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Se trata de la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, de 20 de marzo de 2015, con la que resuelve el primer recurso sobre cláusula suelo hipotecaria, de las decenas que tiene recurridos.

Resuelve la Audiencia Provincial que la cláusula suelo no supera el control de transparencia:

Aparte de la declaración de la actora, donde mantuvo que desconocía la trascendencia de la cláusula suelo y que no se le había proporcionado información sobre la misma, y la declaración de los empleados del Banco, quienes no recordaban los detalles de la operación dado el tiempo transcurrido, por lo que no consta que la cláusula suelo hubiera formado parte de las negociaciones y tratos preliminares que se llevaron a cabo, ni, tampoco, que la entidad bancaria hubiera realizado simulaciones de escenarios diversos, relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar, en fase precontractual, la única prueba de la que se dispone es la propia escritura de otorgamiento del préstamo hipotecario, de la que no se desprende se proporcionase una información suficiente a la prestataria que le permitiera identificar claramente que la cláusula constituía un elemento definitorio del objeto principal del contrato.

No es suficiente con que la cláusula suelo sea independiente y su tenor claro. Como establece la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de septiembre de 2014 (RJ 2014, 4660), el “control de transparencia, como parte integrante del control general de abusividad, no puede quedar reconducido o asimilado a un mero criterio o contraste interpretativo acerca de la claridad o inteligencia gramatical de la formulación empleada, ya sea en la consideración general o sectorial de la misma, sino que requiere de un propio enjuiciamiento interno de la reglamentación predispuesta a los efectos de contrastar la inclusión de criterios precisos y comprensibles en orden a que el consumidor y usuario pueda evaluar, directamente, las consecuencias económicas y jurídicas que principalmente se deriven a su cargo de la reglamentación contractual ofertada”, no siendo posible que la entidad bancaria “descargue el cumplimiento de su propio deber de transparencia en los protocolos notariales de los contratos celebrados”, pues “sin perjuicio de la importante función preventiva que los Notarios realizan sobre el control previo de las condiciones generales de la contratación (.), conforme a la caracterización y alcance del control de transparencia expuesto, la comprensibilidad real debe inferirse del propio juego o desarrollo de la reglamentación predispuesta, de forma que la lectura de la escritura pública y, en su caso, el contraste de las condiciones financieras de la oferta vinculante con la del respectivo préstamo hipotecario, no suplen, por ellos solos, sin protocolo o actuación específica al respecto, el cumplimiento de este especial deber de transparencia”.

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