Banco Sabadell debe indemnizar por promoción fallida

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Se trata de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 21 de diciembre de 2015.

Una Ley de 1968 obligaba a los bancos a tener una cantidad avalada relativa a la cantidad entregada por el comprador a cuenta de la vivienda. Esta Ley ha estado vigente hasta el pasado 1 de enero, por una reforma del Gobierno.

Sabadell debe indemnizar por promoción fallidaBanco Sabadell (entonces CAM) deberá indemnizar a una compradora la cantidad de 38.400,55 € más el interés legal del dinero desde la fecha del ingreso. Esa cantidad se abonó a cuenta de la vivienda, al inicio de las supuestas obras.

En junio de 2004, la compradora, suscribió con la promotora un contrato con opción de compra respecto de una vivienda, con garaje. En noviembre de 2014 se suscribió el contrato de compraventa. El vendedor debía entregar la vivienda transcurridos 24 meses de la compra.

El Juzgado de Primera Instancia de Dénia estimó parcialmente la demanda, condenando a los codemandados de forma solidaria al abono de la cantidad reclamada, más el interés legal.

La Audiencia Provincial revocó dicha sentencia, desestimando la petición, en fecha 4 de julio de 2012.

El Tribunal supremo ha estimado la petición de la compradora.

Argumenta que el artículo 1 de la Ley 57/1968 distingue los efectos de la responsabilidad. En concreto refiere:

Pues bien, la aplicación de la línea inspiradora de esta doctrina jurisprudencial al presente  recurso determina que proceda su estimación, porque la «responsabilidad» que el art. 1-2ª de la Ley 57/1968 impone a las entidades de crédito desmiente su carácter de terceros ajenos a la relación entre comprador y vendedor. Antes bien, supone la imposición legal de un especial deber de vigilancia sobre el promotor al que concede el préstamo a la construcción para que los ingresos en la única cuenta que tenga con la entidad, especialmente si provienen de particulares como en este caso, sean derivados a la cuenta especial que el promotor deberá abrir en esa misma o en otra entidad pero, en cualquier caso, constituyendo la garantía que la entidad correspondiente habrá de «exigir».

En suma, se trata de una colaboración activa de las entidades de crédito porque de otra forma, como razonan las sentencias de Audiencias Provinciales citadas en el motivo, bastaría con recibir los ingresos de los compradores en una sola cuenta del promotor, destinada a múltiples atenciones, para que el enérgico e imperativo sistema protector de los compradores de la Ley 57/1968 perdiera toda su eficacia. Por esta razón, aunque sea cierto, como considera la sentencia impugnada, que la promotora podía haber concertado seguro o aval con otra entidad, en cambio no es acertado entender que, constando incluso en el propio documento de ingreso el destino o razón de las cantidades anticipadas («reserva de vivienda y 20 % vivienda»), de esto no se derivara «obligación legal alguna» para la entidad de crédito codemandada. Muy al contrario, precisamente porque esta supo o tuvo que saber que los compradores estaban ingresando cantidades a cuenta del precio de las viviendas de la promoción, tenía la obligación legal de abrir una cuenta especial y separada, debidamente garantizada, y por no haberlo hecho incurrió en la responsabilidad específica que establece el art. 1-2ª de la Ley 57/1968.

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