Caja Duero condenada por Obligaciones Subordinadas

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Se trata de la reciente Sentencia de 22 enero de 2015, del Juzgado de Primera Instancia nº6 de Pamplona, que codena a Caja Duero a devolver 26.000 euros por la nulidad de Obligaciones Subordinadas.

Ferrer-Bonsoms, Abogados es un despacho especializado en temas de Derecho Bancario. Si lo desesa, puede describirnos su caso y nuestros profesionales podrán ofrecerle una primera valoración.

“Como es sabido estas Obligaciones subordinadas, son un producto complejo muy similar a las participaciones preferentes, de las que se diferencia en la prelación de cobro respecto de las preferentes y por la existencia de un plazo de vencimiento. En ambos casos nos encontramos con productos con más volatilidad que los activos de renta fija tradicional, lo que implica para los clientes mayores dificultades para conocer el resultado de sus inversiones y para proceder a su venta y para sus vendedores, la obligación de extremar la información que se debe proporcionar a los clientes sobre las características y riesgos del producto que se pretende vender.”

“Por otro lado, el contrato y orden de compra, objeto de litigio, -que es claramente un contrato de adhesión, por cuanto la actora no intervino en absoluto en su redacción y sin que existiera una real negociación en plano de igualdad entre las partes contratantes-, está redactado, careciendo de los datos esenciales para que la parte demandante pudiera conocer en toda su dimensión el riesgo que estaba asumiendo y las características de sus inversiones. Francamente, están redactados de tal manera que se hace necesaria una muy amplia explicación complementaria, para comprenderlos en toda su dimensión. Dicha redacción es contraria a lo prescrito en el artículo 79 bis de la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modificó la Ley del Mercado de Valores, en los artículos 78 bis y 79 bis de la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modificó la Ley del Mercado de Valores, e infringe igualmente el artículo 5.5 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación, que exige concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa en los contratos. Además con arreglo al artículo 1.288 del Código Civil, dicha oscuridad nunca podrá favorecer a quien la redactó y se deberá interpretar siempre a favor del que se adhiere a un contrato de adhesión. La demandante no es una empresa dedicada a la banca, ni a la especulación financiera, sino que es unos mera particular que consume.

Los empleados de la demandada, que les vendieron las Obligaciones subordinadas, en cumplimiento de la normativa antes citada y del principio de buena fe contractual, debieron actuar con la diligencia debida y tratar a dichos cliente con una mayor transparencia y cuidando, velando por los intereses de estos clientes y no sólo por los del banco. Debieron extremar la información a aportar a los cliente sobre la inversión que iban a hacer, extenderse en las explicaciones del clausulado, detallar la entidad de los riesgos a asumir, planteando mediante los correspondientes ejemplos o cálculos, los diversos escenarios en que se podrían materializar dichos riesgos. Tal información era tanto más obligada, si se tiene en cuenta que era la demandada quien verdaderamente estaba en condiciones de saber la naturaleza y características de tales inversiones. No obstante, dichos empleados se limitaron a proporcionar una información insuficiente, sesgada, equivocada y dirigida a inducirle a que adquiriera productos como los reflejados en la orden de compra obrante como Documentos nº 1-B de la Demanda, incumpliendo así la obligación de informar, que constituye un requisito previo de inexcusable cumplimiento cuando se va a contratar un producto financiero complejo, como son los contratos objeto de litigio. De esta manera el error de la parte demandante recayó sobre las características esenciales del contrato y fue totalmente excusable.”

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