Cláusula suelo Caja Rural de Navarra – Sentencia 47/2017

obligaciones subordinadas Eroski
Una familia de Madragón recupera la inversión que hizo en obligaciones subordinadas Eroski
10 Mayo, 2017
cláusula suelo caja rural
Una condena más por cláusula suelo a Caja Rural de Navarra
12 Mayo, 2017
Show all
Sentencia

SENTENCIA Nº 47/2017

JUEZ QUE LA DICTA: D/Dª AMAIA GANUZA CABALLERO

Lugar: BERGARA (GIPUZKOA)

Fecha: once de abril de dos mil diecisiete

PARTE DEMANDANTE:

Abogado/a: IGNACIO JOSE FERRER-BONSOMS HERNANDEZ

Procurador/a: SUSANA DIEZ ORUS

PARTE  DEMANDADA  CAJA  RURAL  DE  NAVARRA  S.  COOPERATIVA  DE CRÉDITO

Abogado/a: ASIER ENERIZ ARRAIZA

Procurador/a: AITOR NOVAL BARRENA

OBJETO DEL JUICIO: CUMPLIMIENTO

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La Procuradora Dª Susana Diez Orus formuló con fecha 10 de mayo de 2016, en nombre y representación de Dª xxxxxxxxxx, demanda de juicio ordinario contra “Caja Rural de Navarra, Sociedad Cooperativa Limitada de Crédito” sobre acción de nulidad de condiciones generales de la contratación, en la que solicita a este Juzgado que se dicte sentencia estimatoria de la demanda por la que se declare la nulidad de la condición general de la contratación contenida en la cláusula financiera tercera bis, en el apartado rotulado como “Tipo de interés ordinario mínimo”, establecida en la escritura de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 28 de febrero de 2007. Todo ello con la consecuencia de que se condene a la demandada a la devolución de las cantidades cobradas de más, correspondientes a la diferencia entre el tipo de interés resultante en aplicación de la cláusula tercera bis del préstamo hipotecario de 28 de febrero de 2007 (2,75 %) y el tipo de interés variable previsto en la cláusula tercera (euríbor + 0,75) del préstamo, de acuerdo con la fórmula aritmética contenida en la escritura. Asimismo, que se deje sin efecto su aplicación para liquidaciones futuras durante la vigencia del préstamo hipotecario referido. Todo ello con condena en costas a la demandada, más los intereses legales.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada para que en el plazo de veinte días compareciera en autos asistido de abogado y representado por procurador y contestara a la demanda por escrito, lo que verificó en tiempo y forma mediante la presentación de escrito de contestación a la demanda de 14 de julio de 2016, arreglado a las prescripciones legales, suplicando la desestimación de la demanda con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO.- Convocadas las partes a la preceptiva audiencia previa, comparecieron ambas debidamente asistidas y representadas. Fueron exhortadas para que llegaran a un acuerdo, que no se logró. Recibido el pleito a prueba, se propusieron por ambas partes las que estimaron de su interés, admitiéndose y declarándose pertinentes conforme consta en autos. En concreto la parte demandada renunció al interrogatorio de la parte contraria y al del testigo xxxxx. Con fecha 7 de abril de 2017 se celebró la vista y comparecieron las partes debidamente asistidas y representadas. Practicada la prueba admitida y tras los informes de los letrados comparecientes quedaron los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Planteamiento. Se ejercita por la Procuradora Dª Susana Diez Orus, en nombre y representación de Dª xxxxxxxxxxxx, demanda de juicio ordinario contra “Caja Rural de Navarra, Sociedad Cooperativa Limitada de Crédito”, ejercitando acción individual de nulidad de condiciones generales de la contratación, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación, en relación a la denominada “cláusula-suelo”, que en el presente caso se contiene en la Cláusula tercera del contrato de préstamo con garantía hipotecaria celebrado entre las partes y que dispone que:

“Tipo de interés ordinario mínimo:

Pactan las partes expresamente que el tipo de interés ordinario resultante de lo anteriormente pactado no podrá ser nunca inferior a DOS ENTEROS SETENTA Y CINCO CENTÉSIMAS DE OTRO ENTERO (2,75 %) POR CIENTO anual.”

La parte actora interesa la restitución de todas las cantidades que la demandada ha percibido en exceso por aplicación de la cláusula suelo, correspondientes a la diferencia entre el tipo de interés resultante en aplicación de la cláusula tercera bis del préstamo hipotecario de 28 de febrero de 2007 (2,75 %) y el tipo de interés variable previsto en la cláusula tercera (euríbor + 0,75) del préstamo, de acuerdo con la fórmula aritmética contenida en la escritura. Asimismo, que se deje sin efecto su aplicación para liquidaciones futuras durante la vigencia del préstamo hipotecario referido. Todo ello con condena en costas a la demandada, más los intereses legales.

Caja Rural de Navarra contesta a la demanda oponiéndose a ella en su integridad, solicitando la total desestimación. Alega que la cláusula cuya nulidad se pretende fue individualmente negociada con la parte actora y que la parte demandada cumplió con todos sus deberes de información y transparencia.

SEGUNDO.- Aplicación de la normativa de protección a consumidores y

usuarios. De la documentación que obra en autos resulta que estamos ante una operación en la que intervienen consumidores, algo que no ha sido discutido por las partes.

A ello hemos de sumar la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, 9 de mayo de 2013), que considera un hecho notorio que en los servicios bancarios y financieros “tanto la oferta como el precio o contraprestación a satisfacer por ellos están absolutamente predeterminados. Quien pretende obtenerlos, alternativamente, deberá acatar las condiciones impuestas por el oferente o renunciar a contratar”.

Como consecuencia de lo anterior, resulta de aplicación la normativa tutitiva de los consumidores y usuarios, pudiendo valorarse el carácter abusivo de las cláusulas del contrato.

TERCERO.- Nulidad de la “cláusula-suelo”. Con fecha 28 de febrero de 2007 la demandante suscribió un contrato de préstamo hipotecario por importe de 168.000 euros y plazo de 35 años, siendo parte prestamista en el mismo la entidad Caja Rural de Navarra. Entre las cláusulas de dicho contrato se introdujo la conocida como “cláusula suelo”.

En efecto, en la Cláusula tercera del contrato y bajo la rúbrica de “Intereses Ordinarios y revisiones del Tipo de Interés”, se contiene un apartado denominado “Tipo de Interés Ordinario Mínimo”, en el que se establece que: “Pactan las partes expresamente que el tipo de interés ordinario resultante de lo anteriormente pactado no podrá ser nunca inferior al DOS ENTEROS SETENTA Y CINCO CENTÉSIMAS DE OTRO ENTERO (2,75 %) POR CIENTO anual”.

Esta cláusula está sujeta a control de transparencia, tal como ha declarado el Tribunal Supremo. En efecto, “la sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo, con referencia a la anterior sentencia núm. 406/2012, de 18 de junio, consideró que el control de contenido que puede llevarse a cabo en orden al posible carácter abusivo de la cláusula no se extiende al equilibrio de las “contraprestaciones”, que identifica con el objeto principal del contrato, a que se refería la Ley General para la Defensa de los

Consumidores y Usuarios en el artículo 10.1.c en su redacción originaria, de tal forma que no cabe un control del precio. En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, STJUE) de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13, declara, y la de 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13, ratifica que la exclusión del control de las cláusulas contractuales en lo referente a la relación calidad/precio de un bien o un servicio se explica porque no hay ningún baremo o criterio jurídico que pueda delimitar y orientar ese control. Pero, se añadía en la citada sentencia núm. 241/2013, con la misma referencia a la sentencia anterior, que una condición general defina el objeto principal de un contrato y que, como regla, no pueda examinarse la abusividad de su contenido, no supone que el sistema no las someta al doble control de transparencia.” (STS 138/2015).

Ese “doble control de transparencia” es explicado por el Tribunal Supremo en la misma sentencia, en el sentido siguiente: “que las cláusulas en los contratos concertados con consumidores que definen el objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, se redacten de manera clara y comprensible no implica solamente que deban posibilitar el conocimiento real de su contenido mediante la utilización de caracteres tipográficos legibles y una redacción comprensible, objeto del control de inclusión o incorporación (arts. 5.5 y 7.b de la Ley española de Condiciones Generales de la Contratación –en adelante, LCGC). Supone, además, que no pueden utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas en caracteres legibles, impliquen subrepticiamente una alteración del objeto del contrato o del equilibrio económico sobre el precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente medio.” En ese caso, la cláusula puede ser declarada abusiva.

Tanto la STS 241/2013 como la STS 138/2015 llegan a la conclusión de que las cláusulas suelo no superan el doble control de transparencia y que han de ser declaradas abusivas. En concreto, se indica que “la falta de transparencia en el caso de este tipo de condiciones generales provoca un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, objetivamente incompatible con las exigencias de la buena fe, consistente en la imposibilidad de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener el préstamo con “cláusula suelo” en el caso de bajada del índice de referencia, lo que priva al consumidor de la posibilidad de comparar correctamente entre las diferentes ofertas existentes en el mercado. Como decíamos en la sentencia núm. 241/2013, apartado 218, «la oferta como interés variable, no completada con una información adecuada, incluso cuando su ubicación permite percatarse de su importancia, se revela así engañosa y apta para desplazar el foco de atención del consumidor sobre elementos secundarios que dificultan la comparación de ofertas. El diferencial del tipo de referencia, que en la vida real del contrato con cláusula suelo previsiblemente carecerá de transcendencia, es susceptible de influir de forma relevante en el comportamiento económico del consumidor».”

Esta doctrina es aplicable al caso que nos ocupa, dado que nos encontramos ante un supuesto de hecho similar y una cláusula suelo equivalente a la estudiada por el Tribunal Supremo con ocasión de su STS 241/2013.

La parte demandada no ha logrado acreditar que la ahora actora recibiera una información total y adecuada sobre las consecuencias de la aceptación de la “cláusula-suelo”. De la prueba obrante en autos no se desprende que la entidad demandada haya ofrecido una información suficiente y clara al consumidor demandante sobre la forma en que operaba la cláusula suelo que existía en el préstamo hipotecario, lo que podía haber probado en autos mediante la aportación de las simulaciones de distintos escenarios sobre los tipos de interés, información que hubiera proporcionado al adherente los elementos de juicio necesarios para poder tener una idea de si realmente este producto le interesaba o no contratar.

En el acto de la vista la demandada renunció a la práctica de la prueba consistente en el interrogatorio de la demandante y del testigo Iñigo Igartza. A la vista de la única prueba obrante en la causa, la documental, no ha resultado probado que la demandada hubiera facilitado a la demandante la información exigida en estos casos, por lo que procede declarar la nulidad de la cláusula por abusiva.

CUARTO.- Consecuencia de la nulidad de la “cláusula-suelo”.

En atención a lo anteriormente expuesto, procede declarar la nulidad de la cláusula, que de conformidad con lo previsto en el fundamento jurídico decimosexto de la STS 9 de mayo de 2013 producirá como efecto la eliminación de la misma del contenido del contrato, sin que proceda integrar el contrato. En ausencia de dicha cláusula el contrato recobra su esencia como préstamo a interés variable, por lo que la entidad demandada deberá proceder a un nuevo cálculo de los intereses en el desarrollo del contrato, aplicando los que correspondieren en aplicación de los índices de referencia contenidos en el préstamo hipotecario y sin la limitación que suponía la cláusula suelo.

Para el caso de que del nuevo cálculo de los intereses se desprenda que el prestatario hubiere abonado en concepto de intereses una cantidad superior a la que le correspondería una vez eliminada la cláusula suelo, es evidente que surgirá un deber de reintegro de la entidad prestamista que habrá de computarse en los términos establecidos en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, esto es, desde el momento de la celebración del contrato, y cuya liquidación habrá de verificarse en ejecución de sentencia.

Esta cantidad se verá incrementada en el interés legal del dinero desde el momento de su cobro por la parte demandada, en virtud del artículo 1.303 del Código Civil.

QUINTO.- Costas. Habiéndose producido una íntegra estimación de la pretensión ejercitada en la demanda y no existiendo dudas de hecho ni de derecho, procede conforme al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la condena en costas de la parte demandada.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso,

FALLO

Estimo íntegramente la demanda formulada por la Procuradora Dª Susana Diez Orus en nombre y representación de Dª xxxxxxxx, contra “Caja Rural de Navarra, Sociedad Cooperativa Limitada de Crédito”:

  • declaro la nulidad de la denominada “cláusula-suelo”, contenida en la Cláusula Tercera, que establece en todo caso el límite a las revisiones del tipo de interés en un mínimo aplicable de un 2,75 %.
  • y condeno a la parte demandada a que abone a la actora la cantidad que haya percibido como intereses en aplicación de la “cláusula-suelo”, correspondiente a la diferencia entre el tipo de interés resultante en la mencionada cláusula (2,75 %) y el tipo de interés variable previsto en la cláusula tercera (euríbor + 0,75) del préstamo hipotecario de fecha 28 de febrero de 2007, de acuerdo con la fórmula aritmética contenida en la escritura. Dichas cantidades cobradas de más deberán devolverse a partir del momento de la celebración del contrato, cantidad que habrá de ser incrementada en el interés legal desde su cobro.

Con imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe formular recurso de apelación ante este Juzgado, en el plazo de veinte días desde el siguiente a la notificación, de conformidad con los artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr/a. JUEZ que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, en BERGARA (GIPUZKOA), a once de abril de dos mil diecisiete.

FB
FB

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *