Caducidad y prescripción en materia tributaria

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caducidad y prescripcion

Caducidad y prescripción en materia tributaria.

Caducidad y prescripción, figuras reguladas en la Ley General Tributaria

La caducidad y prescripción son dos figuras distintas. La primera se da cuando la Administración no resuelve en plazo un procedimiento (por ejemplo, una comprobación de valores), mientras que la segunda implica la extinción de derechos por el mero transcurso del tiempo. Pasemos brevemente a explicar cada de una ellas.

La caducidad

En los procedimientos iniciados de oficio susceptibles de producir efectos desfavorables, el vencimiento del plazo máximo establecido producirá la caducidad del procedimiento.

¿Qué consecuencias tiene?

Una de las principales consecuencias de la caducidad es que las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos. Es decir, a un ingreso fuera de plazo posterior a un procedimiento iniciado de oficio y caducado, le serán de aplicación los recargos previstos en el artículo 27.1 de la LGT, como si nunca hubiera habido requerimiento previo.

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los documentos y otros elementos de prueba obtenidos en el mismo conservan su validez y eficacia probatoria en otros procedimientos iniciados o que puedan iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario.

La prescripción

Los derechos, tanto de la Administración como de los obligados están sujetos a prescripción, es decir, a la extinción del derecho por el simple transcurso del tiempo unido a la inacción por parte de su titular.

Prescriben a los cuatro años los siguientes derechos:

  1. El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante una liquidación
  2. El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas liquidadas o autoliquidadas
  3. El derecho a solicitar devoluciones
  4. El derecho a obtener devoluciones

No está sujeta a la prescripción, en cambio, la potestad de comprobación que corresponde a la Administración. La Administración podrá comprobar ejercicios y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción del derecho a liquidar, siempre que dicha comprobación resulte precisa en relación con otros derechos que no hubieran prescrito.

En particular, la Administración podrá comprobar hechos, actos, actividades, explotaciones o negocios que, habiéndose producido en periodos prescritos hayan de surtir efectos fiscales en periodos no prescritos.

Como excepción a esta regla general de no prescripción del derecho a comprobar se establece un plazo especial de prescripción de diez años para el inicio de un procedimiento de comprobación que afecte a bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o a deducciones aplicadas o pendientes de aplicación.

Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo, Abogados y Asesores Fiscales.

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