Caja Duero condenada a devolver 18.000 euros más los intereses

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Se trata de la reciente Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Alcalá de Henares, bajo la dirección letrada de Ignacio Ferrer-Bonsoms, que condena a Banco Ceiss (antes Caja Duero) a devolver a un consumidor la cantidad de 18.000 euros más los intereses tras declarar la nulidad de la adquisición de obligaciones subordinadas suscritas en 2009 por importe de 18.000 euros.

 Los hechos fueron los siguientes:

La adquisición por D. Juan y por D.a Francisca de 18 obligaciones subordinadas emitidas por Caja Duero el 22-7-09, por Importe de 18.000 €; suscripción que se realizó siguiendo el asesoramiento de fa directora y subdirector de la sucursal bancaría, en la creencia de que se contrataba un depósito a diez años.  Con fecha 23-5-13 se produjo el canje obligatorio de dichas obligaciones subordinadas por bonos convertibles en acciones con una quita del 10%, percibiendo D. Juan y D.ª Francisca bonos por valor de 16.200€.

Fundamentos de Derecho:

En toda la demanda late una idea fundamental: el incumplimiento por la demandada del deber de información previa y posterior a la suscripción de las obligaciones subordinadas. Tal hecho funda tanto la acción de nulidad por incumplimiento de normas imperativas, como la de anulabilidad por vicio del consentimiento, error, así como la de responsabilidad contractual.

1. En relación a la información exigible desde el punto de vista de la formación del cliente, si el mismo tiene la consideración de minorista y carece de experiencia en productos financieros complejos resulta necesario extremar la claridad en las explicaciones ofrecidas e incrementar el control sobre el grado de comprensión del contenido del contrato y de sus riesgos. La autonomía de la voluntad en la contratación (art 1255 del Código Civil) es insuficiente en casos de contratos o acuerdos de evidente complejidad y difícil entendimiento del objeto de la contratación. Como dice la SAP de Albacete de 21 de octubre de 2013, esta claridad resulta más exigible en los supuestos en los que existe “desequilibrio entre los contratantes (en base a los conocimientos específicos de dicho objeto y el estado y evolución de la economía, incluso global), de ahí la obligación especialísima de informar (bien y claramente) del profesional sobre todo si es consumidor, no es entendido en la materia y, además, de edad avanzada (como sería el caso)”.

Debe tenerse presente que los demandantes eran clientes habituales de la entidad, lo que les generaría confianza en que la información que se le facilitaba era cierta y precisamente por ello, la demandada debió extremar el cumplimiento de su obligación de información y explicitar el posible conflicto de intereses derivado de la contraposición entra las ventajas que para la entidad tenía colocar la emisión de las obligaciones subordinadas y el riesgo que a cambio asumían sus clientes mediante su suscripción. En el ámbito de protección del consumidor, del cliente bancario o del inversor, la información es considerada por la ley como un bien jurídico y el desequilibrio entre la información poseída por una parte y la riqueza de datos a disposición de la otra es considerado como una fuente de injusticia contractual. Por ello el legislador obliga al banco o a la entidad financiera a desarrollar una determinada actividad informativa. El derecho a la información en el sistema bancario y el derecho a la transparencia son básicos para la tutela de los clientes bancarios, sobre todo en la fase precontractual.

2. Con carácter principal se solicita la declaración de nulidad de las órdenes de suscripción por haber contravenido la demandada normas imperativas. Dado que la acción de nulidad no está sometida a plazo de caducidad, no será necesario analizar esta cuestión. La entidad demandada incumplió los códigos de conducta reguladores de sus relaciones con los actores, resultando tal proceder contrario a las normas imperativas citadas, lo que determinaría la nulidad radical de la suscripción de las obligaciones subordinadas, en aplicación del art. 6.3 del CC.

3. Con carácter subsidiario se ejercita por los actores acción de nulidad relativa o anulabilidad por vicios del consentimiento, invocando el error y el dolo.  Los actores actuaron en la creencia de que habían contratado un depósito a diez años, guiados por la información facilitada por la directora y el subdirector de la sucursal. Así resulta que no sabían lo que adquirían, siendo su error esencial, y excusable, sin que pueda admitirse lo contrario por el mero hecho de que pudieran dirigirse a páginas web o a organismos públicos como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dada la nula formación financiera de la que disponían. Concurre pues causa de nulidad del contrato de compra de las obligaciones subordinadas por vicios del consentimiento, tanto error como dolo en su modalidad omisiva, al no facilitarse información suficiente sobre la naturaleza y riesgos del producto que realmente estaban contratando.

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