El juez declara la nulidad de un contrato de bonos convertibles

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El Juzgado de Primera Instancia número 8 de Oviedo ha declarado, de acuerdo con el Tribunal Supremo, que no cabe que el Banco Popular alegue la renuncia de acciones legales cuando el documento donde se plasma la renuncia es un documento pre redactado. Se le ha condenado a la restitución del dinero invertido en bonos convertibles, además del pago de las costas procesales y los intereses, por considerarse nulo el contrato por error como vicio del consentimiento.

Nulidad de un contrato de bonos convertiblesEn octubre de 2009 un cliente del Banco Popular firmó un contrato de compraventa de bonos convertibles en acciones de la misma entidad, y, posteriormente, firmó otros dos, consecuencia del primer contrato, en mayo de 2012, de renovación de los bonos, y julio de 2015, de renuncia, invirtiendo un total de 150.000 euros. En noviembre de 2015 se produce la conversión de los bonos en acciones, sumando un valor de 27.172,06 euros. Por esto, en junio de 2016 se interpuso demanda de juicio ordinario contra la entidad, pues la parte demandante consideraba que el contrato debía ser declarado nulo, por haber concurrido error como vicio del consentimiento.

El cliente consideraba que se trataba de un “producto de inversión conservador y sencillo”, lo que prueba que claramente no se le había informado correctamente, pues de acuerdo con lo declarado por el Tribunal Supremo, los bonos convertibles son “productos financieros complejos”. La entidad no cumplió con los requisitos de información y transparencia del producto hacia el cliente, sin proporcionarle la venta del producto financiero que más se ajustaba a sus características, ya que no le realizaron el test de idoneidad para verificar la idoneidad del inversor con respecto de este producto.

La parte demandada, considera que sí se cumplió con los requisitos de información y transparencia, defendiendo que se le había proporcionado toda la información tanto de manera escrita como de manera oral. Sin embargo, el juez ha declarado que no se dieron todos los requisitos, por lo que sí concurre error como vicio del consentimiento, declarando la nulidad del contrato, sin aceptar además la excepción de caducidad, pues el juez considera que el comienzo de los cuatro años se da cuando el cliente conoce el tipo de inversión que ha contratado, por lo que en junio de 2016 no estaría caduca. El Tribunal Supremo afirmó sobre los documentos de confirmación, renovación de contratos de inversión o cancelación que “no cabe invocar la renuncia, cuando el documento en que se plasma está pre redactado”, por lo que alegar que tenía conocimiento de la inversión por los contratos que había firmado posteriormente tampoco serviría como medio para alegar la caducidad de la acción.

Por último, se declara en el fallo la nulidad de los contratos firmados tanto en 2009 como en 2012 y 2015. La entidad financiera deberá devolverle lo invertido más los intereses, además de las costas procesales causadas.

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