BANCO CAIXA GERAL, SA condenada por la venta de un Bono Estructurado

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El Juzgado de 1ª Instancia núm.- 2 de Navalmoral de la Mata, con fecha 25 de mayo de 2014, dictó sentencia ESTIMANDO ÍNTEGRAMENTE la demanda de Juicio Ordinario interpuesta por SOCIEDAD COOPERATIVA  frente a BANCO CAIXA GERAL, S.A.

Declaro la nulidad radical de la contratación del productor denominado “Bono S.211 Triple Look BBVASAN” suscrito el día 14 de junio de 2007 entre las partes por vicio invalidante dejando sin efecto y eficacia jurídica todo lo realizado durante su vigencia acordando la recíproca restitución de los cargos y abonos efectuados por las partes en virtud del contrato restituyéndose la situación al momento anterior al efecto invalidante con los correspondientes intereses legales desde las fecha de los cargos y abonos.

Hechos:

Debemos comenzar por referir el sustrato fáctico sobre el que recayó la sentencia recurrida y del que debemos partir para la debida resolución del recurso de apelación. Sociedad cooperativa, por recomendación de la directora de la sucursal de Villanueva de la Vera del Banco Caixa Geral S.A., Suscribió un contrato en fecha 14 de junio de 2007, denominado Bono S-211 Triple Look BBVA-SAN, por importe de 100.000 #, emitido por una entidad del grupo Morgan Stanley con duración máxima de tres años siendo su fecha de vencimiento efectivo y rendimiento determinada por la evolución de la cotización de las acciones de BBVA y Banco Santander en determinadas fechas, no estando asegurada la recuperación del nominal, producto que conforme al informe emitido por la CNMV a instancia del cliente en fecha 11 de mayo de 2012, era de riesgo elevado.

CLIENTE CONSUMIDOR:

CUARTO.- En el presente fundamento derecho, vamos analizar el segundo submotivo del recurso en el que se denuncia que la sentencia realizó una incorrecta apreciación de la condición de consumidor de la actora, al tratarse de una entidad que actúa en el ejercicio de su actividad empresarial al contratar el producto.

La juzgadora de la primera instancia sostiene que la parte actora es una Sociedad Cooperativa que, conforme la definición contenida en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias , sería susceptible de ser considerado como consumidor.

Debo recordar que el art. 2 de la Ley de Condiciones Generales de la Contratación se refiere al adherente como “cualquier persona física o jurídica “, añadiendo que “podrá ser también un profesional”.

Por su parte, el artículo 3 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios , tras su reforma de 2014 incluye como consumidor a las personas jurídicas “cuando actúen sin ánimo de lucro en una ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial” .

Pues bien, coincidimos con la juez a quo en cuanto a que el contrato litigioso se concertó por la cooperativa demandante en un ámbito absolutamente ajeno a su actividad comercial o empresarial, por lo que debe ser consumidor a estos efectos partiendo del concepto legal antes expuesto.

Por otro lado, analizada la cuestión en la demanda en su doble vertiente de defecto de información y vicio del consentimiento, es evidente que siempre quedaría abierta la posibilidad estudio del contrato desde esta última perspectiva también apuntada en la demanda.

Por todo ello, debe desestimarse también este motivo de apelación.

Bono estructurado: producto complejo.

Y es que efectivamente estamos ante un producto catalogado por la CNMV como bono estructurado cuyo rendimiento se referencia a la rentabilidad de una cesta de acciones tanto si el nominal está 100% garantizado como si no lo está, de donde se deduce que el bono objeto del contrato se considera como instrumento complejo.

El carácter indiscutiblemente complejo del producto, especialmente en los casos en que se comercializan a inversores sin conocimientos precisos, supone que la entidad bancaria debe ser extremadamente diligente en la obtención de la información sobre los datos esenciales de los clientes para conocer que el producto financiero puede ser ofrecido y también de que debe facilitarse la información precisa para que el cliente sea plenamente consciente del objeto del contrato y de las consecuencias del mismo.

Información insuficiente sobre el bono estructurado acorde al perfil inversor del actor:

En el caso de autos es la entidad bancaria la que busca al cliente y suyo es deber de informar sobre las características esenciales del producto y sus riesgos, auténtica obligación contractual cuya ausencia resulta determinante de la declaración de nulidad. Y tratándose de un producto de inversión complejo, de conformidad a lo dispuesto en la STS Sala 1ª, de 14 de noviembre de 2005, la diligencia en el asesoramiento no es la genérica de un buen padre de familia, sino la específica del ordenado empresario y representante leal en defensa de los intereses de sus clientes, y, en segundo lugar, es verdad que la carga probatoria acerca de tal extremo debe pesar sobre el profesional financiero, lo cual por otra parte es lógico por cuanto desde la perspectiva de los clientes se trataría de un hecho negativo como es la ausencia de dicha información.

Pues bien, compartimos que en el caso de autos puede concluirse que la entidad bancaria no ha acreditado el cumplimiento de su obligación de informar.

Ese deber de informar no sólo se manifiesta en la información que fluye desde la entidad financiera al cliente sino también a través de la necesidad de que esta recabe información sobre el perfil del cliente para ponerle especialmente de manifiesto la adecuación del producto en relación a sus características personales.

En este sentido es llamativo que la Directora de la sucursal de Caixa Geral en el momento de la contratación afirme que no conoce la formación de los actores.

En el informe emitido por la CNMV acompañado como documento nº 13 de la demanda se indicó que no resultaba acreditado que Caixa Geral informase a los actores con suficiente claridad de los requisitos que debían cumplirse para que llegado el producto hasta su fecha máxima de vencimiento sin cobrarse ningún cupón, el inversor recuperase el 100 % del capital invertido.

Esta misma entidad considera inadecuado el contenido de los extractos periódicos al clasificar el producto como renta fija y especificar una cotización que no se correspondía con el valor de mercado.

Puesta así las cosas es evidente que el test de idoneidad realizado en 2009 arrojaba un perfil de inversor arriesgado que conforme la opinión de la CNMV, no es compatible con las respuestas facilitadas.

La entidad bancaria no realizó desde esta perspectiva una valoración acertada respecto de la adecuación del producto al perfil del cliente al efecto de exponer al mismo una llamada de atención sobre la contratación de un producto cuyo nivel de riesgo era discordante respecto de su formación.

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