 de junio de 1953 (RJ 1953, 1658) , 7 de enero de 1961 y 20 de enero de 1964 (RJ 1964, 355) –, siendo esta segunda forma o modalidad de dolo a la que se refiere el inciso final del párrafo tercero del art. 10, como resalta la Sentencia de 12 de julio de 1993 (RJ 1993, 6006) al decir que el dolo que se aprecia es, evidentemente, de naturaleza negativa, en cuanto supone reticencia en la obligada [persona obligada] que silenció los hechos y circunstancias influyentes y determinantes de la conclusión del contrato que de haberlos sabido la otra parte influirían decididamente en su voluntad de celebrar el contrato y que encuentra encaje en el art. 1269 –S. 26-10-91– (SS. 26 de octubre de 1981 [RJ 1981, 4001] y 26 de julio de 2002 [RJ 2002, 8550] , y en el mismo sentido, 30 de septiembre de 1996 [RJ 1996, 6821] , 31 de diciembre de 1998 [RJ 1998, 9775] y 6 de febrero de 2001 [RJ 2001, 1005]). El dolo es el engaño causado maliciosamente haciendo creer al otro contratante lo que no existe u ocultando la realidad (S. 3 de octubre de 2003 [RJ 2003, 6496]” (Sentencia núm. 482/2004 de 31 mayo. RJ 2004\3554).

La violación del deber de declaración del riesgo resultaría así de un hecho puramente objetivo: el riesgo declarado y tenido en cuenta a la hora de la perfección del contrato es diverso al riesgo real que existía en aquel momento (STS núm. 430/2006 de 27 abril. RJ 2006\4595 y las que cita).

Habrá incumplimiento doloso o gravemente culposo cuando al responder a un cuestionario suficientemente claro y concreto se oculten circunstancias conocidas por el declarante, sabiendo que inciden en la valoración del riesgo asegurado.

No habrá tal conducta dolosa o gravemente culposa si los datos no manifestados lo hubieran sido, bien porque el declarante no pudiera conocer que eran relevantes o porque simplemente no los conocía.

SEXTO.- Consideramos que en el caso no se ha acreditado que el demandante actuara con dolo a la hora de suscribir el contrato del seguro y no indicar que había sido diagnosticado y operado de una cardiopatía congénita en su infancia.

Nos encontramos ante unos contratos de seguro de vida concertados con una entidad del grupo de la prestamista (la demandada) a fin de garantizar a ésta última la devolución de los préstamos (al menos hasta la suma asegurada) en caso de producirse el riesgo de muerte o incapacidad del prestatario.

No consta en la literalidad de la póliza de préstamo acompañada a la demanda que la entidad prestamista impusiera al demandante la concertación de los seguros como condición para otorgar los préstamos, ni tampoco de quien partió la iniciativa en la contratación de las pólizas.

Las declaraciones del asegurado obran en las propias pólizas, formando parte de las mismas y con los mismos caracteres tipográficos que el resto del contrato, siendo su contenido idéntico en ambos casos. No fue por tanto rellenada por el propio asegurado.

Tampoco se ha probado que el actor fuera informado, conforme impone la legislación de consumidores (art.60 TRLDCU) de la trascendencia, significado y consecuencias de la declaración de salud incluida en las pólizas. Ni tampoco de que su declaración debiera abarcar aquellas enfermedades cardiacas de las que pudiera haber sido tratado en el pasado, aunque no hubieran implicado limitación alguna durante la mayor parte de si vida y el mismo pudiera considerarlas ya superadas e inexistentes.

Aunque la cardiopatía que sufrió en la infancia y los datos revelados por el ecocardiograma que se le había realizado en 2001, se entendieran como datos relevantes para la valoración del riesgo en el momento de concertar los seguros, cosa que tampoco se ha acreditado por la aseguradora, no por ello debe considerarse incumplido dolosamente su deber de declaración.

De la letra del artículo 10 LCS se desprende la exigencia de que el dato relevante fuera conocido por el tomador del seguro (“El tomador del seguro tiene el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo”).

Ello supondría que en aquellos casos en los que el siniestro hubiera venido motivado por una enfermedad o dolencia grave relevante para la valoración del riesgo que no hubiera sido declarada por el tomador por desconocerla, no puede ser alegada como causa de liberación de la aseguradora, siempre que dicho desconocimiento haya venido motivado por circunstancias objetivas que hayan impedido al tomador saber que padecía la enfermedad que se oculta.

Tal es el caso cuando la enfermedad o dolencia ocultada solo se ha manifestado por indicios o sintomatologías, sin diagnóstico (SSTS de 18 mayo 1993 (RJ 1993, 3567) y de 31 de mayo de 1997) o cuando el desconocimiento del tomador del seguro se extrae de la desconexión temporal entre el diagnóstico de la enfermedad que provoca el siniestro y la contratación del seguro (STS núm. 623/2005 de 15 de julio RJ 2005, 9622).

En el supuesto que se enjuicia el demandante, al concertar los seguros, podía estar convencido de que ya no padecía la cardiopatía de la que había sido operado muchos años antes, en su infancia, puesto que como indica el informe del Servicio de cardiología del Hospital Universitario la Paz solo “en los tiempos actuales” se conoce que esas y otras lesiones “pueden desarrollarse en el adulto operado como secuelas(insuficiencia pulmonar) o lesiones nuevas (insuficiencia aórtica)…si bien en la infancia y adulto joven no fueron conocidas ni se podía prever la evolución”.

A ello hay que añadir que, como antes se dijo, no está probado que el demandante tuviera efectivo conocimiento de que el resultado del ecocardiograma de 2001 revelaba ya que la enfermedad de su infancia evolucionaba o se volvía a manifestar.

Solo en los casos en los que el tomador haya ocultado datos que él conocía y que sabía que eran relevantes para la valoración del riesgo es cuando se podrá considerar que su actuación ha venido motivada por una intención de engaño o fraude hacia el asegurador. En consecuencia, a la vista de todas las circunstancias relatadas, no hay motivo alguno que permita afirmar que el demandado obrara dolosamente (ni tampoco con culpa grave) en este caso, en tanto que no los hay para concluir que al suscribir los contratos supiera o tuviera elementos de juicio suficientes para conocer que la enfermedad cardiovascular de su infancia se hubiera reproducido y pudiera influir en la alteración de los riesgos asegurados.

Por ello el recurso se estima y con ello la demanda interpuesta en su día.

SÉPTIMO.- No se advierte circunstancia alguna que impida o justifique la no aplicación del art. 20 LCS.

OCTAVO.- Es de aplicación el art. 394 LEC en cuanto a las costas de la primera instancia. Y el art. 398 LEC respecto a las de la apelación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que estimando el recurso de apelación al que el presente Rollo se contrae, interpuesto por el Procurador Mª MERCEDES GONZÁLEZ MARTÍNEZ, en nombre y representación de D. XXX, contra la sentencia de fecha 23 de febrero del 2015 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 4 de Tudela en los autos de Procedimiento Ordinario nº 0000420/2014 – 00, debemos revocar y revocamos la citada resolución. Se estima la demanda interpuesta por D. XXX y condenamos a la demandada RURAL VIDA SA SEGUROS Y REASEGUROS SA a pagar a los beneficiarios de las pólizas de seguro objeto de litigio la cantidad de VEINTIOCHO MIL EUROS (28.000 euros) más el interés de demora calculado conforme a lo que dispone el art. 20 de la Ley de Contrato de Seguro, declarando contraria a derecho la anulación de tales pólizas por la aseguradora demandada.

Las costas de ambas instancias se imponen a la entidad demandada.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

 

La presente resolución, de concurrir los requisitos establecidos en los artículos 477 y 469, en relación con la disposición final 16ª de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, es susceptible de recurso de casación y de recurso extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal Supremo o, en su caso, de recurso de casación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, debiendo presentar ante esta Sección el escrito de interposición en el plazo de los VEINTE DÍAS siguientes al de su notificación.

Debiendo acreditarse en el momento de la interposición del recurso haber consignado el depósito exigido para recurrir en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano abierta en Banco Santander, con apercibimiento de que de no verificarlo no se admitirá a trámite el recurso pretendido.

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