En noviembre, los medios de comunicación acuden a Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo abogados.

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Este mes de noviembre los medios de comunicación han contado con la opinión y experiencia de nuestro despacho para dos temas muy diferenciados: la nulidad de las cláusulas suelo y acuerdos bancarios, firmado por uno de los socios fundadores, Ignacio Ferrer-Bonsoms; y otro de tema fiscal “exenciones por doble imposición”, firmado por nuestra abogada María Ferrer-Bonsoms.

Concretamente, el primero se publicó a principios de noviembre en la publicación digital del Diario Expansión, donde destacamos las siguientes afirmaciones:

Parece claro que la nulidad de pleno derecho impide que la cláusula suelo que adolezca de dicho vicio sea convalidado por la partes bien con un acuerdo de eliminación de rebaja.

Son muchos los supuestos como el que recoge la sentencia que se encuentran en sede judicial, en los que las entidades bancarias se amparan e la doctrina de actos propios o de renuncia para intentar que no se despliegue los efectos de la nulidad. La cuestión se centra en determinar si la voluntad de las partes puede disponer sobre una materia tan trascendental como son los derechos de los consumidores y usuarios. Con esto, la respuesta no puede ser afirmativa, y la nulidad de pleno derecho que ampara el ordenamiento deberá desplegar efectos para evitar que cualquier pacto o acuerdo entre partes surja efectos, pudiendo incluso los tribunales actuar de oficio incluso cuando la parte no haya alegado dicha nulidad.

Respecto al artículo sobre exenciones, apareció en la revista Moneda Única, en su publicación impresa de noviembre-diciembre de 2017. Nuevamente, nos gustaría destacar varias frases que aportan información de alto valor para los lectores interesados.

En concreto, vamos a tratar, por un lado, sobre la exención para evitar la doble imposición sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes y, por otro lado, la exención de las rentas obtenidas en el extranjero a través de establecimientos permanentes.
Respecto de la primera de ellas, se trata de una exención regulada en el artículo 21 de la LIS que otorga, a partir del año 2015, un tratamiento uniforme a los dividendos y a las rentas derivadas de transmisiones de acciones y participaciones en otras entidades, independientemente de que estas sean residentes o no residentes en España.
Hay que recordar que, hasta 2014, la exención solo se aplicaba en el caso de participaciones en entidades no residentes mientras que, en el caso de participación en entidades residentes, el mecanismo para corregir la doble imposición era la deducción en cuota (del 50 o del 100 %) prevista en el artículo 30 del TRLIS.

 

 

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