Compliance Officer: responsabilidad penal de las personas jurídicas

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¿Tiene responsabilidad penal las personas jurídicas?

Las personas jurídicas son plenamente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de la misma, ya sean delitos cometidos por las personas autorizadas para tomar decisiones en nombre de la entidad, ya sea por no haber cumplido éstas con sus deberes de supervisión, vigilancia y control.

El Compliance Officer es la persona responsable de gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo dentro de una empresa: diseñar sistemas de control en la empresa, regular el cumplimiento de procedimientos y normativa interna, garantizar el cumplimiento de normativa vigente a través de la realización de auditorías, etc.

En las personas jurídicas de pequeñas dimensiones (aquellas que pueden presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas) la funciones de supervisión pueden ser asumidas directamente por el órgano de administración.

El pasado día 29 de febrero el Tribunal Supremo dictó su primera sentencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Confirma las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública con alguna modificación.

De dicha sentencia podemos concluir que para que exista responsabilidad penal de una persona jurídica:

1.-  Es imprescindible la comisión de un delito por parte de una persona física que sea integrante de la persona jurídica o bien que tenga relación con ésta.

2.- Que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos.

3.- La prueba de la existencia de herramientas de control idóneas y eficaces son causa de exoneración.

Por otro lado, la sentencia distingue las empresas con actividad real y las que califica como sociedades “pantalla”, carentes de cualquier actividad lícita y creadas exclusivamente para la comisión de hechos delictivos. Según apunta la sentencia, estas últimas han de ser consideradas al margen del régimen de responsabilidad penal del artículo 31 bis del Código Penal, sin perjuicio de que en el caso de autos se considere de utilidad mantener las penas de disolución y multa impuestas.

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