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Sentencia que condena a Caja España por vender preferentes a una pyme (Ferrer-Bonsoms, Abogados)

PROCEDIMIENTO QUE CONDENA A CAJA ESPAÑA POR PARTICIPACIONES PREFERENTES. Juzgado de primera instancia n° 5 de pamplona / iruña juicio ordinario 1047/13

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA SENTENCIA QUE CONDENA A CAJA ESPAÑA POR PARTICIPACIONES PREFERENTES

1.- ACTORA QUE SOLICITA LA NULIDAD DE PARTICIPACIONES PREFERENTES:

PTI SL es una sociedad limitada unipersonal, cuyo socio único y administrador es DAE. Constituida en agosto de 1997, tiene por objeto la realización e intermediación en transporte de mercancías.

Su perfil inversor se traduce en la titularidad de depósitos a plazo, de acciones   en   CAIXABANK (cuyo valor en el año 2012 era de 240.000 €) y   de participaciones preferentes en BANKIA (valoradas en 101.970 € en el año 2011 y en 31,480 € en el 2012) y CAJA ESPAÑA (valoradas en 101.197 € en 2011 y en 54.985 en 2012).

Es (o era) cliente de CAJA ESPAÑA desde el año 2002.

2.- VENTA DE PARTICIPACIONES PREFERENTES DE CAJA ESPAÑA

El 11.05.09 S. M. (comercial de Banca Privada de Caja España) envió un mail a DAE haciendo referencia a una conversación telefónica previa e informándole de las características de la siguiente emisión:

EXISTE ERROR POR VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO EN LA SUSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIONES PREFERENTES

Es evidente que en este relato de hechos existen claros y múltiples incumplimientos del deber de información (clara, precisa, transparente, actualizada) que la demanda tenía para con el actor. Lo cual, sin perjuicio de las consecuencias administrativas que tales conductas puedan o no tener, es palmario que incidió en que el actor tuviera, al invertir (y después), un conocimiento equivocado (error), en base al cual prestó su consentimiento.

Ese desconocimiento o defectuoso conocimiento afectaba a elementos esenciales del contrato (el valor del producto, su rentabilidad condicionada). El mismo Se debió a la defectuosa información suministrada por CAJA ESPAÑA, en ningún caso a ningún tipo de negligencia del cliente, siendo por tanto inimputable a éste y excusable.

Y entre el citado error y la inversión existe relación de causa a efecto, debiendo aceptarse sin esfuerzo que el actor no habría invertido de haber conocido el valor real, el riesgo de ¡liquidez, la posibilidad de pérdida de capital y el carácter condicionado de los intereses a devengar por las participaciones adquiridas.

En consecuencia el contrato (la operación de inversión) debe anularse por concurrir vicio de! consentimiento (error) en el actor, imputable a la falta de información o defectuosa información de la demandada. Anulado el contrato por error (1303 cc) la demandada deberá por ley (rogación al margen) restituir a la actora el capital invertido (100.000 €) con más los intereses al tipo legal del dinero desde la fecha de abono del capital (18.05.09) hasta sentencia e incrementado el tipo en dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta el completo pago.

Y la actora deberá restituir a la demandada (subrogándole en su titularidad) las participaciones preferentes (o más exactamente los bonos convertibles por los que han sido obligatoriamente canjeadas) y reintegrarle el importe de los intereses percibidos (28.927,90), con más sus intereses al tipo legal del dinero desde la fecha de abono de cada partida de los mismos hasta sentencia, e incrementado el tipo en dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta e! completo pago. Compensando las cantidades líquidas que por principal una y otra parte se deben recíprocamente (100.000 € debe la demandada a la actora y 28.927’90 € la actora a la demandada).

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