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La Audiencia de Valencia reconoce el derecho de un accionista a demandar a Bankia por engaño.

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Valencia ha estimado por primera vez el derecho de un demandante a reclamar a Bankia por “supuesto engaño en la información facilitada” cuando la entidad salió a Bolsa antes de que se resuelva el procedimiento que se investiga en un juzgado central de la Audiencia Nacional.

Bankia había solicitado la paralización de estas demandas, miles en toda España, hasta que se resuelva por sentencia firme el procedimiento que ahora investiga la Audiencia Nacional, la supuesta falsedad de los documentos facilitados a los accionistas ante la salida a Bolsa.

La Audiencia Provincial de Valencia, entiende que no es necesario ese pronunciamiento para estimar engaño y que no se puede demorar la respuesta hasta la existencia de una sentencia firme. Por tanto, abre la vía a que los accionistas reclamen por vía civil la devolución de sus aportaciones.

La resolución recoge: “En el supuesto que nos ocupa, Bankia ubica la prejudicialidad en la eventual falsedad de los estados e información contable utilizados para la salida a Bolsa de Bankia que se está investigando en la jurisdicción penal, lo que a su parecer es presupuesto esencial e ineludible para poder determinar la nulidad de la suscripción de acciones que efectuó el demandante. Vemos que efectivamente se denunció y se investiga penalmente si los consejeros de BANKIA y BFA distorsionaron las cuentas de ambas entidades, a fin de dar la impresión o crear la ficción de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente, lo cual les permitió mejorar los distintos ratios de solvencia y ganarse la confianza de los inversores en la salida a bolsa y en la subsiguiente cotización”.

Y añade: “Es posible que se haya cometido un delito de falsedad en los términos del Art. 290 del CP, por el que se sigue la referida causa penal. Esta posible falsedad, por lo que nos interesa en relación a los documentos efectivamente aportados por el demandante, vendría referida a los resultados económicos del primer semestre de 2011 que se plasman en el documento nº 5 de la demanda, y en el propio folleto informativo de la suscripción que se presenta a la CNMV que es el documento nº 3.2”.

El fallo indica a continuación: “Sin embargo dichos documentos, y su posible falsedad, aportados por copia, no se consideran decisivos para resolver sobre el fondo del asunto, pues a la vista del relato de hechos antes confeccionado resulta notorio que sin necesidad de ellos se puede tener por acreditada que la imagen de solvencia que Bankia proyectó cuando efectúo su oferta de suscripción de acciones y su salida a bolsa en fecha 20-7-2011 no era correcta y no reflejaba su verdadera situación económica. Es decir aunque estos documentos (o incluso el resto de los aportados) no se hubiesen incorporado a la causa, la apariencia de errónea solvencia alegada por el demandante hubiese podido acreditarse por el hecho notorio referido a las diferentes actuaciones no solo de la propia Bankia y el BFA, sino también de las entidades públicas de control y regulación del mercado. Igualmente se hubiese desprendido por la divergencia entre la inicial publicidad del tríptico y el discurso de su presidente, Sr. Rato, el día de la salida a bolsa en relación a las nuevas cuentas reformuladas por el nuevo consejo de administración tras el cese del anterior. Lo mismo cabe decir de la acreditada y notoria situación de rescate financiero del día 25-5-2012″.

Y prosigue: “Y siendo esta apariencia de solvencia y fiabilidad de la suscripción de acciones lo que según el demandante le indujo a comprar acciones a un determinado precio el día 19-7-2011 consideramos que para resolver sobre la pretensión deducida no se precisa que recaiga sentencia en el orden penal que declare que las cuentas presentadas eran falsas, quienes sean sus autores y cuales sus responsabilidades penales o civiles. Es decir, si la imagen de solvencia que se ofreció por Bankia en junio de 2011, no se correspondía a la realidad, no es preciso que exista un previo pronunciamiento penal que determine que ello fue constitutivo de delito y que ello se debió única y exclusivamente por la falsedad de las cuentas del primer semestre de 2011″.

El tribunal contempla que “No puede desconocerse que el demandante está instando la nulidad de un contrato por dolo o por error en el consentimiento, o por incumplimiento radical de normas imperativas (folio 12 de la demanda), es decir está aludiendo a alguna de las posibilidades del art. 1265 del CC (Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo), y aunque el dolo, como vicio de la voluntad negocial, pueda venir determinado por una conducta insidiosa o maquinación maliciosa de tal entidad que pueda subsumirse en el art. 1270 del CC, el dolo civil no exige que la conducta sea constitutiva de infracción penal”.

Los magistrados afirman: “Añadir que aceptar la suspensión que pretende Bankia equivaldría a dictar una resolución desconectada de la realidad social que también se debe tener en cuenta como criterio de interpretación previsto en el Art. 3 del CC. La suspensión provocaría y haría dificultosa la pronta resolución, no solo de este caso sino del de otros muchos, en que por diferentes accionistas se compraron acciones de Bankia, máxime la fundada posibilidad de la larga y compleja tramitación de la causa penal, en contra de la claridad y perfecta delimitación del objeto de la pretensión deducida por el demandante en su contenido y efectos”.

Todo ello, precisa, “sin prejuzgar cual sea la decisión final del pleito”.

elmundo.es

Un juez de Ávila afirma que «nadie en su sano juicio habría adquirido acciones de Bankia»

«Información relevante contenida en el documento principal dirigido al posible adquirente de acciones de Bankia contenía unos datos (…) que no se ajustaban a la verdadera situación económica de la entidad en aquel tiempo, y que de haber conocido la demandante (…), dada la difícil situación económica real en que se encontraba la entidad, es evidente y así cabe presumirlo que como se dice en la demanda nadie en su sano juicio (…) habría adquirido tales acciones».

Con este argumento, el juez de Primera Instancia nº 2 de Ávila declara la nulidad del consentimiento prestado «por error», anula un contrato de compra de acciones de Bankia del 19 de julio de 2011 –en la salida a Bolsa de la entidad que por entonces presidía Rodrigo Rato– y ordena restituir a la demandante los 5.000 euros invertidos, más las comisiones cobradas y los intereses legales desde la fecha de suscripción.

Bankia, que salió a Bolsa a un precio de 3,75 euros por acción, cotizaba esta semana a 1,30 euros. Cerca de 350.000 inversores acudieron a la OPV, muchos de ellos captados entre la clientela de las oficinas de las cajas que formaron el grupo bancario, entre las que se encontraban, además de Caja Madrid, Caja de Ávila y Caja Segovia. Muchos de estos accionistas ya han vendido sus acciones asumiendo elevadas minusvalías.

En su sentencia, del 11 de noviembre, el magistrado juez Miguel Ángel Pérez Moreno señala que «contrastando el contenido de las cuentas anuales de Bankia a 31 de diciembre de 2011 sin auditar presentadas en la CNMV el 4 de mayo de 2012, con las auditadas del 25 de mayo de 2012 se aprecia sin necesidad de unos conocimientos económico-contables especiales la existencia en términos cuantitativos y cualitativos de una gran diferencia sustancial».

Los empleados no informaron

En efecto, mientras en las primeras se expresaba que «el beneficio (después de impuestos) atribuido al Grupo Bankia totalizó 309 millones de euros al finalizar diciembre de 2011», en las segundas se recoge que «el resultado negativo del (mismo) ejercicio totalizó 3.031 millones».

El folleto informativo de la oferta pública de venta (OPV) de acciones, que debía describir las principales características y los riesgos esenciales, presentaba a Bankia como «la primera entidad financiera en activos totales en España», con una «cuenta de resultados con beneficios millonarios». Sin embargo, señala el juez, «cabe considerar que los datos no reflejaban ni siquiera de lejos la imagen económica real de la entidad al tiempo de la contratación».

Además, tampoco está acreditado «que por parte de Bankia a través de alguno de sus empleados se hubiera advertido a la demandante de que la situación económica real de Bankia era más próxima a la que reflejan las cuentas auditadas y el informe del Banco de España, que la imagen económica tan boyante y atractiva para posibles interesados en adquirir sus acciones con que se presentaba en el folleto informativo».

La octava de España

En mayo de 2012, el Gobierno hubo de rescatar Bankia, en cuya presidencia colocó a José Ignacio Goirigolzarri, mediante una inyección pública de 22.000 millones de euros. Desde entonces, el banco y 33 de sus exconsejeros han sido llevados ante la Audiencia Nacional como presuntos autores de delitos societarios.

Según informa la Asociación de Perjudicados de Entidades Financieras, esta es la primera sentencia de la provincia abulense, la segunda de Castilla y León y la octava de España en la que se acuerda la nulidad del contrato de compraventa de acciones de Bankia. Legido Abogados, que representa a esta Asociación en Ávila, y el despacho Vidau, destacan que dicha sentencia, contra la que aún cabe recurso de apelación, «es un gran paso para que más de los 300.000 accionistas que invirtieron más de 3.000 millones en acciones de Bankia puedan recuperar su dinero», según señaló el letrado Carlos Martín Soria.

El mes pasado, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, dependiente del Ministerio de Economía, multó con 12 millones de euros a Deloitte por infringir de forma «muy grave» la ley al no actuar con la debida independencia en la salida a Bolsa de Bankia, en julio de 2011. Posteriormente, en mayo de 2012, Deloitte advirtió del agujero de la entidad y se negó a firmar la auditoría de sus cuentas.

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