Declaran nulos bonos del Popular vendidos a dos pensionistas

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Sentencia del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de O Porriño sobre bonos del Popular

El juez declara nula una inversión de 40.000 en bonos del Popular, suscritos por dos hermanas, ambas sin estudios, cuando tenían 84 y 66 años.

Las representadas por Ferrer-Bonsoms&Sanjurjo, Abogados depositaron en estos productos el 90 % y el 60 % de sus ahorros, respectivamente.

El juez ha declarado la nulidad del contrato por falta de información “transparente y precisa” de lo que significaban los bonos convertibles. La información que facilitó la entidad resultó “engañosa” para las clientes, que confiaban en que habían suscrito un producto rentable y sin riesgo.

Apariencia de depósito a tipo fijo

Sostuvo una de las afectadas que el banco no les informó de que los bonos se convertirían en acciones de la entidad y tampoco del riesgo de pérdidas. Aclara la juez que, a pesar de que en un primer momento el producto tiene similitud con un depósito remunerado a tipo fijo, “a la postre implica la adquisición obligatoria del capital del banco y, por tanto, puede suponer la pérdida de la inversión”.

En estos casos es fundamental, recuerda la sentencia, que al inversor le quede claro que las acciones que va a recibir no tienen por qué tener un valor equivalente al precio al que compró los bonos.

Producto “arriesgado”

Indica la juez que se trata de un producto, “no sólo complejo sino también arriesgado”, lo que obliga a la entidad a suministrar una información “especialmente cuidadosa”.

El banco alegó que la aceptación tres años después de la firma de un canje por una nueva emisión del mismo producto validaba el primer contrato, una tesis rechazada por la juez ya que esta operación “no puede implicar la aquiescencia con el contrato viciado”.

Dado que el banco no pudo demostrar haber ofrecido una información adecuada que hiciese entender el riesgo real de la inversión a las dos pensionistas, la juez entiende que hubo vicio en el consentimiento del contrato. Por ello, ha declarado la nulidad del contrato y ha ordenado devolver a las consumidoras los 40.000 euros que invirtieron, una vez restados los intereses obtenidos.


Señala la juez que la aceptación posteriormente de una nueva emisión no implica la aquiescencia con el contrato viciado.

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