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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N°3 DE ALCALÁ DE HENARES

JUICIO ORDINARIO 247/14

El Ilmo. Sr. D. JOSÉ ENRIQUE SÁNCHEZ-PAULETE HERNÁNDEZ, Magistrado-Juez en sustitución en el Juzgado de Primera instancia n° 3 de Alcalá de Henares, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY la siguiente

SENTENCIA

En Alcalá de Henares a 17 de octubre de 2014.

Vistos y examinados por Don José Enrique Sánchez-Paulete Hernández. Magistrado-Juez en sustitución en el Juzgado N° 3 de Alcalá de Henares y su Partido, los presentes autos seguidos en este Juzgado con el número 247/14, incoados por demanda de juicio ordinario de nulidad contractual y resolución por incumplimiento, promovido por el Procurador de los Tribunales D. Julio Cabeilos Albertos, en nombre y representación de D. Juan y D.ª Francisca , con la dirección letrada de Ignacio Ferrer-Bonsoms frente a Banco Ceiss SAU (antes Caja Duero), representado por el Procurador de los Tribunales D. Francisco José Abajo Abril.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La demanda originaria de las presentes actuaciones fue promovida por los demandantes a través de su representación, y por reparto correspondió a este Juzgado, en base a los siguientes hechos: la adquisición por D. Juan y por D.a Francisca de 18 obligaciones subordinadas emitidas por Caja Duero el 22-7-09, por Importe de 18.000 €; que dicha suscripción se realizó siguiendo el asesoramiento de fa directora y subdirector de la sucursal bancaria, en la creencia de que se contrataba un depósito a diez años; que se han incumplido normas imperativas relativas a la información contractual siendo por tanto nulo el contrato; subsidiariamente que el contrato es anulable al haber actuado los actores viciados por error al haber incumplido la demandada el deber de información; que durante la vida del contrato tampoco se facilitó información del producto adquirido; que con fecha 23-5-13 se produjo el canje obligatorio de dichas obligaciones subordinadas por bonos convertibles en acciones con una quita del 10%, percibiendo D. Juan y D.ª Francisca bonos por valor de 16.200 €; solicitando se declare nula la orden de compra de dichos títulos por incumplimiento de normas imperativas, subsidiariamente por vicios del consentimiento, condenando a la demandada a la restitución del capital invertido más intereses legales, quedando obligados los actores a restituir lo percibido por intereses; y subsidiariamente se declare resuelto dicho contrato de orden de compra por incumplimiento grave esencia y reiterado de los deberes de información, condenando a la demandada a la restitución de la diferencia entre los 18.000 € y el valor de su inversión al tiempo de proceder al pago; todo ello con imposición de costas a la demandada.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a Banco Ceiss SAU, que se opuso a la misma manifestando que: la acción ejercitada estaría caducada; que la información dada fue correcta no estando viciado el consentimiento; que no se han incumplido normas imperativas; que se desarrollaba una mera labor de intermediación; que tampoco existe incumplimiento del contrato por ser la información facilitada suficiente; solicitando la desestimación de la demanda, con imposición de costas a la parte actora.

TERCERO.- Admitida la contestación se citó a las partes a la audiencia previa, que se celebró el día 15-7-14 con asistencia de ambas. Por la actora se contestó la excepción de caducidad, acordándose su resolución en sentencia. Recibido el pleito a prueba solicitaron y se admitió interrogatorio de los actores, documental y testifical; citándose a las partes para la celebración del acto del juicio.

CUARTO.- En dicho juicio, celebrado el día 13 del presente mes, se practicaron las pruebas que habían sido admitidas, siendo con posterioridad valoradas por las partes, que se mantuvieron en sus pretensiones, lodo ello según consta en la grabación correspondiente efectuada bajo la fe de la Sra. Secretaria Judicial, quedando los autos conclusos para sentencia.

QUINTO.- En la tramitación de este juicio se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO,- Son hechos constatados y admitidos por las partes la suscripción de las obligaciones subordinadas en el número, clase, por valor, y en la fecha indicada en el antecedente de hecho primero de la presente resolución; así como el canje obligatorio de las mismas por bonos convertibles en acciones por el importe que igualmente se recoge, con una quita del diez por ciento. E igualmente la percepción de intereses por los actores, devengados trimestralmente, siendo el último abono en diciembre de 2012, por importe total de 3.230 €.

En toda la demanda late una idea fundamental y es el incumplimiento por La demandada del deber de información previa y posterior a (a suscripción de Las obligaciones subordinadas por los hoy actores. Tal hecho funda tanto la acción de nulidad por incumplimiento de normas imperativas, como la de anulabilidad por vicio del consentimiento, error, así como la de responsabilidad contractual.

Por la demandada se manifiesta que no se incumplió dicho deber de información, por lo que no se incumplió norma imperativa alguna, ni el consentimiento prestado estaba viciado, encontrándose además caducada la acción de anulabilidad, y que tampoco existe incumplimiento contractual.

SEGUNDO.- Resumidas las pretensiones de las partes, merece la pena efectuar una serie de consideraciones sobre el producto adquirido, denominado obligaciones subordinadas.

Los bonos y obligaciones son títulos que representan una parte de una deuda a favor de su tenedor, y son emitidas por una entidad para la financiación de un proyecto. Cuando dichos títulos son emitidos por empresas privadas se denominan “renta fija privada”. Su rentabilidad y riesgo previstos tienen que ver con la calificación crediticia del emisor, así como con el plazo de reembolso y los tipos de interés.

En España, cuando estos títulos se emiten a menos de cinco años se denominan bonos y cuando se emiten a plazo superior se denominan obligaciones. El plazo de reembolso es ia única diferencia entre un bono y una obligación.

La emisión litigiosa se adecúa a la Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros, en la redacción dada a la misma por la Ley 13/1992 de 1 de junio de Recursos Propios y Supervisión en Bases Consolidadas de las entidades financieras que contempla en su art. 7 que “los recursos propios de las entidades de crédito y de los grupos consolidables de entidades de crédito comprenden (,..) las financiaciones subordinadas.”

Las obligaciones subordinadas son productos de renta fija a largo plazo, que pueden clasificarse como un instrumento financiero complejo de riesgo alto. Es un producto híbrido entre la deuda y las acciones.

La deuda subordinada es pasivo para el banco y su denominación apela a su carácter subordinado en el orden de cobro en caso de una hipotética quiebra y, aunque tiene un vencimiento determinado, esto es, posee una fecha de emisión y de cierre determinada, si se quiere amortizarlas antes de vencimiento habrá que ponerlas a la venía como si de una acción se tratara, en este caso en un mercado secundario, por lo que existe la posibilidad de perder parte o la totalidad del capital. No obstante, el principal problema radica en que, a diferencia de otros productos bancarios, existe un riesgo vinculado directamente a la solvencia de la entidad emisora, pudiendo perder no solo los intereses pactados sino también el capital invertido.

Las Obligaciones Subordinadas son un producto complejo con riesgos superiores a los de una cuenta o depósito tradicional, por lo que el perfil del inversor de este tipo de productos debería ser un inversor especializado, y con conocimientos financieros, e invertir siempre cantidades ahorradas que el cliente se pueda permitir perder.

En el caso que nos ocupa estamos ante obligaciones subordinadas, que tienen características específicas, tal y como se puede verificar en la Guía de la CNMV sobre productos de renta fija que se puede obtener en la página web http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/guia_rentafija.pdf:

1).- pueden no tener un plazo de vencimiento, es decir, pueden llegar a ser perpetuas. En el caso que nos ocupa el vencimiento es a 10 años,

2).- el inversor podría llegar a perder hasta el 100% del importe invertido, así como los intereses devengados y no pagados, si la entidad necesitara absorber pérdidas, una vez agotadas las reservas y los recursos asimilables al capital.

3).- en cuanto a la aplicación de las reglas de prelación de créditos, bajo un supuesto de procedimiento concursal o quiebra, las obligaciones subordinadas se situarán detrás de los acreedores comunes.

El carácter complejo de las obligaciones subordinadas se evidencia de lo dispuesto en el art 79 bis 8.a) Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores que considera valores no complejos los desprovistos de riesgo y a las acciones cotizadas como valores ordinarios cuyo riesgo es de «general conocimiento», y en los que existan posibilidades frecuentes de venta, reembolso u otro tipo de liquidación de dicho instrumento financiero a precios públicamente disponibles para los miembros en el mercado y que sean precios de mercado o precios ofrecidos, o validados, por sistemas de evaluación independientes del emisor, los que no impliquen pérdidas reales o potenciales para el cliente que excedan del coste de adquisición del instrumento, y los que exista a disposición del público información suficiente sobre sus características. Las obligaciones subordinadas serían un producto complejo porque la ley no lo expresa como “no complejo” y porque tampoco cumple los tres requisitos mencionados.

Se trata de productos complejos cuya comprensión requiere de conocimientos técnicos.

TERCERO.- Debe analizarse seguidamente el tipo de relación jurídica existente entre las partes. Los actores D. Juan y D.ª Francisca, en sus interrogatorios a instancias de !a demandada, manifiestan que D, Juan acudió a la sucursal, solicitando información sobre un depósito a plazo fijo, siendo atendido por D. Rafael Encabo, subdirector de la sucursal, que se la facilitó, marchándose el cliente a su domicilio. Al día siguiente D. Juan y su mujer D.ª Francisca, se presentaron en la sucursal para contratar dicho depósito, indicándoles D. Rafael que el producto por el que se habían interesado se había agotado, pero que tenían otro que pudiera interesarles, y que pasaran al despacho de la directora de la sucursal. Asesorados por ella contrataron dicho producto, que resultó ser las obligaciones subordinadas, habiendo sido informados de que era como un plazo fijo a diez años que acababa en el 2019, firmando la documentación donde la directora les decía. D.ª Francisca no recuerda que les hiciera ningún test, y D. Juan indica que los papeles que les dieron era imposible entenderlos, y que no recuerda que les hablaran de un mercado secundario. Por su parte D. Rafael Encabo ha manifestado que no se informaba a los clientes de los riesgos del producto. Resulta así acreditado, que el producto les fue ofrecido por la demandada, a través de la directora de la sucursal, cuando habían ido a contratar otro, actuación incardinable en el contenido propio de un contrato de gestión de cartera de inversión en el que la gestora propone al cliente realizar determinadas operaciones.

Debe destacarse que la contratación fue efectuada el mismo día, siendo emitida la orden de compra a las 8,46 de la mañana. Valorando la hora de apertura de las sucursales bancarias, 8,15 u 8,30 de la mañana, cabe concluir que la Información facilitada a los actores no pasó de someras explicaciones verbales que no se extendieron más allá de media hora. Cierto es que se les entregó la orden de suscripción; que se realizó un test de conveniencia a D. Juan, siendo el resultado del test que el producto no era conveniente, por lo que firmó un documento adicional, manifestando haber sido advertido de dicha circunstancia y que pese a ello, bajo su responsabilidad efectuaba la contratación, y consta igualmente la entrega de un folleto informativo, en el que se relatan los riesgos del producto, así como balances se situación y cuentas de pérdidas y ganancias de la entidad, figurando la firma de los actores al final del folleto, Consta igualmente entregada, en la información que se facilitaba para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el producto y su valor de mercado, que durante los años 2010 y 2011 se mantuvo entre el 99 y el 101 % de su valor nominal, y tan solo en el año 2012 se hizo constar que había descendido al 68 %.

Los actores contaban ya con una cuenta de administración de valores, abierta el 27-11-08. Ahora bien el hecho de que se hubiera formalizado un contrato tipo de depósito y administración de valores no excluye necesariamente la prestación de un servicio de asesora miento, máxime teniendo en cuenta que es el banco el que determina la forma de documentar los acuerdos. A los efectos de la normativa MIFID, la diferencia entre comercialización y asesoramiento está explicada en la STJUE de 30 de mayo de 2013 en el sentido de que una recomendación es personalizada si se dirige a una persona en su calidad de inversor o posible inversor y si se presenta como conveniente para ese persona o se basa en una consideración de sus circunstancias personales. No forman parte de este concepto las recomendaciones divulgadas exclusivamente a través de canales de distribución o destinados al público. Por lo tanto, la cuestión de sí un servicio de inversión es o no asesoramiento en materia de inversión depende de la forma en que el producto es ofrecido al cliente, máxime cuando se trata de productos complejos.

El artículo 63.1.g) de la Ley de Mercado de Valores determina que por asesoramiento en materia de inversión se entiende “la prestación de recomendaciones personalizadas a un cuente, sea a petición de éste o par iniciativa de la empresa de servicios de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros”, sin que se considere como tal “las recomendaciones de carácter genérico y no personalizadas que se puedan realizar en el ámbito de la comercialización de valores e instrumentos financieros, que tendrán el valor de comunicaciones de carácter comercial”.

De lo actuado puede considerare probado que fue la demandada la que ofreció el producto a los actores, a través de la directora de la sucursal, habiendo estos acudido a la oficina para contratar otro distinto. Dados los perfiles ahorradores de los actores, su edad, estando ya jubilados, sin contratación previa de productos de riesgo, resulta que no nos encontramos ante una mera labor comercializadora por parte de la demandada sino ante una auténtica actuación de recomendación o de asesoramiento, sin el cual el producto no se hubiera contratado. Asesoramiento llevado a cabo además por la directora de la sucursal, tras ser introducido por el subdirector, al que conocían.

Por lo expuesto, se considera que la suscripción de las obligaciones subordinadas estuvo precedida de una labor de previo asesoramiento que determina la aplicación del artículo 79 bis, apartado 6, de la LMV y normativa de desarrollo del mismo, a los que luego me referiré, y por ello, la entidad viene obligada a obtener información necesaria sobre los conocimientos y experiencia del cliente, en el ámbito de inversión correspondiente al tipo de producto o de servicio concreto de que se trate; y sobre la situación financiera y los objetivos de inversión de aquel, con la finalidad de que la entidad pueda recomendarle los servicios de inversión e instrumentos financieros que más le convengan.

En el presente caso es obvio que no se tuvo en cuenta las circunstancias de los actores a fin de evaluar si el producto era o no adecuado para los mismos. Así no se realiza test de idoneidad, cuando era preceptivo dadas las labores de asesoramiento, ni test de conveniencia a D.ª Francisca, ni consta que se efectuara realmente a D, Juan, pues no recuerda que se les formularan preguntas, indicando que se limitaron a firmar donde la directora de la sucursal les dijo. Resulta significativo que el test de conveniencia arroje como resultado que el producto no es conveniente, pese a lo cual se contrata, sin que D. Juan recuerde que fuera advertido de dicha circunstancia. Era pues plena la confianza de los actores en la directora de la sucursal y guiados por ella se limitan a firmar donde se les indica, sin que se tuvieran en cuenta las particulares circunstancias de los actores ni sus intereses, seguramente por no contar tampoco con información suficiente sobre las características del producto o sobre la entidad de los riesgos que presentaban. Al respecto debe indicarse que en el año 2009 la situación económica ya había empezado a cambiar, corno consecuencia de la quiebra de Lehman Brothers, con incidencia en el valor de esta clase de productos.

CUARTO.- La información que la entidad bancaria debe facilitar en este tipo de contratos está sometida a una regulación exhaustiva que establece las pautas del deber de información. Como ha señalado reiteradamente la jurisprudencia, corresponde a la demandada la carga de probar que la información facilitada fue la exigible según las normas aplicables y las características de! caso concreto y ello por aplicación de los principios de disponibilidad y facilidad de la prueba y por la dificultad que tendría para la parte demandante fa prueba de un hecho negativo. A mayor abundamiento, el carácter sinalagmático del contrato no impide, como ha destacado también la jurisprudencia, que deba exigirse a la entidad bancada un deber de lealtad hacia su cliente conforme a la buena fe contractual, de acuerdo con la norma general del artículo 7 del Código Civil.

El artículo 48.2 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, regulaba la información mínima que las entidades de crédito deberán facilitar a sus clientes con antelación razonable a que éstos asuman cualquier obligación contractual con la entidad o acepten cualquier contrato u oferta de contrato, así como las operaciones o contratos bancarios en que tal información pre-contractual será exigible. Dicha información tendrá por objeto permitir al cliente conocer las características esenciales de los productos propuestos y evaluar si éstos se ajustan a sus necesidades y, cuando pueda verse afectada, a su situación financiera.

La Ley del Mercado de Valores fue modificada por la Ley 47/2007 a fin de incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/39/CE, relativa a los mercados de instrumentos financieros, la Directiva 2006/73/CE y la Directiva 2006/49/CE, de 14 de junio de 2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de crédito. La introducción de la distinción entre clientes profesionales y minoristas ha servido para extremar las obligaciones de información en las operaciones realizadas con éstos últimos, en los términos regulados en el artículo 79 bis que regula exhaustivamente los deberes de información frente al cliente no profesional, incluidos los clientes potenciales. Así, toda información dirigida a los clientes, incluida la de carácter publicitario, deberá ser imparcial, clara y no engañosa. A los clientes se les proporcionará, de manera comprensible, información adecuada sobre la naturaleza y riesgos del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece a los fines de que puedan “tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa” debiendo incluir en la información las advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a los instrumentos o estrategias, teniendo en cuenta tas concretas circunstancias del cliente y sus objetivos y recabando información del mismo sobre sus conocimientos, experiencia financiera y aquellos objetivos.

Sí existe una labor de asesoramiento previo, como aquí es el caso, ello supone la aplicación de! artículo 79 bis, apartado 6, de la LMV, que obliga a !a entidad bancaria a obtener la información necesaria sobre los conocimientos y experiencia del cliente, en el ámbito de inversión correspondiente at tipo de producto o de servicio concreto de que se trate; y sobre la situación financiera y los objetivos de inversión de aquel, con la finalidad de que la entidad pueda recomendarle los servicios de inversión e instrumentos financieros que más le convengan. Cuando la entidad no obtenga esta información, no recomendará servicios de inversión o instrumentos financieros al cliente o posible cliente. En el caso de clientes profesionales la entidad no tendrá que obtener información sobre los conocimientos y experiencia del cliente. La entidad proporcionará al cliente por escrito o mediante otro soporte duradero una descripción de cómo se ajusta la recomendación realizada a las características y objetivos del inversor.

La obligación regulada en el artículo 79,bis,6 se desarrolla en el art. 72 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, que dice:

A los efectos de lo dispuesto en el art, 79 bis. 6 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, las entidades que presten el servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras deberán obtener de sus clientes, incluidos los potenciales, la información necesaria para que puedan comprender los datos esenciales de sus clientes y para que puedan disponer de una base razonable para pensar, teniendo en cuenta debidamente la naturaleza y el alcance del servicio prestado, que la transacción específica que debe recomendarse, o que debe realizarse al prestar el servicio de gestión de cartera, cumple las siguientes condiciones:

  1. Responde a los objetivos de inversión del cliente en cuestió En este sentido, se incluirá, cuando proceda, información sobre el horizonte temporal deseado para la inversión, sus preferencias en relación a la asunción de riesgos, su perfil de riesgos, y las finalidades de la inversión.
  2. Es de tal naturaleza que el cliente puede, desde el punto de vista financiero, asumir cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus objetivos de inversió Cuando se preste el servicio de asesoramiento en materia de inversiones a un cliente profesional de los enumerados en las letras a) a d) del art, 78 bis.3 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, la entidad podrá asumir que el cliente puede soportar financieramente cualquier riesgo efe inversión a los efectos de lo dispuesta en esta letra. Asimismo, la información relativa a la situación financiera del cliente incluirá, cuando proceda, información sobre el origen y el nivel de sus ingresos periódicos, sus activos, incluyendo sus activos Iíquidos, inversiones y bienes inmuebles, así corno sus compromisos financieros periódicos.
  3. Es de tal naturaleza que el cliente cuenta con la experiencia y los conocimientos necesarios para comprender los riesgos que implica la transacción o la gestión de su cartera. En el caso de clientes profesionales, la entidad tendrá derecho a asumir que el cliente tiene los conocimientos y experiencia necesarios a efectos de lo dispuesto en esta letra en cuanto a los productos, servicios y transacciones para los que esté clasificado corno cliente profesional.

Cuando la entidad no obtenga la información señalada en las letras anteriores, no podrá recomendar servicios de inversión o instrumentos financieros al cliente o posible cliente ni gestionar su cartera.

Es especialmente relevante en estos casos el contenido del artículo 70 quáter de la LMV, que establece que las empresas que presten servicios de inversión deberán organizarse y adoptar medidas para detectar posibles conflictos de interés entre sus dientes y la propia empresa o su grupo, o entre los diferentes intereses de dos o más de sus clientes, frente a cada uno de los cuales la empresa mantenga obligaciones. A tales efectos, dice el precepto, no se considerará suficiente que la empresa pueda obtener un beneficio, si no existe también un posible perjuicio para un cliente; o que un cliente pueda obtener una ganancia o evitar una pérdida, si no existe la posibilidad de pérdida concomitante de un cliente. Igualmente, deberán aprobar, aplicar y mantener una política de gestión de los conflictos de interés que sea eficaz y apropiada a su organización, destinada a impedir que los conflictos de interés perjudiquen los intereses de sus clientes. Cuando las medidas organizativas o administrativas adoptadas para gestionar el conflicto de interés no sean suficientes para garantizar, con razonable certeza, que se prevendrán los riesgos de perjuicio para los intereses del cliente, la empresa de servicios de inversión deberá revelar previamente la naturaleza y origen del conflicto al cliente antes de actuar por cuenta del mismo.

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, es también de aplicación a este supuesto, ya que el demandante es una persona física que ha actuado en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. El artículo 60, sobre la información previa al contrato, establece que “antes de contratar, el empresario deberá poner a disposición del consumidor y usuario de forma clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y de los bienes o servicios objeto del mismo”.

Su artículo 80 establece que en los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, éstas deberán cumplir los siguientes requisitos: a) concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual; b) accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario ei conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido; c) buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, io que en todo caso excluye la utilización de cláusulas abusivas.

En relación a la información exigible desde el punto de vista de la formación del cliente, si el mismo tiene la consideración de minorista y carece de experiencia en productos financieros complejos resulta necesario extremar la claridad en las explicaciones ofrecidas e incrementar el control sobre e] grado de comprensión del contenido de! contrato y de sus riesgos. La autonomía de la voluntad en la contratación (art 1255 del Código Civil) es insuficiente en casos de contratos o acuerdos de evidente complejidad y difícil entendimiento del objeto de la contratación. Como dice la SAP de Albacete de 21 de octubre de 2013, esta claridad resulta más exigible en los supuestos en los que existe “desequilibrio entre los contratantes (en base a los conocimientos específicos de dicho objeto y el estado y evolución de la economía, incluso global), de ahí la obligación especialísima de informar (bien y claramente) del profesional sobre todo si es consumidor, no es entendido en la materia y, además, de edad avanzada (como sería el caso)”.

Y dada la similitud con nuestro caso parece oportuno seguir transcribiendo parcialmente dicha resolución que expresa: * Y en el caso, dicho deber de información clara y concisa es eludido, en un notorio afán de expansión contractual de este tipo de productos para recabar fondos como fuera, como lo demuestra su colocación indiscriminada 3 todo tipo de clientes, en especial a quienes -como en el caso- por su edad o menor capacidad y conocimiento económico tienen para valorar adecuadamente éstos productos complejos y de alto riesgo, sobre todo cuando los términos y explicaciones son extensas, ocultándose así en una apariencia de mayor explicación y exhaustividad lo que en realidad es real incomprensibilidad del producto u objeto del contrato, faltando a la claridad debida”.

QUINTO.- De la prueba practicada se concluye que los actores son clientes minoristas, ya jubilados, que carecen de experiencia en productos financieros complejos, por lo que resultaba necesario extremar la claridad en las explicaciones ofrecidas e incrementar el control sobre su grado de comprensión del contenido del contrato y de sus riesgos.

Debe tenerse presente que los demandantes eran clientes habituales de la entidad, lo que les generaría confianza en que la información que se le facilitaba era cierta y precisamente por ello, la demandada debió extremar el cumplimiento de su obligación de información y explicitar el posible conflicto de intereses derivado de la contraposición entra las ventajas que para la entidad tenía colocar la emisión de las obligaciones subordinadas y el riesgo que a cambio asumían sus clientes mediante su suscripción. En el ámbito de protección del consumidor, del cliente bancario o del inversor, la información es considerada por la ley como un bien jurídico y el desequilibrio entre la información poseída por una parte y la riqueza de datos a disposición de la otra es considerado como una fuente de injusticia contractual. Por ello el legislador obliga al banco o a la entidad financiera a desarrollar una determinada actividad informativa. El derecho a la información en el sistema bancario y el derecho a la transparencia son básicos para la tutela de los clientes bancarios, sobre todo en la fase precontractual.

Al respecto debe significarse que la firma de los documentos acompañados junto a demanda y contestación no evidencian que los actores fueran suficientemente informados. En primer lugar el resumen del folleto informativo está redactado en un lenguaje técnico que no se encuentra al alcance del ciudadano medio, como tampoco lo es la interpretación de un balance de situación o de la cuenta de pérdidas y ganancias de una entidad financiera, por lo que pese a su entrega al tiempo de la emisión de la orden de compra, no garantiza que se haya recibido una Información precontractual adecuada.

En cuanto al test de conveniencia, que no puede sustituir al de idoneidad, no consta que fuera realizado a D. Francisca, y respecto al de D. Juan, no recuerda que se le efectuaran preguntas, por lo que no puede considerarse probado que conociera qué tipo de producto estaba adquiriendo. Resulta así que el mismo fue rellenado por la directora de la sucursal, y fuego impreso para su firma, sin que la entidad realizara labor de indagación alguna para averiguar si efectivamente el cliente sabía qué se le preguntaba. El test aparece como una mera formalidad para hacer posible la contratación del producto, incluso pese a que el producto resultaba no conveniente, sin que la actora recuerde que se le advirtiera sobre dicho resultado, siquiera para aconsejarle la inversión pese a ello.

En productos tan complejos, es importante reseñar que cualquier incertidumbre sobre la bondad de fa información facilitada perjudica a la demandada (art. 217 LEC) y que la diligencia que le es exigible no es la genérica de un buen padre de familia, sino la específica del ordenado empresario y representante leal en defensa de los intereses de sus clientes y en ese sentido la STS 14 noviembre 2005 recuerda que en el contexto del tráfico de productos financieros se exige un plus de información y de diligencia a la entidad financiera que los comercializa, precisamente por su posición preeminente y privilegiada respecto del cliente, sea éste consumidor o no.

Por otro lado, el contenido complejo de dichos documentos (que se firmaban el mismo día de la orden de suscripción) evidencia que por sí solos los ya mentados documentos no pueden resultar suficientes para dar cumplimiento a la obligación de información que, obviamente, ha de ser previa y no coetánea a la firma del contrato. La información debía haber sido exhaustiva a fin de permitir que los actores pudieran comprender y asumir los riesgos que conllevaba su inversión. La firma en el mismo día, a pesar de tratarse de documentos extensos, difícil lectura y comprensión, indica apresuramiento y falta de reflexión y como ya se ha dicho, justifica la firma de los mismos sin lectura en la creencia de que su contenido coincidía plenamente con lo que la persona de confianza les había explicado. Como prueba de ello, y a título de ejemplo, en el folleto entregado se indica como riesgo del producto el de mercado (posibles fluctuaciones del precio), o el de liquidez (por no estar asegurado que se produzca una negociación activa en el mercado secundario); pero D, Juan ha declarado que nunca se le habló de un mercado secundario, y que no llegó a preguntar cómo podía recuperar su inversión antes de los diez años, pues pensaba que contrataba un depósito. Así pues pese a la documentación entregada, los actores no tenían conciencia de los riesgos que asumían, pues desconocían que los títulos podían perder valor como consecuencia de su negociación en un mercado secundario, mercado cuya existencia desconocían.

De todo ello resulta, en el presente caso, que la demandada no ha acreditado haber informado al cliente de modo suficiente sobre la naturaleza y los riesgos que presentaba el producto que adquirieron. Ni siquiera ha propuesto la testifical de la directora de la sucursal que intervino en la contratación. Resultado de ello es la creencia de los actores de que se contrataba un depósito a diez años, sin que se advirtieran las diferencias que presentan las obligaciones subordinadas respecto a los depósitos, así la posibilidad de merma o pérdida del capital invertido, lo que resulta desaconsejable para personas de cierta edad-, o la no percepción de intereses si no hay beneficio distribuible; tampoco de las dificultades de liquidez al cotizar en un mercado secundario bastante opaco, ni de las limitadas posibilidades de cobro en caso de insolvencia de la entidad financiera dado el orden de prelación existente. Tampoco de la situación económica de la demandada, a la que tos actores quedaban vinculados por la inversión efectuada.

Tampoco consta que durante la vigencia del contrato se informara a los actores del valor liquidativo de su inversión, sino tan sola del valor nominal, o de valores cercanos al mismo, ocultándose así información relevante en orden a la decisión de mantener o no la inicial inversión pues no se conocía la pérdida paulatina del valor de los títulos. Ello deriva de la práctica de la entidad demandada de casar órdenes de compra y de venta, impidiendo que los títulos accedieran al mercado secundario. Práctica que resulta acreditada de la documentación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, aportado en la audiencia previa. Una vez que se pone fin a dicha práctica, ya en 2012, es cuándo los actores pueden conocer la pérdida del valor de los títulos, que tan solo se refleja en la información fiscal que se facilita para dicho año. Perdida que deriva del empeoramiento de la situación económica de la demandada, con las consiguientes rebajas en el rating, tanto de la entidad, como de la emisión, del que tampoco consta que se informara.

Se incumplen así por la demandada las obligaciones de información, transparencia, y buena fe contractual.

SEXTO.- Con carácter principal se solicita la declaración de nulidad de las órdenes de suscripción por haber contravenido la demandada normas imperativas. Dado que la acción de nulidad no está sometida a plazo de caducidad, no será necesario analizar esta cuestión.

Parece oportuno citar la SAP de León de 12 de octubre de 2012 que dice: “El artículo 1 de la LMV se establece que tiene por objeto establecer” las normas rectoras de la actividad de cuantos sujetos y entidades intervienen en ellos”.

Como normas relativas a los instrumentos financieros se ha de destacar las previstas en el Título VIl, y en el Título VIII, y de modo separado, se regula el régimen de supervisión, inspección y sanción. Por lo tanto, en absoluto se puede considerar la LMV como un mero conjunto de normas administrativas, En dicha norma se regulan indistintamente aspectos administrativos como los relativos a supervisión, inspección y sanción, los referentes al acceso a la actividad…, y también aspectos relativos a la regulación de los mercados con específicas referencias a la contratación. Aunque el título VIl se encabece como normas de conducta, por tales no debe de entender una especie de código “ético” o principios de actuación, sino auténticas obligaciones, como así resulta de la rúbrica de diversos artículos que se integran en dicho título: sujetos obligados (artículo 78), obligaciones de diligencia y transparencia (artículo 79)… En modo alguno se pueden considerar estas normas de conducta como supuestos de infracción a efectos de una eventual sanción. En primer lugar porque se regulan de forma separada a las infracciones y sanciones. En segundo lugar porque como en el titulo VI se indica, son “normas” y, por lo tanto, son de obligado cumplimiento (artículos 70.1 y 78 LMV). Y, en tercer lugar, porque regulan las relaciones entre sujetos vinculados por un vínculo contractual: el prestador de servicios de inversión y su cliente (el inversor)”.

La citada Sentencia cita la del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2009 que dice: “Además, la sentencia recurrida no vulnera el contenido de las sentencias invocadas por la recurrente pues la LMV no es una norma de carácter administrativo sino de carácter imperativo siendo su artículo 79 manifestación del principio constitucional de protección al consumidor.

El deber de información contractual invocado viene recogido en el CC al hacer referencia a la buena fe contractual (artículos 7 y 1258 CC). Sin embargo, adquiere su máxima importancia con la promulgación de la CE al proclamar en su artículo 51 el principio de defensa del consumidor. Precepto desarrollado por la LCU en sus artículos 2.1.d) y 13.

Conforme al principio de buena fe que se consagra en los artículos 7,1 y 1258 CC, la relación de clientela será la determinante a la hora de delimitar las obligaciones de información a que deberá sujetarse la entidad de crédito, teniendo en cuenta diversos aspectos como la intensidad de las relaciones mantenidas entre la entidad y el cliente, su duración o las especiales características de la operación (coste, riesgo, etc).

Así en et artículo 79 de la Ley de Mercado de Valores 24/1988, reformada por la Ley 37/1958, de 16 de noviembre, se establece que las empresas de servicio de inversión, las entidades de crédito y las personas o entidades que actúen en el Mercado de Valores, tanto recibiendo o ejecutando órdenes como asesorando sobre inversiones en valores, deberán comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes y en defensa de la integridad del mercado.”

Y sigue diciendo; “La ausencia de transparencia e información provocó el error de consentimiento para la suscripción del Anexo II y es lo que determina su nulidad sin perjuicio de que se haya tenido en cuenta la vinculación del Anexo II con el depósito de alta rentabilidad E-20, en cuanto el uno trae causa del otro.

Las sentencias citadas por la recurrente consagran que la prudencia se debe extremar para declarar la nulidad radical en virtud del articulo 6.3 CC no procediendo la misma cuando la levedad del caso así lo aconsejen”.

Y continúa: “c) No es aceptable la afirmación de la parte recurrente en el sentido de que la infracción de normas administrativas no puede dar lugar a la nulidad de un contrato, pues esta Sala, en aplicación del artículo 6.3 CC, invocado como infringido, tiene declarado que cuando, analizando la índole y finalidad de la norma legal contrariada y la naturaleza, móviles, circunstancias y efectos previsibles de los actos realizados, la normativa administrativa resulta incompatible con el contenido y efectos del negocio jurídico deben aplicarse las pertinentes consecuencias sobre su ineficacia o invalidez (STS de 25 de septiembre de 2006) y no es obstáculo a la nulidad que la prohibición administrativa no tenga carácter absoluto (STS de 31 de octubre de 2007)”.

Como se ha dicho, la entidad demandada incumplió los códigos de conducta reguladores de sus relaciones con los actores, resultando tal proceder contrario a las normas imperativas citadas, lo que determinaría la nulidad radical de la suscripción de las obligaciones subordinadas, en aplicación del art. 6.3 del CC.

SEPTÍMO.- Con carácter subsidiario se ejercita por los actores acción de nulidad relativa o anulabilidad por vicios del consentimiento, invocando el error y el dolo. El artículo 1261 del CC establece que los requisitos esenciales del contrato son el consentimiento, el objeto y la causa. En cuanto al objeto, es necesario que en el contrato queden definidos los derechos y obligaciones que asumen las partes como consecuencia del contrato, esto es, las prestaciones que deben realizar y las que tienen derecho a recibir de la contraparte. Además del objeto y de la causa, la validez del contrato exige la prestación del consentimiento, que en este caso la demanda considera viciado por un error relevante y excusable.

La reiterada doctrina jurisprudencial dictada en torno al error regulado en el artículo 1266 del Código Civil, recopilada, entre otras, en la SAP de León, Sección 1a, de 1 de marzo de 2012, recuerda que “para que el error, como vicio de la voluntad negocial, sea invalidante del consentimiento es preciso, por una parte, que sea sustancial o esencial, que recaiga sobre las condiciones de la cosa que principalmente hubieran dado motivo a la celebración del contrato, o, en otros términos, que la cosa carezca de alguna de las condiciones que se le atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y básica motivó la celebración del negocio atendida la finalidad de éste (STS de 12 de julio de 2002, 24 de enero de 2003 y 12 de noviembre de 2004); y, además, y por otra parte, que sea excusable, esto es, no imputable a quien lo sufre y no susceptible de ser superado mediante el empleo de una diligencia media, según la condición de las personas y las exigencias de la buena fe, con arreglo a la cual el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente, ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte contratante que fa merece por la confianza infundida por esa declaración (STS de 24 de enero de 2003, 17 de febrero de 2005 y 17 de julio de 2006)”.

Por otro lado, cuando se alega el error como vicio de consentimiento por omisión de los deberes de información de la entidad bancaria debe tenerse en cuenta que el dolo puede manifestarse a través de conductas pasivas o reticentes que, resultando finalmente engañosas, inducen a contratar a quien no hubiera llegado a hacerlo si el otro contratante hubiera actuado con la debida diligencia y con la buena fe exigible poniendo de manifiesto el alcance del contrato (SAP de León, Sección 1a, de 1 de marzo de 2012), La STS de 5 marzo de 2010 recuerda que el dolo no sólo se manifiesta en la “insidia directa o inductora de la conducta errónea del otro contratante’1 sino también en “la reticencia dolosa del que calla o no advierte a la otra parte en contra del deber de informar que exige la buena fe”, omitiendo hechos o circunstancias influyentes y determinantes para la conclusión del contrato y respecto de los que existe el deber de informar según la buena fe o los usos del tráfico.

Conviene resaltar que el producto es ofrecido a los actores, cuando éstos no tenían intención de adquirirlo con anterioridad a tal ofrecimiento, estando interesados en otro, y que, a pesar de tratarse de un producto complejo, no se facilitó documentación precontractual suficiente (pues la documentación entregada no lo fue con anterioridad a la suscripción, sino simultáneamente a la mismas). Y este ofrecimiento se hace aprovechando la confianza que el cliente tiene en la entidad, con la que opera de forma habitual, incitándoles a adquirir un producto que nunca debió ser ofrecido a clientes de sus características, tras un conversación de un cuarto de hora o de media hora a la sumo, y sin informarles de los riesgos del producto, tal y como ha testificado el subdirector de la sucursal. E incluso, pese a resultar no conveniente conforme al test efectuado, lo que obligaba a dar una mayor información al respecto, inexistente a la vista de que no consta de que se informara de dicha circunstancia del interrogatorio de los actores. Esta forma de ofrecer el producto, aprovechando la confianza del cliente y el interés de los mismos en invertir unos ahorros atesorados a lo largo de una vida de trabajo y sacrificio, ocultando datos esenciales del mismo, que es complejo y de riesgo, constituye base suficiente para considerar la existencia de dolo en la demandada, dolo grave y suficiente a los efectos de determinar la nulidad del consentimiento prestado.

A la vista de lo expuesto es evidente que los anteriores vicios del consentimiento concurren, hasta el punto de que los actores actuaron en la creencia de que habían contratado un depósito a diez años, guiados por la información facilitada por la directora y el subdirector de la sucursal. Así resulta que no sabían lo que adquirían, siendo su error esencial, y excusable, sin que pueda admitirse lo contrario por el mero hecho de que pudieran dirigirse a páginas web o a organismos públicos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dada la nula formación financiera de la que disponían. Concurre pues causa de nulidad del contrato de compra de las obligaciones subordinadas por vicios del consentimiento, tanto error como dolo en su modalidad omisiva, al no facilitarse información suficiente sobre la naturaleza y riesgos del producto que realmente estaban contratando.

OCTAVO.- Si bien debe prosperar la pretensión principal de nulidad radical, ya expuesta, resulta necesario dar respuesta a la caducidad de la acción de anulabilidad, esgrimida por la demandada, y fundada en el transcurso de cuatro años desde la suscripción de las órdenes de compra hasta la interposición de la demanda. Y ello por no desconocerse que diversas resoluciones sostienen que la infracción de las normas citadas no puede conducir a la nulidad radical sino a la posible existencia de un vicio de consentimiento determinante de anulabilidad.

Debe decirse que la jurisprudencia ha precisado que en casos de anulabilidad, el momento inicial del cómputo del plazo de cuatro años no es nunca anterior al cumplimiento del contrato sino que se inicia con la consumación del mismo y en este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2008 -en relación a un contrato de préstamo- afirma que no puede entenderse cumplido ni consumado el contrato hasta la realización de todas las obligaciones. La Sentencia del TS de 11 de junio de 2003 declara que la consumación del contrato coincide con el instante en que se han realizado todas las obligaciones o cuando están completamente cumplidas las prestaciones de ambas partes y a partir de tal consumación, se inicia el plazo de caducidad.

A    mayor abundamiento,  la citada SAP de Albacete dice en relación a la caducidad que “…dicho plazo se computa no desde su celebración sino desde su “consumación”, como indica la norma, lo que en el caso no tiene lugar sino cuando se produce el “agotamiento y la realización completa de todas las obligaciones entre las partes”, sobre todo en contratos como el presente en que se acordó tanto la adquisición como la ulterior reventa, con fines financieros más que patrimoniales, en que dicha orden de venta es parte del contrato y por ende hasta su verificación no se “consuma” el contrato, máxime si también hay periódicas liquidaciones, durante las cuales se está consumando, lo que es lógico si se trata de atajar o dar respuesta a un vicio en el consentimiento por error, lo que solo se advierte cuando se cumple o consuma alguno de los efectos del contrato, a partir de lo cual sólo tiene sentido (pero no antes) reprochar la inactividad que la prescripción o caducidad reprocha”.

Así pues fa consumación no se produce hasta el momento de su vencimiento, en el que racionalmente el cliente adquiere conocimiento de las prestaciones que ha asumido, obteniendo la restitución de lo invertido, no en dinero, sino en bonos convertibles en acciones, y con una importante quita, lo que no tiene lugar hasta el 23 de mayo de 2013. Y por todo ello no se entiende caducada la acción.

NOVENO.- En cuanto a los efectos que la nulidad debe producir, el art. 1303 del CC establece las consecuencias de la declaración de nulidad que no es otra que la restitución recíproca de las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses. Por ello se condena a la demandada a la devolución del principal (18,000 euros) correspondientes a las cantidades depositadas, con los intereses legales desde el 22 de julio de 2009 hasta su total satisfacción, pero deduciendo de dichos importes las cantidades percibidas por los actores como intereses abonados por la demandada (3.280 euros), más sus intereses devengados por las correspondientes sumas desde su percepción.

Por último, debe añadirse que no existe imposibilidad para que prospere la acción de nulidad por el hecho de no ser ya los actores titulares de las obligaciones subordinadas, al haberse canjeado obligatoriamente por bonos convertibles en acciones, en virtud de resolución administrativa del FROB de 16-5-13. Y ello por deber acogerse la doctrina del vínculo funcional entre ambos contratos. Efectivamente ya la STS de 10-11-64 estableció la propagación de los efectos de la nulidad a actos posteriores relacionados con el declarado inválido “no solo cuando exista un precepto específico que imponga la nulidad del acto posterior, sino también cuando presidiendo a ambos una unidad intencional, sea el anterior la causa eficiente del posterior, que así se ofrece como la consecuencia o culminación del proceso seguido “, Recientemente las SSTS de 22-12-09 y de 17-6-10 confirman dicha doctrina en relación con contratos posteriores a un contrato de inversión efectuados con la finalidad o causa de enjugar las pérdidas iniciales. Dichas sentencias indican que:” Sin el primer contrato y las pérdidas que originó, quedaría privada de sentido la operación económica financiera en su totalidad, integrada también por los contratos posteriores. Estos estaban causalmente vinculados a aquel en virtud de un nexo funcional. Resulta pues, aplicable el principio según el cual cuando un acto se ofrece en unidad intencional como causa eficiente del posterior la nulidad del primero debe trascender a él, puesto que (…) desaparecida la causa del primer contrato en virtud de la nulidad declarada desaparecen los presupuestos sobre los que se funda la causa del contrato vinculado a él por efecto de aquella declaración de voluntad.” La anterior doctrina ha sido acogida igualmente por el Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Mataró de 24-4-13, en asunto similar al aquí planteado, indicando que; “el contrato de adquisición de valores y el negocio jurídico de canje de dichos valores por acciones del emisor están unidos por vínculo funcional (…) la frustración de las expectativas de la inversión realizada a través del primer contrato, es la causa del segundo. En consecuencia, siendo declarado nulo el contrato de adquisición de valores por vicio del consentimiento, la declaración de nulidad debe extenderse al negocio jurídico subsiguiente de canje por acciones, por desaparición de su causa (art. 1275 CC)”.

DÉCIMO.- Resta indicar, con la finalidad de agotar el debate, que de admitirse la improcedencia de las acciones de nulidad y de anulabilidad por las razones esgrimidas por la demandada, procedería la estimación de la acción indemnizatoria esgrimida por la actora con carácter subsidiario, con fundamento en el incumplimiento del contrato por parte de la demandada, pues la admisión de información no se limitó al momento inicial de la contratación, sino que siguió durante la vigencia del mismo, y determinó el canje obligatorio por bonos convertibles en acciones, todo ello en aplicación del art. 1101 del CC. Dicho precepto determina la responsabilidad contractual, y la misma resulta exigible no solo para los contratos vigentes, sino también para los que han agotado sus efectos en los que pueda hablarse de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso. Y ello conllevaría el deber de indemnizar de la demandada en cuantía equivalente a la pérdida de la inversión padecida.

En este sentido se pronuncia la sentencia de 18-10-13 del Juzgado de Primera Instancia n° 43 de Barcelona, en relación con inversión en participaciones preferentes. En dicha sentencia se establece: …se deduce que ha existido una actuación negligente en la comercialización de las participaciones preferentes y que existe un nexo causal entre dicho comportamiento y el perjuicio económico que dicen haber sufrido los actores, tras el canje de tales participaciones por acción y la posterior venta de estas. Dicho nexo causal deriva del hecho de que, a consecuencia de la desinformación y la actuación negligente de la demandada, los demandantes adquirieron los referidos títulos, con total desconocimiento de los riesgos que llevaban consigo y de la posibilidad de llegar a perder el capital invertido por lo que se puede llegar a afirmar que se prestó un consentimiento viciado, al desconocer lo que era el objeto esencial del contrato, siendo este además un error inexcusable e invencible que no podía salvarse dada la carencia de conocimientos financieros de los demandantes”, Y continúa: ” Por tanto, de no haberse adquirido las referidas participaciones, no se habría producido el posterior canje obligatorio por acciones ni tampoco la posterior venía de ésta. Aunque la venta de las acciones es una decisión libremente adoptada por los actores, deben entenderse íntimamente ligada a la decisión primera de adquirir aquellos títulos, y probablemente se haya debido a la necesidad de liquidez, porque tales acciones no estaban admitidas a negociación en ningún mercado secundario oficial. En definitiva se puede concluir que los demandantes procedieron a la venta de las acciones de Catalunya Banc para poder disponer de su dinero, con la consiguiente pérdida de la inversión inicialmente realizada, y que ello vino motivado por el comportamiento negligente de la demandada, por todo lo expuesto anteriormente, por lo que esta debe responder de los perjuicios derivados de la pérdida económica sufrida por los demandantes con la venta de las acciones”.

Obviamente, en nuestro caso los actores conservan los bonos convertibles, con lo que dicha acción resarcitoria por incumplimiento, conllevaría el mantenimiento de los mismos, limitando la indemnización a la pérdida parcial de la inversión, esto es a la quita operada en el canje de las participaciones preferentes por los bonos; tal y como se solicita en el suplico de la demanda.

UNDÉCIMA.- En materia de costas, estimada la demanda, según el criterio del vencimiento objetivo que rige en nuestro Derecho Procesal, recogido en el art, 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede la imposición de las mismas a la demandada.

Por ello, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes, y los demás de pertinente y general aplicación,

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Julio Cabellos Albertos, en nombre y representación de D. Juan y D.ª Francisca , frente a Banco Ceiss SAU (antes Caja Duero), representado por el Procurador de los Tribunales D. Francisco José Abajo Abril, debo declarar y declaro la nulidad de la adquisición de obligaciones subordinadas suscritas entre las partes en fecha 22-7-09, y por importe de 18.000 € y del contrato conexo subsiguiente, debiendo tas partes restituirse de forma recíproca las prestaciones entregadas como consecuencia del mismo, condenando a Banco Ceiss SAU a estar y pasar por la anterior declaración, así como a abonar a los actores 18.000 €, más intereses legales de dichas cantidades desde el 22-7-09, debiendo los actores devolver los dividendos obtenidos (3.280 €) con sus correspondientes intereses desde las fechas de su percepción, todo ello con imposición a la demandada de las castas del presente procedimiento.

Notifíquese la presente a las partes, advirtiéndoles que contra la misma cabe recurso de apelación, que deberá interponerse en el plazo de veinte días ante este Juzgado, previo depósito de 50 € salvo que se litigue con el beneficio de justicia gratuita, para ulterior tramitación y remisión a la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid para su resolución.

FB
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