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Se trata de la Sentencia de Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, de 16 de junio de 2.015, que condena a Caixabank a devolver un total de 85.085,96 euros tras confirmar la Sentencia de Primera Instancia que declaró la nulidad de los contratos de swap de 9 consumidores.

“(…) debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación, formulado por la Procuradora Sra. Igea Larráyoz, en nombre y representación de CAIXABANK, S.A., dirigida por el Letrado Sr. Díaz Morlan, frente a la sentencia dictada por Ilma.Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Pamplona/Iruña, el día 30 de mayo de 2013, en Procedimiento Ordinario nº 712/2011, que debemos confirmar y confirmamos, con imposición de las costas de la alzada a la parte recurrente.”

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Establece la sentencia:

Pero las “obligaciones de transparencia y protección del cliente, en suma, las obligaciones que derivan del deber de buena fe, exigen informar al mismo no sólo de que el vencimiento anticipado del swap puede tener un coste y que el mismo se calculará a precio de mercado, sino también de los parámetros que se emplean para su cálculo, explicando que su importe está en función de la evolución del tipo de referencia, del momento en que se produzca tal vencimiento anticipado y del tiempo que quede de vigencia al contrato, puesto que, de ordinario, el coste de cancelación se calcula hasta la extinción del mismo, lo que suele comportar la percepción de las utilidades del contrato, si bien anticipadas y calculadas al momento en que la cancelación anticipada se produce”.

Por ello, cuando no se informa cumplidamente al cliente de los extremos mencionados, se produce un déficit de información en torno al funcionamiento y coste real del vencimiento anticipado que incide sobre su comprensión, en cuanto que su tenor no permite descubrir cuál fue el método pactado por las partes para liquidar el contrato. Pero es que además las cláusulas oscuras o contradictorias de un contrato de adhesión no pueden favorecer a la parte que lo redactó, sino que deben interpretarse a favor de la parte “débil“, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial SSTS 12 mayo 1983 (RJ 1983, 2685), 12 diciembre 1988 (RJ 1988. 9429), 15 noviembre 1989 (RJ 1090, 7881), 20 marzo (RJ 1991, 2267) y 5 septiembre 1991 (RJ 1991, 6043), 22 julio 1992 (RJ 1992, 6448), 8 noviembre 2001 (RJ 2001, 9290).

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