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Navarra: anulan unas acciones del Popular por 2.500 euros

La clienta invirtió en el mercado secundario basándose en la información falsa dada por la entidad

Un juzgado de Tudela (Navarra) ha anulado una compra de acciones del Popular por 2.499 euros.

 

La adquisición nula se produjo en noviembre de 2016, en la ampliación de capital.

 

La demandante, representada por Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo, compró las acciones en el mercado secundario. Por ello, el Banco Popular alegó que no tuvo ninguna intervención en el contrato.

 

La clienta ya tenía acciones de Banco Popular pero adquirió más a una empresa

La consumidora, que tenía acciones anteriormente, adquirió estas últimas vía la empresa Renta4. Sin embargo, el juez consideró la legitimación ad causam. Consideró relevante la información que publicó el banco y le remitía a la demandante sobre su situación financiera.

 

La consumidora recibió el folleto de emisión en su casa

La compra de las acciones se realiza basándose en el folleto de venta con motivo de la ampliación de capital. Esta información se le envió directamente a la consumidora.

En él se reconocían algunas dificultades: incremento de morosos, litigios en curso o exposición al mercado inmobiliario. Pese a ello, se seguía presentando como una empresa “solvente” y “sólida”. Esta apariencia es la que lleva a la demandante a adquirir las acciones.

 

La contratación anterior de acciones Banco Popular no es relevante

Señala la sentencia que la contratación previa de acciones en el Banco Popular no resulta relevante. Lo determinante es establecer si en el folleto informativo se omitieron datos. El juez acude al Supremo, cuando señala que los pequeños inversores “carecen de  otros medios de obtener información”.

No se discute que las acciones son de naturaleza no compleja y un producto de riesgo. Hay que concluir si al contratar, la imagen ofrecida por el banco no se correspondía con su efectiva situación financiera. Determinar si existía un riesgo “conocido” de pérdida total del importe invertido.

 

Pruebas documentales, periciales, hechos notorios y jurisprudencia

La sentencia observa las pruebas documentales y periciales, hechos notorios y jurisprudencia de Audiencias de Oviedo, Cáceres, Barcelona o Cantabria.

La información precontractual hacía alusión a los riesgos. Pero la propaganda también hablaba de una normalización de la rentabilidad a partir de 2016. También de generación futura de capital. Señalaba a partir de  2017 un “retorno a una política de dividendos en efectivo” para los accionistas.

 

Las pérdidas de la ampliación de Banco Popular se incrementaron un 9.857%

Subraya la sentencia que si en el primer trimestre de 2016 las ganancias eran de 93 millones a 30 de junio había pérdidas por 35 millones  euros.

 

Un año después, las pérdidas eran de 12.000 millones.

 

Este incremento de las pérdidas no se compadece únicamente con la falta de liquidez.

Es un incremento en las pérdidas de 9.857%. No lo justifica la masiva retirada de fondos de junio de 2017, como indicó la Audiencia Provincial de Valladolid. No había solo un problema de liquidez sino realmente de solvencia. En caso contrario, los organismos europeos habrían aceptado las garantías ofrecidas para obtener la liquidez.

Estas pérdidas supusieron la pérdida total del valor de las acciones y su traspaso al Banco Santander por un euro. Esta entidad tuvo que ampliar el capital en 7.000 millones para afrontar la situación.

 

No se hubiese dado la “debacle bancaria” si las cuentas hubiesen sido reales

Por todo ello, el juez da más valor al informe pericial de la clienta que al del banco. No resulta “lógico” ni “explicable” que se hubiese producido la “debacle bancaria” si las cuentas hubiesen sido reales.

 

La situación del Popular venía de atrás y no fue por circunstancias sobrevenidas

Otro factor añadido es la absorción del Banco Pastor por el Popular años atrás, entidad que arrastraba activos tóxicos inmobiliarios. Un factor más que señala que la situación del Popular “venía orquestándose con bastante antelación”.

 

Sobre el debacle de 2017, no se debió a circunstancias sobrevenidas. Se puede concluir que el Banco Popular no mostró “su verdadera situación financiera”.

Esta situación venía de muchos años antes de la ampliación de capital de 2016.

 

Así lo estima la Audiencia de Cáceres, que relata la trayectoria del Popular en su declive financiero. Recuerda que el Banco Central Europeo comunicó “la inviabilidad de la entidad”.  Esto supuso que fuese la primera entidad bancaria declarada en resolución por las autoridades europeas.

 

Un ex presidente del banco reconoció que no se decía la verdad

Recuerda como uno de los presidentes del Banco en sus últimos pasos dijo que “no se decía la verdad sobre la situación del banco”. Calificó la ampliación de capital de 2016 de “inmoral”. Y ratificó la ocultación de datos en el folleto correspondiente.

 

Alteraban las cuentas con ocultamientos y trampas desde 2012

Un informe señala que “el banco no cumplía con los criterios de contabilidad que exige la normativa española”. Así se alteraban los resultados de la entidad.

La Audiencia considera que el capital era “insuficiente por los ocultamientos y las trampas realizadas” desde 2012.

En cuanto al consentimiento, el Supremo señala que la actitud del banco debe ser leal con los intereses de sus clientes. Para que haya error, debe probarse, debe ser sustancial, esencial y no debe ser por negligencia de quien lo padece.

En cuanto al folleto, su objeto es “informar a los potenciales inversores sobre la conveniencia de suscribir las acciones”. También, señaló el Supremo, informar si la entidad tiene una situación patrimonial “saneada” y expectativa de beneficios.

 

Los pequeños inversores solo cuentan con la información de la propia entidad

Recuerda el Alto Tribunal que los pequeños inversores “únicamente cuentan con la información que suministra la propia entidad”. Y señala que no es relevante si esta información llega de forma directa o indirecta al inversor.

 

No cabe exigir al cliente que contraste la información del folleto

Por ello, el juez recuerda que el folleto debe informar sobre los riesgos de comprar las acciones, una información “imprescindible”. No cabe exigir al inversor que contraste esta información con otros datos para verificarla.

Aplicado al caso, la clienta no tiene acceso a la “abundante y compleja” documentación bancaria. Solo puede informarse por el propio banco y la prensa económica. Y de esta manera acredita que cuando adquirió las acciones, el banco estaba en una situación “insostenible”.

Así lo estimó la Junta de Resolución europea, basándose en la comunicación del Banco Central Europeo. Finalmente, el Banco Santander compró el Popular por un euro.

Esta  operación supuso para la demandante perder todo el valor de los 2.499 euros invertidos en acciones.

 

La falta de información presume el error

La Audiencia de Madrid señala que en servicios de inversión la falta de información presume el error al contratar.

Recuerda que haber adquirido las acciones de una sociedad anónima no excluye la existencia de error en el consentimiento. Y el efecto es la restitución, como indica el Código Civil.

 

Estima la sentencia y ordena al banco devolver 2.508 euros

Por tanto, el juez estiman al demanda y declara nula la suscripción de acciones. En consecuencia, obliga al Banco Santander a devolver 2.508 euros, por la inversión más los intereses legales. Las costas del proceso también recaen sobre la entidad condenada.

 

Los afectados por la ampliación de capital de 2016 pueden presentar demandas

Al igual que esta demandante, las personas que compraron acciones con motivo de la ampliación de capital de 2016 pueden presentar demandas civiles para reclamar su dinero. Esto incluye a aquéllos que lo hicieron antes del 3 de abril de 2017, cuando el Banco Popular admitió que había errores en la información dada sobre su situación financiera. Como es lógico, habrá que estudiar las circunstancias particulares de cada caso.

 

Numerosas sentencias dan la razón a los clientes y les devuelven el dinero

En los últimos meses ya se han dictado numerosas sentencias en primera instancia y en Audiencias Provinciales -en Pamplona, Tudela, Barcelona, Madrid, Vigo, Vitoria…- que están dando la razón a los consumidores. Esto está suponiendo la devolución de toda la inversión realizada, miles de euros, en la compra de acciones, más los intereses correspondientes.

Los jueces están basando sus decisiones en que la información facilitada por la entidad, fundamentalmente en el folleto informativo de la emisión, no era veraz y no reflejaba la situación real del banco. Esto hizo que los consumidores contratasen viciados por error, es decir, contando con unas condiciones de las cuentas bancarias y una solvencia de la entidad que no eran verdaderas. En consecuencia, se están anulando las compras de acciones y devolviendo a los clientes el dinero que invirtieron.

 

Recursos en la Audiencia Nacional y en Europa

Como se ha indicado, la viabilidad de los tribunales se ve despejada, por el momento, para los que compraron acciones o deuda subordinada por la ampliación del año 2016. En el resto de casos, Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo ya adoptó las medidas pertinentes para defender los intereses de los afectados.

En primer lugar, se interpusieron dos recursos administrativos: uno, en España, ante la Audiencia Nacional y frente a la resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y otro, en Europa, ante el Tribunal General de la Unión Europea, frente a la resolución de la Junta Única de Resolución (JUR).

 

A la espera de conocer las resoluciones

Estos recursos se presentaron en agosto del 2017 para cumplir con el plazo que marca la ley para este tipo de acciones. Ahora se está a la espera de que desde Europa se resuelvan los recursos. Se presentaron más de noventa y el Tribunal Europeo ha decidido resolver sobre seis de ellos porque considera que agrupan los argumentos presentados en todos los demás.

En lo que respecta al recurso frente a la resolución del FROB, la Audiencia Nacional ha suspendido su tramitación hasta conocer la decisión del Tribunal General de la Unión Europea.

Tan pronto como se conozcan las resoluciones de estos recursos, desde este despacho se estudiarán las vías posibles para defender los derechos de los clientes afectados que no han podido acogerse a la vía civil.

 

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