AI Act: nuevas prohibiciones y obligaciones para las empresas en diciembre de 2026

El Ómnibus Digital aplazó las obligaciones de alto riesgo y, en la misma norma, creó dos prohibiciones y un plazo de marcado que vencen el 2 de diciembre de 2026.

Si su empresa leyó este verano que «el AI Act se ha retrasado» y archivó el asunto, esta es la pieza que conviene leer.

El Reglamento (UE) 2026/1744, de 8 de julio de 2026 —el llamado Ómnibus Digital—, en vigor desde el 27 de julio, hizo dos cosas a la vez.

Aplazó obligaciones de los sistemas de alto riesgo, al 2 de diciembre de 2027 para los del anexo III y al 2 de agosto de 2028 para los vinculados al anexo I, con sus disposiciones transitorias. Y fijó para el 2 de diciembre de 2026 dos cosas que antes no estaban ahí.

Conviene no confundirlas, porque pertenecen a regímenes distintos y se abordan por separado:

  • Dos prohibiciones nuevas en el artículo 5, sobre generación de imágenes íntimas sin consentimiento y material de abuso sexual infantil. Afectan a quien desarrolla o despliega sistemas capaces de generar o manipular imagen, vídeo o audio.
  • El marcado legible por máquina del artículo 50.2, aplicado a los sistemas de IA generativa que ya estaban en el mercado antes del 2 de agosto de 2026. Es decir, el producto antiguo es precisamente el que vence ahora.

1. Las dos prohibiciones nuevas

El artículo 5.1.ba) prohíbe introducir en el mercado, poner en servicio o utilizar sistemas de IA que generen o manipulen imágenes, vídeo o audio realistas que muestren las partes íntimas de una persona identificable, o a esa persona participando en actividades sexualmente explícitas, sin su consentimiento libre, específico, informado, inequívoco y expreso.

El artículo 5.1.bb) prohíbe los sistemas de IA que produzcan material de abuso sexual infantil en el sentido de la Directiva 2011/93/UE. El considerando 11 de la norma modificadora cita expresamente las aplicaciones de «nudificación» como ejemplo del riesgo que aborda.

Hasta aquí, lo esperable. Lo que merece atención es el apartado siguiente.

2. El riesgo que no se ve: el resultado previsible

El artículo 5.1a) delimita cuándo alcanza al proveedor la prohibición de la letra bb), y contempla dos supuestos, no uno: cuando producir ese material es la finalidad prevista del sistema, o cuando constituye un resultado razonablemente previsible y reproducible del sistema sin salvaguardas técnicas adecuadas.

Ahí está el riesgo real.

Un generador de imágenes de propósito general puede quedar comprendido en una prohibición aunque no se haya diseñado para producir ese contenido, si el resultado es previsible y reproducible y las salvaguardas no eran adecuadas.

No basta con que el proveedor declare que el sistema no está destinado a eso: habrá que examinar su funcionamiento real, las posibilidades de uso indebido y la eficacia de las medidas técnicas adoptadas.

Para el usuario profesional que despliega el sistema, la regla es más estrecha: la prohibición le alcanza cuando lo utiliza con esa finalidad.

Y la consecuencia importa, porque las infracciones de las prohibiciones del artículo 5 se sitúan en el tramo sancionador más elevado del Reglamento, sin perjuicio de las reglas de graduación.

No es un defecto de documentación: es una práctica prohibida.

Si su empresa ofrece generación o edición de imágenes de personas —aunque sea una funcionalidad accesoria dentro de otro producto—, la pregunta que debe poder contestar el 2 de diciembre no es solo si ha prohibido esos usos en sus condiciones generales.

Es qué salvaguardas técnicas tiene, cómo ha comprobado que funcionan y qué riesgos previsibles ha identificado.

3. El marcado del artículo 50.2 y lo que queda fuera

La segunda obligación es de transparencia.

El artículo 50.2 exige a los proveedores de sistemas de IA generativa que los contenidos sintéticos estén marcados en formato legible por máquina y sean detectables como generados o manipulados artificialmente, atendiendo a las características de cada tipo de contenido, a los costes de aplicación y al estado de la técnica generalmente reconocido.

El Ómnibus añadió, en el artículo 111.4, el régimen transitorio: los sistemas introducidos en el mercado antes del 2 de agosto de 2026 tienen de plazo hasta el 2 de diciembre de 2026.

Conviene subrayarlo porque es donde más se confunde: el aplazamiento del alto riesgo no permite posponer las obligaciones de transparencia.

Las Directrices de la Comisión sobre el artículo 50 —adoptadas el 20 de julio de 2026 y publicadas en el Diario Oficial de 12 de noviembre de 2026— delimitan el alcance, y aquí está lo que más trabajo ahorra.

La edición asistida estándar

La exclusión más amplia es la del propio artículo 50.2: la función de asistencia para la edición estándar.

Quedan fuera, entre otros ejemplos, la corrección gramatical y ortográfica, el formato y la conversión de formato, la compresión, la reducción de ruido, los ajustes menores de color y la transcripción de conversaciones.

También quedan fuera las salidas que no alteran sustancialmente los datos de entrada del usuario ni su semántica —valoración caso por caso— y los sistemas autorizados por el Derecho de la Unión o nacional para la detección, prevención, investigación o enjuiciamiento de delitos, con sus salvaguardas.

Los textos muy breves

A ello se añade un límite técnico: el texto muy breve —por debajo de unos 200 tokens— no es marcable con el estado actual de la técnica.

Por ello, el código de buenas prácticas no impone marca de agua en ese caso, aunque el artículo 50.2 no lo excluya expresamente.

El uso entre empresas

Sobre el uso entre empresas, conviene decir lo que las Directrices dicen y no más.

No existe un test de tres condiciones. Lo que hay es un juicio de proporcionalidad.

Los apartados 85 a 87 contemplan que en aplicaciones entre empresas el principio de proporcionalidad y el beneficio marginal limitado pueden excluir la obligación, que los costes pueden resultar desproporcionados frente a la ganancia, y que en supuestos estrechos puede bastar un marcado de metadatos menos robusto.

Por ejemplo, cuando el sistema está integrado en un entorno cerrado y controlado.

Por tanto, que sus clientes sean empresas no justifica por sí solo la excepción: hay que razonar la proporcionalidad en el caso concreto.

Otras precisiones importantes

Dos precisiones más de las Directrices.

La excepción relativa a obras creativas no debe extenderse a materiales informativos o comerciales.

Y no existe obligación de etiquetado retroactivo de las ultrafalsificaciones generadas antes del 2 de agosto de 2026.

Finalmente, hay que distinguir dos planos que suelen mezclarse:

  • La obligación técnica de marcado corresponde al proveedor.
  • Los deberes de divulgación y etiquetado de los apartados 4 y 5 del artículo 50 corresponden al responsable del despliegue.

Están relacionados, pero no son lo mismo.

4. El código de buenas prácticas: qué da y a qué compromete

El código de buenas prácticas sobre marcado y etiquetado de contenido generado por IA se publicó el 10 de junio de 2026 y la Comisión y el Comité de IA lo declararon adecuado los días 8 y 9 de julio de 2026.

Cubre los deberes de marcado y detección del proveedor conforme al artículo 50.2 y los de divulgación del responsable del despliegue conforme a los apartados 4 y 5.

La adhesión no es prueba concluyente de cumplimiento ni impide que las autoridades de vigilancia del mercado investiguen, y tampoco sustituye la comprobación de que las medidas funcionan.

Lo que aporta es previsibilidad regulatoria y relevancia en la valoración de la conducta del operador.

Pero conviene saber a qué compromete, porque el código es voluntario y, una vez firmado, trae su propio calendario.

Su medida 3.4 fija el 2 de febrero de 2027 para implantar una solución de interoperabilidad de los mecanismos de detección, con varias vías admitidas.

Marcar no basta: el marcado tiene que poder detectarse, y hasta que existan normas públicas de la industria las Directrices admiten soluciones propias, de terceros o compartidas, como arreglo limitado en el tiempo.

Quien resuelva lo de diciembre sin tener esa segunda fecha en el plan volverá a trabajar sobre lo mismo dos meses después.

5. Checklist para el 2 de diciembre

¿Genera o edita su producto imágenes, vídeo o audio de personas?

Aunque sea una funcionalidad secundaria, documente qué salvaguardas técnicas tiene, qué usos impiden y cómo ha comprobado su eficacia. La prohibición puede alcanzar al resultado previsible y reproducible, no solo a la finalidad declarada.

¿Tenía un sistema generativo en el mercado antes del 2 de agosto de 2026?

Compruebe si le aplica el régimen transitorio del artículo 111.4 y, por tanto, el marcado desde el 2 de diciembre.

¿Su funcionalidad es edición asistida estándar?

Corrección ortográfica, formato, compresión, transcripción y similares quedan fuera del marcado. Revise si su producto está realmente ahí antes de abrir un proyecto de cumplimiento.

¿Qué sale del sistema y llega a un tercero?

Identifique las salidas sujetas a marcado y examine si alguna exclusión aplica. No dé por supuesto que todo lo interno queda fuera.

¿Está invocando la proporcionalidad en uso entre empresas?

Razone los costes frente al beneficio marginal y las características del entorno. Que el cliente sea empresa no basta.

¿Está invocando la excepción de obras creativas para contenido comercial o informativo?

Revise el fundamento: no se extiende a esos materiales.

¿Se ha adherido al código de buenas prácticas?

No exonera, pero ordena su posición. Y si se adhiere, anote el 2 de febrero de 2027.

Conclusión

El aplazamiento del alto riesgo fue real y da aire a quien tenga sistemas del anexo III o del anexo I. Lo que no se aplazó es esto, y la paradoja es que el mismo reglamento que concedió ese aire creó las obligaciones que vencen antes.

Si su empresa desarrolla o comercializa funcionalidades generativas, la tarea de aquí al 2 de diciembre no es revisar las condiciones de uso. Es poder demostrar qué impiden sus salvaguardas y marcar lo que sale de su sistema, salvo que esté en una de las exclusiones, que son más amplias de lo que suele creerse.

Lo primero pertenece al régimen de prácticas prohibidas; lo segundo, al de transparencia. Son dos problemas distintos y se abordan por separado.


Nota: este artículo tiene carácter informativo general y no constituye asesoramiento jurídico sobre un producto o sistema concreto. La calificación de un sistema de IA y las obligaciones aplicables dependen de su finalidad prevista, de su funcionamiento real y de las circunstancias del caso.

Fuentes

  • Reglamento (UE) 2024/1689 (AI Act), artículos 5, 50 y 111.
  • Reglamento (UE) 2026/1744, de 8 de julio de 2026, en vigor desde el 27 de julio de 2026, que modifica el anterior.
  • Directiva 2011/93/UE.
  • Comunicación de la Comisión, Directrices sobre la aplicación de las obligaciones de transparencia para determinados sistemas de IA en virtud del artículo 50 del Reglamento (UE) 2024/1689, C(2026) 5054 final, de 20 de julio de 2026, publicada en el DOUE núm. 6005, de 12 de noviembre de 2026, páginas 1 a 43, en particular sus apartados 76 y 85 a 87.
  • Código de buenas prácticas sobre marcado y etiquetado de contenido generado por IA, de 10 de junio de 2026, declarado adecuado por la Comisión y el Comité de IA los días 8 y 9 de julio de 2026, en particular su medida 3.4.
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