Caja Rural condenada por un swap.

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Se trata de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Tudela, de 16 de noviembre de 2012, que condena a Caja Rural a devolver 8.492,15 euros más intereses por la nulidad de un swap.

Dirección letrada de Ferrer-Bonsoms, Abogados. Somos un despacho con una gran experiencia en temas de Derecho Bancario. Si lo desea, puede describirnos su caso completando el siguiente formulario y nuestros profesionales podrán ofrecerle una primera valoración.

 Fundamentos de la actora para solicitar la nulidad del swap:

La parte actora considera que Banco Cooperativo (Caja Rural) no explicó con claridad las desventajas del swap, que hay ausencia de un estudio del cliente para amoldar el producto a sus necesidades, inexistencia del contrato marco de operaciones financieras y del test de conveniencia e idoneidad (que en múltiples ocasiones lo solicitó la parte actora).

Que Banco Cooperativo (Caja Rural) conocía o debía conocer el descenso de los tipos de interés, cuestión que nunca se mencionó al cliente.

La parte demandada alega que no se puede solicitar la nulidad de un contrato cuando ya ha desplegado todos sus efectos, que la cobertura sí cumplió el objetivo de estabilizar el coste de financiación del actor, que la cláusula octava dice que el contrato no puede ser cancelado anticipadamente, que se efectuó al actor un test de conveniencia, el cual salió apto y que no es de aplicación la Ley de Mercado de Valores.

Durante la Vista del Juicio, el actor manifestó que la empleada de Banco Cooperativo (Caja Rural) le llamó para ofrecerle un producto que era una gran oportunidad. Ya en la entidad bancaria, el director le explicó el swap. El director, sin embargo, afirma que él no explicó el producto, sino que tal actividad la realizó la mencionada empleada. Ésta afirma no acordarse de los hechos, así como no acordarse de cómo funciona este tipo de productos.

TERCERO: el swap es un contrato de permuta financiera en su modalidad de permuta de tipos de interés. Dicho contrato, como afirma el Juez, “tiene un carácter aleatorio o especulativo”. Asimismo afirma que “el derecho a la información en el sistema bancario y la tutela de la transparencia bancaria es básica para el funcionamiento del mercado de los servicios bancarios”.  Asimismo, el Juez considera de aplicación la Ley de Mercado de Valores.

Afirma: “en la medida en que el Legislador ha querido que el cliente de la entidad financiera reciba una determinada información, su omisión total o parcial, incide en el ámbito de formación de la voluntad y resulta relevante para determinar si al no recibirla pudo ignorar aquellos extremos precisos para la prestación del consentimiento y, muy en particular, como se dirá a continuación, el alcance del riesgo asumido”.

CUARTO: la carga de la prueba de la correcta explicación del producto corresponde a Banco Cooperativo (Caja Rural). Así lo expresa el Juzgado: “no es el demandante, en su condición de cliente y consumidor de un producto bancario, quien debe demostrar que carece de conocimientos financieros. Es el Banco, al contrario, quien debe probar que cumplió el deber de información que le exige tanto la normativa específica como la legislación de consumidores”

De los documentos aportados en la demanda y en la contestación a la demanda, no se infiere la información sobre los riesgos que asumía el cliente en el supuesto de descenso de los tipos de interés. De los ejemplo no es posible determinar las cuantiosas liquidaciones fruto del descenso del Euribor. Asimismo, los empleados de la sucursal de Banco Cooperativo (Caja Rural) no fueron capaces de explicar correctamente el producto litigioso (swap), por lo que es inverosímil pensar que lo explicaron correctamente durante la comercialización del mismo.

Asimismo, como establece la sentencia: “no deja de resultar poco razonable que se contrate un producto en una fecha, 8 de septiembre de 2.008, y su entrada en vigor sea pasados unos meses, 24 de febrero de 2.009, con lo cual, el cliente carece de toda información de la situación de los intereses vigentes en la fecha de entrada en vigor, ni se acredita que por el empleado que comercializó el producto le hiciera, al menos una simulación del resultado que podía concurrir, si los intereses no se comportaban según la previsión alcista que ellos estaban considerando”.

El Juzgado afirma que dichos swaps ni siquiera han sido solicitados por el cliente (quien desconoce la existencia de los mismos), sino por Banco Cooperativo (Caja Rural); quien lo hace para protegerse ella misma de fluctuaciones de los tipos de interés. De esta forma, viola la confianza del cliente, quien firma un contrato, que sólo especialistas en productos financieros pueden entender, fiado de la entidad bancaria. Por ello, el Juez estima que la Banco Cooperativo (Caja Rural) no ha actuado con la diligencia y la transparencia debidas.

El desconocimiento del actor de la cancelación anticipada del swap es incluso mayor, ya que nada se especifica sobre el mismo. “En definitiva, las omisiones de la información ofrecida por el Banco sobre aspectos principales del contrato hubieron de producir en el actor un conocimiento equivocado sobre el verdadero riesgo que asumía, incurriendo así en error sobre la esencia del contrato, de entidad suficiente como para invalidar el consentimiento de acuerdo con lo establecido en los arts. 1.265 y 1.266 del Código Civil”.

Tanto el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, como diversas resoluciones judiciales indican que dichos contratos de permuta financiera de intereses (swaps) son altamente complejos, y que su efectiva comprensión requiere de un mínimo de conocimientos o formación financiera.

Por ello, concluye el Juzgado que “el producto financiero recomendado al actor por la demanda y finalmente suscrito, no era quizás el más adecuado al perfil financiero de dicho contratante en los términos de la normativa antes expuesta, y, desde luego, no habiendo cumplido correctamente con su deber de información en los términos exigidos, promoviendo por ello el error inexcusable que indujo al actor a formalizar el indicado contrato”.

Y termina diciendo: “procede, por tanto, dar lugar a la nulidad interesada y procediendo también, como consecuencia legal de ello (artículos 6.3º y 1303 del CC), la restitución al actor de la suma de 8.492,15 euros”.

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