Los afectados por Bonos Landsbanki deberán demandar al banco vendedor

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Landsbankinn. Fotografía de Christian Bickel [CC BY-SA 2.0 de], vía Wikimedia Commons

La sentencia emitida en 2013 por el tribunal de la Asociación Europea de Libre Comercio declaró que el gobierno islandés tenía derecho a negarse a devolver a todos los clientes extranjeros que invirtieron sus ahorros en bonos islandeses la cantidad que invirtieron. Por ello, se puede considerar que la única alternativa para que los afectados por Bonos Landsbanki (entre otros) recuperen su inversión, es la de demandar a la entidad bancaria con la que contrataron la compra de bonos de las entidades bancarias islandesas.

Entre 2005 y 2006 los bancos islandeses Landsbanki y Kauphthing emitieron unos bonos propios donde sus clientes pudiesen invertir sus ahorros. Estos bonos tenían unas características similares a las participaciones preferentes. Consecuencia de la buena marcha económica del país, numerosos clientes extranjeros comenzaron a invertir en ellos a través de entidades bancarias de su país.

Sin embargo, en 2008, con la crisis financiera mundial estos bancos islandeses quebraron. Esto, llevó consigo la pérdida de la inversión de numerosos clientes. Entre los clientes afectados podemos encontrar más de 300 españoles, lo que supondría un volumen de más de 100 millones de euros de reclamación a los bancos.

Esta sentencia afecta principalmente a los clientes de los estados pertenecientes a Holanda y Reino Unido, pues habían establecido con Islandia un pacto en virtud del cual el gobierno de este último se había comprometido a devolver el dinero a los clientes de Reino Unido y Holanda, afectados por la quiebra de las entidades bancarias islandesas. La posibilidad que le queda ahora a todos los afectados es la de demandar a los bancos con los que comercializaron sus bonos.

Para que el contrato sea declarado nulo y, por tanto, sin efecto ninguno, esto es, debiendo devolver recíprocamente cada una de las partes todo aquello que se hubieren entregado, se debe demostrar que el perfil del inversor no era el adecuado para contratar ese producto financiero complejo. Además, el demandante deberá demostrar que no tenía conocimiento completo de cómo funcionaban estos productos de inversión.

Las últimas sentencias que han sido emitidas por los jueces españoles declaran la nulidad de estos contratos por haberse dado error como vicio del consentimiento, considerando que las entidades omitieron a sus clientes las características de los mismos, sin señalar todos los riesgos de pérdidas de la inversión.

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