Sentencia que reconoce la retroactividad total de la cláusula suelo

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Se trata de la reciente Sentencia  de 27 de abril de 2015, Zaragoza.

Los argumentos de la parte demandante son los siguientes:

– La acción de nulidad de la condición general de la contratación incluida en el préstamo con garantía hipotecaria (cláusula suelo), por considerarla abusiva conforme a los artículo 3 y 82 de la Ley General de Consumidores y Usuarios, y a la jurisprudencia que cita, ateniéndose fundamentalmente a la Sentencia del Tribual Supremo de 9 de mayo de 2013 .

– La acción de devolución de las cantidades indebidamente cobradas por la entidad demandada en virtud de la cláusula suelo conforme al artículo 1.303 Código Civil .

La demandada se ha opuesto a la estimación de la demanda tanto en cuanto a la declaración de nulidad de la cláusula como en lo referente a la devolución de las cantidades percibidas.

Fundamentos de la Sentencia:

Sentado lo anterior, para determinar si la cláusula suelo es abusiva debe ser sometida a un doble control:

– El primer control a realizar es el de inclusión, es decir, el control del cumplimiento de los requisitos de incorporación de las condiciones generales al contrato, conforme a los artículos 5 y 7 de la Ley 7/98 (LCGC).

Una de las formas de superar dicho control, según la STS de 9 de mayo (f. 202), es cumplir con lo preceptuado en la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994, ya que garantiza razonablemente la observancia de los requisitos exigido por la LCGC para la incorporación de las cláusulas, de determinación de intereses y sus oscilaciones en función de las variaciones del euríbor; tales requisitos son la puesta a disposición, claridad, comprensibilidad, concreción y sencillez en su redacción.

En este caso la entidad financiera no entregó oferta vinculante o documento asimilado con las condiciones financieras del crédito en los términos exigidos por la Orden Ministerial de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia en los contratos hipotecarios.

– El segundo control es el de transparencia, que conforme a la STS 9 de mayo de 2009 debe valorar que la “(…) información suministrada permita al consumidor percibir que se trata de una cláusula que define el objeto principal del contrato, que incide o puede incidir en el contenidos de su obligación de pago y tener conocimiento real y razonablemente completo de cómo juega o puede jugar en la economía del contrato” (f. 211). Es decir, “Las cláusulas suelos son lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como definitoria del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos” (f. 256), sin que sea preciso que exista equilibrio. Se trata de un “control de comprensibilidad real de su importancia en desarrollo razonable del contrato (f. 215b).

Aprecia la nulidad de la cláusula suelo y respecto de sus consecuencias señala:

La Directiva, que inspira la legislación española sobre la materia (su trasposición a la legislación española tuvo lugar con la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones generales de la Contratación), hace hincapié en la importancia de proteger a los consumidores contra las cláusulas contractuales abusivas, de modo que la protección debe ser proporcionada por las disposiciones legales y reglamentarias armonizadas a nivel comunitario.

El artículo 6 de la Directiva es meridianamente claro al decir, en su número primero, que “Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas”.

Este principio, que se denominó de “no vinculación” a las cláusulas abusivas, ha sido reiterado en varias sentencias del TJUE, así en su Sentencia de 30 de mayo del 2013: ” La Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que el tribunal nacional que haya constatado de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual debe aplicar en cuanto sea posible sus reglas procesales internas de modo que se deduzcan todas las consecuencias que, según el Derecho interno, nacen de la constatación del carácter abusivo de la referida cláusula, para cerciorarse de que el consumidor no queda vinculado por ésta”.

STJUE de 26 de abril del 2012: Los órganos jurisdiccionales nacionales que comprueben el carácter abusivo de una cláusula de las CG están obligados, en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva, a aplicar todas las consecuencias que, según el Derecho nacional, se deriven de ello para que el consumidor no resulte vinculado por dicha cláusula (Sentencia Perenicová y Perenic).

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Vídeo sobre la clausula suelo:

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