Cláusula suelo Caja Sur – Sentencia 170/2015

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Sentencia

SENTENCIA Nº  170/2015

En Sevilla, a veintinueve de septiembre de dos mil quince.

Vistos por mi, Marina del Río Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 25 de Sevilla, los presentes autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado con el número 249/14 sobre declaración de nulidad y reclamación de cantidad,  instados por el Procurador Sr/a. Leyva Royo en nombre  y  representación de D. XXXy Dª YYY asistidos del Letrado Sr/a. Minguet Medina contra CAJASUR BANCO SA (antes BBK BANKCAJASUR SAU) representado por el Procurador Sr/a. Delmas Lirola y defendido por el Letrado Sr/a. Paniagua Amo.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador Sr/a. Leyva Royo en nombre  y  representación de D. XXXy Dª YYY se presentó demanda de juicio ordinario contra CAJASUR BANCO SA (antes BBK BANKCAJASUR SAU) alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró convenientes, para terminar suplicando que se dictara sentencia por la que se declare la nulidad de las cláusulas de limite al interés variable de las escrituras públicas referidas por falta de transparencia y por tratarse de una cláusula abusiva que causa desequilibrio y falta de reciprocidad en perjuicio del consumidor; declare la nulidad de las cláusulas que establecen el interés de demora de las escrituras públicas de préstamos hipotecarios referidas en la demanda por su carácter de cláusula abusiva que causa desequilibrio y falta de reciprocidad en perjuicio del consumidor; y condene al demandado a estar y pasar por dichas declaraciones  teniendo dichas cláusulas por no puestas en los contratos y en consecuencia, proceder a la devolución de todas las cantidades que se hayan cobrado a fecha de la sentencia correspondientes a la diferencia entre el tipo de interés aplicado con la cláusula suelo y el interés del préstamo hipotecario resultante de la aplicación de las formulas de la escritura de préstamo sin el referido suelo en el intereses, cantidades que deberán incrementarse con el interés legal devengado desde el momento de pago dé cada una de ellas hasta su completo pago,  todo ello con imposición de las costas.

SEGUNDO.- Por decreto se acordó tener por personado al referido Procurador en dicha representación, se admitió a trámite la demanda y se acordó se emplazara a la parte demandada para que dentro del término legal, compareciera en autos contestando a la demanda, lo que se hizo en legal forma.

TERCERO.- El demandado compareció en autos en tiempo y forma contestando a la demanda por medio de la representación y defensa antes indicadas, alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideraron convenientes, para terminar suplicando que se dictara sentencia desestimando la demanda con condena en costas a la parte demandante, recayendo diligencia teniéndolo por personado y por contestada la demanda y citándose a las partes a la audiencia previa al juicio establecida por la ley.

CUARTO.- En el día señalado se celebró la audiencia previa con la asistencia de las partes que constan en el acta realizándose por las partes las alegaciones que a su derecho convino y la proposición de pruebas, procediéndose a continuación a la admisión e inadmisión, en su caso, de la pruebas propuestas y a señalar fecha para la celebración del juicio citándose a las partes al efecto.

QUINTO.- En el día señalado se celebró el juicio con la asistencia de las partes, practicándose las pruebas admitidas con el resultado obrante en autos, y formulando las partes oralmente sus conclusiones, quedando las actuaciones vistas para sentencia, con el resultado obrante en autos.

SEXTO.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones de la Ley.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Reclaman los demandantes en su demanda se declare la nulidad de la cláusula suelo existente en sus respectivos contratos de préstamo con garantía hipotecaria, concertados por Dª YYY en fecha 28 de mayo de 2007 y por D. XXX en fecha 24 de octubre de 2007, por falta de transparencia y por tratarse de una cláusula abusiva que causa desequilibrio y falta de reciprocidad en perjuicio del consumidor, y en consecuencia se proceda a la devolución de las cantidades indebidamente cobradas en concepto de intereses remuneratorios por aplicación de la referida cláusula suelo. Igualmente solicitan se declare la nulidad de las cláusulas que establecen el interés de demora en sus respectivas escrituras públicas de préstamos hipotecarios igualmente por su carácter de cláusula abusiva que causa desequilibrio y falta de reciprocidad en perjuicio del consumidor.

En cuanto a la primera cuestión, referida a la cláusula suelo existente en ambos contratos, la propia demandada ya manifestó al inicio del juicio que la cuestión carecía de objeto sobrevenido dado que había quedado resuelta por la sentencia del Tribunal Supremo dictada el 24 de marzo de 2015, habiéndose ya dejado de aplicar la referida cláusula suelo desde octubre de 2013 al iniciarse la ejecución provisional de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba, y habiéndose liquidado las cantidades que procedería abonar a los demandantes por intereses indebidamente cobrados en aplicación de dicha cláusula conforme se indicó en la vista, por importes de 1.746,21 euros y 3.758,98 euros respectivamente, por el periodo comprendido entre mayo a octubre de 2013. Los demandantes se opusieron a esta pretensión, manifestando que se trataba de una situación de allanamiento que motivaba la imposición de costas, y además no estaban de acuerdo con las liquidaciones efectuadas, insistiendo en reclamar la devolución de todos los intereses legales indebidamente cobrados por aplicación de dicha cláusula suelo desde la celebración del contrato.

Efectivamente en fecha 24 de marzo de 2015 el Pleno del Tribunal Supremo dictó sentencia por la cual se confirmaba la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Córdoba en fecha 21 de mayo de 2013, que a su vez había confirmado la sentencia dictada en fecha 16 de noviembre de 2012 por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba. Con dichas sentencias se estimaba la demanda interpuesta por “Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, Ausbanc Consumo” en la que ejercitaba una acción colectiva de cesación de la condición general de la contratación que Cajasur utilizaba en sus préstamos hipotecarios a interés variable, y que establecía una limitación al interés variable en sus contratos de préstamo, es decir una cláusula suelo, en unos préstamos  del 3%, como en los objeto de este proceso, y en otros, del 4% nominal anual.

Resuelta por tanto dicha cuestión definitivamente y existiendo un pronunciamiento firme por el cual se ha declarado la nulidad de la cláusula litigiosa y se ha condenado a la entidad bancaria  a su eliminación, siendo extensible dicho pronunciamiento a los contratos que nos ocupan, nos encontramos ante un supuesto de carencia sobrevenida de objeto en cuanto a dicha petición. Así lo ha considerado el Tribunal Supremo en casos semejantes en su sentencia de fecha 24 de marzo de 2015.

Sin embargo los demandantes interesan también se proceda por la entidad bancaria, previa su liquidación, a la devolución de todos los intereses legales indebidamente cobrados por aplicación de dicha cláusula suelo desde la celebración del contrato. La demandada se allana a dicha petición pero únicamente desde el mes de mayo de 2013 hasta octubre de 2013, pues en dicha fecha se dejo de aplicar la referida cláusula.

Es decir, nos encontramos ante el problema doctrinalmente planteado en diversos Juzgados y Audiencias Provinciales sobre de la retroactividad o irretroactividad de la declaración de nulidad de esta cláusula abusiva, a raíz de la sentencia 241/13 de 9 de mayo dictada por el Pleno del Tribunal Supremo y posteriores que estableció la limitación de la retroactividad de la declaración de nulidad (ex tunc) por razones de seguridad jurídica, algunos de los cuales plantearon la posibilidad de efectos retroactivos argumentando la diferente naturaleza de las acciones ejercitadas, en unos casos acción colectiva de cesación y en otros acción individual, y añadiendo que en la colectiva no se solicitaba la devolución de las cantidades abonadas en virtud de las condiciones declaradas nulas, mientras que en la acción individual si se contemplaba normalmente tal pretensión.

Sin embargo dicha cuestión ha quedado definitivamente solventada por el Pleno del Tribunal Supremo en su sentencia 138/15 de 24 de mayo. En dicha sentencia y analizando un supuesto semejante el pleno fijó como doctrina: “Que cuando en aplicación de la doctrina fijada en la sentencia de Pleno de 9 de mayo de 2013, ratificada por la de 16 de julio de 2014, y la de 24 de marzo de 2015, se declare abusiva y, por ende, nula la denominada cláusula suelo inserta en un contrato de préstamo con tipo de interés variable, procederá la restitución al prestatario de los intereses que hubiese pagado en aplicación de dicha cláusula a partir de la fecha de publicación de la sentencia de 9 de mayo de 2013”.

Y ello porque como explica la referida sentencia en su fundamentación, “una vez expuesta la decisión de la Sala y diseccionada su motivación, se puede concluir que a partir de la fecha de publicación de la sentencia del pleno del 9 mayo 2013no es posible ya la alegación de buena fe por los círculos interesados, pues esta sentencia abre los ojos y las mentes de las partes contratantes, pudiendo éstas indagar y esclarecer si las cláusulas suelo insertas en contratos de préstamo con tipo de interés variable, en principio lícitas, carecen de transparencia, no por oscuridad interna, sino por insuficiencia de información, en los términos indicados en el parágrafo 225 de la sentencia.”

Es por ello que en aplicación a dicha doctrina, los efectos de la nulidad de dicha cláusula deben retrotraerse únicamente hasta el 9 de mayo de 2013, y por tanto no cabe acoger la pretensión de los demandantes, puesto que no procede la devolución de todos los intereses abonados durante la vida del préstamo, sino solo los indebidamente cobrados desde mayo de 2013. Tal y como ha ofrecido la entidad demandada en el acto del juicio.

Y viendo que por los demandantes se ha impugnado la liquidación aportada por la parte demandada al acto del juicio, y dado que con la misma no se acompaña toda la documentación que pudiera ser necesaria para la comprobación de las cantidades respectivamente abonadas por intereses por cada uno de los demandantes, a los efectos de efectuar el calculo que proceda de los intereses indebidamente cobrados, y cuya devolución procede, deberá efectuarse la misma, en su caso,  en ejecución de sentencia.

SEGUNDO.- Solicitan también los demandantes se declare la nulidad de las cláusulas que establecen el interés de demora en sus respectivas escrituras públicas de préstamos hipotecarios en el 18% anual,  igualmente por su carácter de cláusula abusiva que causa desequilibrio y falta de reciprocidad en perjuicio del consumidor.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha partido siempre de la diferenciación entre los intereses remuneratorios de los préstamos, respecto de los que son de aplicación las limitaciones de la ley de represión de la usura de 23/771908, así como los principios que inspiran la legislación de consumidores y usuarios (cuya normativa va dirigida a evitar que el precio del dinero se incremente de forma abusiva en perjuicio de la persona que precisa acudir a los mercados financieros), de los intereses de demorapor el incumplimiento de la obligación de pago de los plazos pactados, que vienen a constituir una cláusula penal típica, accesoria al contrato de préstamo, tratándose de pactos con finalidad disuasoria del incumplimiento y, a la vez, liquidación anticipada de los daños y perjuicios, en principio legítimas y eficaces (art. 1152 CC) y consecuentemente tienen distinto régimen, de forma que aquella normativa no puede, en principio, extenderse a los daños y perjuicios ni a las cláusulas penales por incumplimiento de la obligación de devolver el capital y los intereses pactados, que pertenece más al campo de lo dispositivo, que al tuitivo de las normas reguladoras del consumo (como el aplicado art. 19.4 Ley de Crédito al Consumo, cuya limitación – 2’5 veces el interés legal del dinero – va referida únicamente a los intereses por descubiertos en cuenta corriente, aunque puede servir como criterio objetivo analógico), piénsese que incluso legalmente se establecen intereses importantes, como los del art. 20 LCS.

No obstante, tras la ley 7/1998 de 13 abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación y modificación parcial de la LGDCU, se abrió la posibilidad de analizar el carácter abusivo de las cláusulas de este tipo, en base al art. 10 bis de la segunda (actualmente Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias)y la DA 1ª sobre cláusulas abusivas de la primera norma al considerarse como tales “…la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor que no cumpla sus obligaciones”, y para atender a dicho carácter habrá que estar a la naturaleza de los bienes o servicios de que se trate, momento de la celebración, circunstancias concurrentes y demás cláusulas contractuales (art. 4.1 Directiva 93/13/CEE en relación con el citado art. 10.bis.1 LGDCU), con el efecto, no de su nulidad, sino de su moderación en base a la facultad concedida por el art. 10.bis.2 de esta última.

Esta posición se ha visto reforzada por las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los últimos años, que han venido a señalar que el sistema deprotección que establece la citada Directiva se basa en la idea de queel consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional,en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel deinformación y habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6, apartado1, de la Directiva dispone que las cláusulas abusivas no vincularán alconsumidor. Según se desprende de la jurisprudencia, se trata de unadisposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que elcontrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por unequilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas.

En este contexto, el TJUE ha subrayado ya en varias ocasiones que el juez nacional deberá apreciar de oficio el carácter abusivode una cláusula contractual incluida en el ámbito de aplicación de la Directiva y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional, tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, indicando en la sentencia dictada el 14 de junio de 2012 que no cabe al juez nacional la integración o moderación de una cláusula declarada nula por abusiva(como se venía haciendo por muchos órganos nacionales), sino que están obligados  únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma, subsistiendo el contrato en cuestión, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible.

La culminación de dicha tendencia jurisprudencial ha tenido su reflejo legal en la reciente Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social en la cual se introduce como causa de oposición en los procesos ejecutivos la alegación de la existencia de cláusulas abusivas en el titulo que se ejecuta, y se adoptan medidas concretas para el control y limitación del interés de demora pactado en los préstamos hipotecarios, en los supuesto de préstamos o créditos destinados a la adquisición de vivienda habitual garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, dando nueva redacción al art. 114 de la Ley Hipotecaria, entre otros preceptos, estableciendo para dichos casos que el interés de demora no podrá ser superior a tres veces el interés legal del dinero.

Ahora bien, para poder determinar el carácter abusivo de una cláusula, fuera de los casos en los que la ley marca un parámetro legal a tal fin,  es preciso contar con los datos tanto jurídicos como de hecho, es decir las circunstancias en las que se contrató por el consumidor a fin de poder valorar y determinar si las cláusulas no fueron negociadas individualmente o no fueron consentidas expresamente  y si  en contra de las exigencias de la buena fe, causan en prejuicio del consumidor y usuario un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que para las partes derivan del contrato.

Y en el presente caso nada indican ni alegan los demandantes en su demanda para poder determinar las circunstancias concretas que concurrieron en la negociación de dichos préstamos, que permitan considerar que el contrato fuera de adhesión o impuesto a los demandantes y no consensuado con los mismos, y si por tanto, fueron firmadas sus cláusulas, y en concreto la que establece el interés de demora,  en circunstancias o condiciones que se puedan considerar abusivas.

En el presente caso nos encontramos con un interés de demora del 18% anual, establecido en unos contratos con consumidores, pero que no queda acreditado que se tratara de contratos de adhesión. En concreto D. XXX primero se subroga en el préstamo hipotecario que ya gravaba la vivienda comprada y a continuación se hace una modificación y novación de las condiciones económicas y financieras del mismo. Por otro lado el interés remuneratorio fijo inicialmente pactado era del    4,253% en un caso y del 4,725% en el otro,  y el interés legal del dinero establecido a la fecha del contrato, que era del 5,00%. Aun tomando los parámetros actuales del art. 114 de la LEC, no vigentes a la fecha de concertarse los prestamos, el tipo que hubiera resultado a dicha fecha como máximo permitido legalmente para los supuestos de dicho artículo estaría en el 15% anual. No puede considerarse por tanto desproporcionado  ni abusivo el interés de demora expresamente pactado por las partes en estos contratos.

Y ello sin perjuicio de que en caso de producirse una demora en el pago, pudieran operar los límites establecidos en el art. 114 de la LH si se dieran los requisitos establecidos en dicho artículo, es decir, que se trate de préstamos destinados a la adquisición de vivienda habitual garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, dado que en estos supuestos constituye norma imperativa en nuestro ordenamiento sobre el tipo máximo de interés de demora aplicable.

Procede por tanto en este punto desestimar la demanda presentada.

TERCERO.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC, y al haberse estimado solo parcialmente la demanda, no ha lugar a condenar al pago de las costas a ninguna de las partes.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLO:

Que con estimación parcial de la demanda promovida por D. XXX y Dª YYY contra CAJASUR BANCO SA (antes BBK BANKCAJASUR SAU), debo condenar y condeno al demandado a la devolución a los demandantes de las cantidades que se hayan cobrado correspondientes a la diferencia entre el tipo de interés aplicado con la cláusula suelo y el interés del préstamo hipotecario resultante de la aplicación de las formulas de la escritura de préstamo sin el referido suelo en el interés, en las cuotas correspondientes entre mayo a octubre de 2013,  con el interés legal devengado desde el momento de pago de cada una de ellas,  todo ello sin hacer especial imposición de las costas a ninguna de las partes.

Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de APELACIÓN ante la Audiencia Provincial en el plazo de VEINTEDÍAS hábiles contados desde el siguiente de la notificación.

Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado, indicando en las Observaciones del documento de ingreso del tipo concreto del recurso seguido del código 02, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5º de la Disposición adicional decimoquinta de dicha norma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra.  MAGISTRADO-JUEZ que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en SEVILLA, a veintinueve de septiembre de dos mil quince.

“En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal)”.

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