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Los actores suscribieron con la entidad Caja de Ahorros de Galicia un préstamo hipotecario con el fin de financiar la adquisición de una vivienda ubicada en el inmueble número 1, de la calle Lagoa de Cambre.

Caixa Galicia

Este contrato fue novado el 21 de mayo 2007 ampliándose el capital del préstamo y modificándose también las condiciones financieras del préstamo como la cláusula segunda relativa a la amortización o la tercera relativa a los intereses ordinarios.

Al mismo tiempo, los actores suscribieron un contrato de cobertura sobre hipoteca, lo que se hizo unos días después de haberse novado el contrato de hipoteca, en concreto el 24 de mayo de 2007.

En esta misma fecha, suscribieron también un contrato de seguro de desempleo e incapacidad temporal, lo que se hizo mediante la adhesión a un seguro colectivo.

Dos años más tarde el contrato de cobertura sobre hipoteca o swap fue cancelado y sustituido por otro contrato de cobertura con vigencia desde el 1 de julio de 2009 hasta el 1 de junio de 2012.

Tras la firma del primer contrato de cobertura sobre hipoteca los actores recibieron liquidaciones positivas para ellos, pero una vez que en el mercado de tipos se impusieron tipos a la baja, las liquidaciones comenzaron a serles perjudiciales. En este contexto se firma el segundo contrato de cobertura sobre hipoteca, cuyo resultado únicamente fue positivo para los actores el primer año, para posteriormente arrojar de nuevo liquidaciones negativas. Como consecuencia, los demandantes sufrieron liquidaciones negativas para ellos con cargos por importe de 14.466,85 euros.

Según los demandantes, esta situación les generó sorpresa y bastante desazón pues sostienen que estos contratos de cobertura le fueron vendidos como algo beneficioso para ellos, que daría estabilidad a la amortización del préstamo hipotecario suscrito, protegiéndoles de la fluctuación de los tipos de interés y sobre todo de la subida de tipos.

Pero sin que les fuese explicada la verdadera naturaleza y características de estos contratos, ni sus riesgos.

Es por ello, por lo que la parte actora ejercita acción de nulidad del Contrato de cobertura sobre hipoteca suscrito el 24 de mayo de 2007 y el suscrito el 17 de junio de 2009.

Y como consecuencia de lo anterior, solicitan también la recíproca restitución de las cantidades cargadas y/o abonadas en aplicación de los mismos.

A este convencimiento se llega teniendo en cuenta que no consta que el producto hubiese sido demandado por los actores, sino que es ante el escenario de tipos futuros que los empleados describen, donde se enmarca el producto.

El cual además no se muestra como adecuado para personas que no buscan una financiación de grandes operaciones mercantiles, ni con importantes cuantías comprometidas en el capital prestado, sino que se trata de financiar la adquisición de vivienda.

En la incorrecta formación del consentimiento contractual influye también la propia denominación que al producto le da la entidad financiera, la cual no resulta baladí sino que por el contrario contribuye a que el consumidor del producto se haga una primera idea del producto que se le ofrece y lo posiciona a la hora de valorarlo.

Y esta denominación hace referencia a la cobertura del “riesgo del tipo de interés”, por lo que es obvio que cualquier cliente, con carencia de formación o experiencia en productos financieros y derivados, pensará que con el producto le asegurará una cierta estabilidad durante el período de amortización del préstamo.

Seguridad que le compensa si el coste que tiene que asumir es mínimo y encaja en su capacidad financiera.

Pero lo que el contrato no explica en su clausulado, ni consta que lo hubiese hecho la demandada (a través de sus empleados) es hacer ver a los clientes todos los escenarios posibles, que la práctica además ha demostrado que no eran tan remotos.

Es cierto que el producto se contrata cuando el escenario económico presentaba tipos de interés altos, ahora bien, para la entidad bancaria y sus empleados no debería de haber pasado desapercibida la posibilidad de que se produjese una bajada de tipos, pues cuentan con datos macroeconómicos y estimaciones suficientes, no quizás para adivinarla, pero si para que fuese oportunamente explicada a los actores esa posibilidad.

Lo que habría permitido que su consentimiento contractual se hubiese emitido correctamente.

En este contexto no puede sino concluirse en la existencia de un error por parte de los actores al contratar, el cual además se considera inexcusable, primero porque la formación de los actores no era financiera ni económica, no consta que con anterioridad hubiesen asumido operaciones de este tipo, en segundo lugar porque lo omitido por la entidad bancaria es una información financiera especializada que no suele manejar el ciudadano medio más que cuando se ven en la necesidad de acudir a la financiación bancaria, pero sobre todo porque esta información la facilita la propia entidad bancaria (interesada en la contratación del producto) que además es la entidad bancaria habitual del cliente y a la que acude en el marco de la confianza que se generó.

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