6.000 euros por incluir a una empresa como morosa por error

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Sentencia

La Audiencia Provincial de Navarra entiende que la intromisión en el derecho al honor de una empresa ha causado daños económicos.

La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a Banco Santander a pagar 6.000 euros a una empresa de reformas por incluir a una empresa como morosa por error.

La entidad financiera incluyó a la mercantil, representada por Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo Abogados, en el registro RAI de impagos durante cinco meses. En primera instancia, un juzgado de Tudela  (Navarra) reconoció la vulneración de derecho al honor de la empresa pero le absolvió de cualquier indemnización por ello.

La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Navarra ya que se entendía que había derecho a una indemnización por los perjuicios económicos derivados de haber estado la empresa incluida como morosa.

Dos bancos paralizaron sus créditos

Para ello, se demostró la relación existente entre la inclusión en el fichero de morosos y la falta de financiación de dos entidades financieras. Para ello, se facilitaron dos correos electrónicos en los que las entidades paralizaban los créditos solicitados “mientras se solucionen las anotaciones que aparecen en el RAI”.

Señala la Audiencia que estos correos “acreditan la existencia de una consecuencia negativa” para la empresa, derivada de la inclusión en el fichero de morosos y que “la paralización “ de la concesión de los créditos es “motivo suficiente para reconocerle el derecho a unaindemnización”.

Otra empresa pidió explicaciones tras creer que era morosa

También tuvo en cuenta el tribunal que, al menos una empresa, al tener conocimiento de la inclusión de la actora en el registro de morosos, se puso en contacto con la actora para pedir explicaciones.

El perjuicio se presume si hay intromisión ilegítima

La sentencia alude a la jurisprudencia del Supremo sobre las consecuencias negativas de la inclusión en ficheros de morosos. En referencia a la legislación aplicable en el caso, señala que “el perjuicio se presume siempre que se acredite la intromisión ilegítima” en el honor y que la indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad.

Por todo ello, la Audiencia entiende demostrado que la intromisión al derecho al honor de la empresa sí ha causado un daño por la paralización de operaciones financieras que estaban en curso así como por las explicaciones que pidieron otras mercantiles con las que se mantenían relaciones comerciales. Por todo ello, la Audiencia condena al banco a pagar 6.000 euros por el daño moral causado.

Al estar la empresa cinco meses inscrita como deudora, dos bancos suspendieron los créditos que le iban a conceder. Entendemos que esta sentencia abre la vía para que otras empresas que estén incursas en registro de morosos puedan reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

 

A continuación os facilitamos la sentencia al completo o la podéis descargar aquí en formato pdf.

S E N T E N C  I A     Nº  000349/2017

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra, compuesta por los Ilmos. Sres. Magistrados que al margen se expresan, ha visto en grado de apelación el Rollo Civil de Sala 1065/2016, derivado de los autos de Procedimiento Ordinario (Derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y cualquier otro derecho fundamental – 249.1.2) nº 236/2016 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Tudela; siendo parte apelante, la demandante, la mercantil EMPRESA, representada por el Procurador D. Fernando Laseca Arellano y asistida por  el Letrado D. Ignacio José Ferrer-Bonsoms Hernández; parte apelada, la demandada BANCO SANTANDER S.A., representada por la Procuradora Dª Mª Mercedes González Martínez y asistida por el Letrado D. Jesús Echarte Vidal; y con intervención del MINISTERIO FISCAL.
Siendo Magistrado Ponente la Ilma. Sra. Dª ANA FERRER CRISTÓBAL.

 

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- Con fecha 26 de septiembre del 2016, el referido Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Tudela dictó Sentencia en los autos de Procedimiento Ordinario (Derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y cualquier otro derecho fundamental – 249.1.2) nº 236/2016, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

“Se ESTIMA parcialmente la demanda interpuesta por la mercantil EMPRESA por responsabilidad derivada de vulneración de derecho fundamental AL HONOR y se DECLARA que la inclusión de datos personales de  la misma en el fichero de morosos RAI por parte de la demandada la mercantil BANCO SANTANDER  S.A.  vulneró su derecho al honor y ABSUELVE a la misma de los  pedimentos económicos contra ella realizados, y sin mención sobre las costas del procedimiento.”

TERCERO.- Notificada dicha resolución, fue apelada en tiempo y forma por la representación procesal de AISLAMIENTOS EUNA S.L.

CUARTO.- La parte apelada, BANCO SANTANDER S.A. y el MINISTERIO FISCAL, evacuaron el traslado para alegaciones, oponiéndose al recurso de apelación y solicitando su desestimación, interesando la confirmación de la sentencia de instancia.

QUINTO.- Admitida dicha apelación en ambos efectos y remitidos los autos a la Audiencia Provincial, correspondieron a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra en donde se formó el Rollo de Apelación Civil nº 1065/2016, habiéndose señalado  el día 13 de junio de 2017 para su deliberación y  fallo,  con  observancia de las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La representación de Aislamientos Euna S.L. recurre en apelación la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Tudela que estimaba parcialmente la demanda por ella interpuesta frente a Banco de Santander reconociendo responsabilidad de la demandada por vulneración de su Derecho Fundamental al honor por la inclusión de los datos personales de la actora en el fichero de morosos RAI si bien absolvía a la demandada de los pedimentos económicos contra ella realizados,  alegándose como fundamento esencial la falta de base fáctica probatoria.

Se alega como motivo esencial del recurso la infracción de los artículos 281 y siguientes en relación con el artículo 24 CE al considerar en primer lugar que la inadmisión de la prueba solicitada por la actora supone una infracción de su derecho a la tutela judicial efectiva.

Añade igualmente que siendo de aplicación la LO 1/1982, el artículo 9.3 de dicha ley establece una presunción iuris et de iure de existencia de perjuicio indemnizable cuando ha existido dicha intromisión ilegítima en el derecho al honor como es en este caso por  el tratamiento de datos personales en un registro de morosos, causándose un daño moral cuya prueba siempre es dificultosa.

Considera por ello que la prueba practicada ha acreditado que el demandante permaneció en el fichero de morosos RAI durante al menos cinco meses siendo conocida dicha  situación por  las  entidades financieras, Aseguradoras de Crédito, empresas dedicadas a la información comercial financiera y de marketing etc.

Consideraba igualmente acreditado a través de la documentación aportada la existencia de empresas proveedoras de la actora que, al conocer la situación por la que atravesaba, sólo se comprometían a suministrar materiales pagados al contado.

En tercer lugar considera igualmente acreditado a través de la documental aportada y  la que en su momento se quiso aportar, que  las pérdidas sufridas en el año 2012 se debieron a los hechos objeto  de recurso.

Tanto por parte del Ministerio Fiscal como por la demandada Banco de Santander se solicitó la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la resolución dictada.

En la demanda iniciadora del presente procedimiento la representación de LA EMPRESA, solicitaba la condena de Banco de Santander al pago de 30.000 € en concepto de indemnización por daños morales y perjuicios causados como consecuencia de la inclusión de los datos personales en el fichero de morosos RAI consecuencia de lo que consideraba actuación negligente de la demanda.

El importe reclamado de 30.000 € obedecía según se recogía en el hecho 6º de la demanda a los siguientes conceptos:

1.- Denegación de financiación. Aportaba en justificación de ello los documentos 17 y 18 así como los certificados de CREDIT PYME.

2.- A los informes negativos de empresas dedicadas a la información comercial, financiera y de marketing y aportaba justificación de ellos los documentos número 20 21 y 22.

3.- A las limitaciones comerciales impuestas por empresas con las que trabajaba la actora de  las  que  no  podía comprar material si no pagaban en metálico. Acompañaba en justificación de ello el documento número 23 consistente en un correo electrónico de la empresa XXXX.

4.- A las pérdidas patrimoniales sufridas en el  año 2012 y que ascendieron a 27.684,95 € y que acreditan con los documentos números 24 y 25.

La representación de Banco Santander reconoció el error cometido pero negó las consecuencias que  la actora  pretendía atribuir al mismo al procederse de inmediato a la rectificación del mismo. Entendía que la prueba practicada no acreditaba el daño supuestamente causado.

Como hemos señalado anteriormente la resolución dictada en primera instancia si bien consideró acreditada el error cometido por Banco de Santander y como consecuencia de ello la infracción del derecho al honor e imagen de la demandante, negó las consecuencias económicas solicitadas al considerar que carecían de base fáctica probatoria suficiente.

SEGUNDO.- Se alega por la parte  en primer  lugar  la infracción del artículo 281 LEC en relación con el Art 24 CE por la no admisión de la prueba documental y testifical solicitada.

Con independencia de que la recurrente no pidió  la declaración de nulidad alguna en su recurso, resulta que dicha prueba también fue solicitada en esta segunda instancia sin que por motivos que se desconocen se dictara resolución al respecto y sin que por  parte de la ahora recurrente se alegara nada.

Añadimos en todo caso que como hemos dicho en anteriores ocasiones la denegación de prueba no supone limitación de medios de defensa; así lo ha manifestado el Tribunal Constitucional en la sentencia 186/1997 de 10 de noviembre de 1997 al afirmar “que este Tribunal ha declarado reiteradamente que el derecho de defensa, incluido en el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión que reconoce el Art. 24 CE, garantiza el derecho a acceder al proceso y a los recursos legalmente establecidos en condiciones de poder ser oído y ejercer la defensa de los derechos e intereses legítimos en un procedimiento en el que se respeten los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales”, todo lo cual ha sido perfectamente salvaguardado en el proceso.

Procede por tanto la desestimación del motivo de recurso alegado al considerar que la mera denegación de la prueba propuesta no es de por si  motivo de  indefensión, cuando como en este caso, ya que la misma estuvo suficientemente motivada por el Juez de Instancia.

TERCERO.- Siendo el motivo esencial del recurso el  error en la valoración de la prueba practicada, este Tribunal tiene dicho con reiteración (sentencias de 15 mayo 2003, 25 de enero, 9 de febrero y 25 de junio de 2006, por citar algunas) que aunque el recurso de apelación que abre la segunda instancia permite al Tribunal, dado su carácter ordinario, realizar un nuevo examen de la prueba practicada, cuando lo que se imputa a la sentencia apelada es haber errado en la valoración de la misma, dicho examen queda limitado por el principio “tantum devolutum quantum apellatum” conforme al cual el tribunal de apelación sólo debe conocer de aquellas cuestiones que le han sido planteadas en el recurso, ex art. 465.4 LEciv, siendo una consecuencia del principio de congruencia de las sentencias, con dimensión constitucional por afectar al derecho  fundamental  a  la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a no sufrir  indefensión que se proyecta en el régimen de garantías legales de los recursos (SSTS 12 mayo (RJ 2006, 3939) y 1 diciembre 2006 (RJ  2006, 8158), 21 junio 2007 (RJ 2007 , 5575)]. 30 junio 2009 (RJ 2009, 4704); SSTC 84/1985 (RTC 1985, 84) y 15/1987 (RTC 1987, 15)].

Ahora bien, el examen efectuado por el tribunal de la primera instancia de todas las pruebas practicadas no puede quedar desvirtuado por la valoración parcial e interesada que la parte  apelante realice de determinados medios de prueba. El error en la apreciación de la prueba tan sólo puede ser acogido cuando las deducciones o inferencias obtenidas en la resolución apelada resulten ilógicas e inverosímiles de acuerdo con el resultado que ofrezcan las pruebas practicadas en el pleito o contrarias a las máximas de la experiencia o a las reglas de la sana crítica.

En definitiva, cuando se trata de valoraciones probatorias, la revisión de la sentencia deberá centrarse en comprobar que tal valoración aparece suficientemente motivada o razonada en la resolución recurrida y que las conclusiones fácticas a las que llegue como resultado de tal valoración, no pongan de manifiesto un error palpable o manifiesto o resulten incompletas, incongruentes o contradictorias.

CUARTO.- Siendo la única cuestión objeto de recurso la determinación del montante económico reclamado por la actora ahora recurrente como consecuencia de la vulneración de su derecho  al honor por la inclusión de sus datos en el registro de  morosos RAI y  que el mismo  cuantifica en 30.000€, la reciente Sentencia del TS de 26 de abril de 2017 ha señalado al respecto que:

“Ciertamente, constituye doctrina constante de esta Sala (entre las más recientes, SSTS de 9 de octubre de 2015, Rec. núm. 669/2013, de 10 de febrero de 2014, Rec. Núm. 2298/2011, y 22 de enero de 2014, Rec. Núm. 1305/2011) que la fijación de la cuantía de las indemnizaciones por resarcimiento de daños morales en este tipo de procedimientos es competencia de los tribunales de  instancia,  cuya decisión al respecto ha de respetarse en casación salvo que «no se hubiera atenido a los criterios que establece el art. 9.3 LO 1/82» (STS de 17 de julio de 2014, rec. núm. 1588/2008, con cita de las SSTS 21 de noviembre 2008 en rec. Núm. 1131/06, 6 de marzo de 2013 en rec. Núm. 868/11, 24 de febrero de 2014 en rec. Núm. 229/11  y 28 de mayo de 2014 en Rec. núm… 2122/07) o en caso de error notorio, arbitrariedad o notoria desproporción (sentencias de 5 de diciembre de 2000, 31 de enero de 2001, 25 de enero de 2002, 10 de junio de 2002, 3 de febrero de 2004, 28 de marzo de 2005, 9 de junio de 2005, 21 de abril de 2005, 17 de enero de 2006, 27 de febrero de 2006, 5 de abril de 2006, 9  de junio de 2006, 13 de junio de 2006, 16 de noviembre de 2006).

El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, en su redacción anterior a la reforma operada por la  Ley  Orgánica 5/2010, que  entró en vigor a partir del 23 de diciembre de 2010 y que es  la  aplicable dada la fecha de los hechos, dispone que «La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso,  la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma». Esta Sala ha declarado en STS de 5 de junio de 2014, Rec. núm. 3303/2012, que dada la presunción iuris et de iure, esto es, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable, el hecho de que la valoración del daño moral no pueda obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los tribunales para fijar su cuantificación, «a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso (sentencias de esta sala núm. 964/2000, de 19 de octubre , y núm. 12/2014, de 22 de enero)». Se trata, por tanto, «de una valoración estimativa, que en el caso de daños morales derivados de la vulneración de un derecho fundamental del art. 18.1 de la Constitución, ha de atender a los parámetros previstos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias  relevantes para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio».

 3.- También ha afirmado la sala que no son admisibles las indemnizaciones de carácter meramente simbólico.

Como declara la sentencia de esta Sala núm. 386/2011, de 12 de diciembre, «según la jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 18 de noviembre de 2002 y 28 de abril de 2003) no es admisible que se fijen indemnizaciones de carácter simbólico, pues al tratarse de derechos protegidos por la CE como derechos reales y efectivos, con la indemnización solicitada se convierte la garantía jurisdiccional en un acto meramente ritual o  simbólico incompatible con el  contenido de los artículos 9.1, 1.1. y 53.2 CE y la correlativa exigencia de una reparación acorde con el relieve de los valores e intereses en juego (STC 186/2001, FJ 8)» (STS 4 de diciembre 2014, Rec. núm. 810/2013)”.

QUINTO.- Conforme a dichos criterios doctrinales y no siendo objeto de recurso el hecho esencial de vulneración del derecho  al honor de la actora, la cuestión objeto de recurso se limita al  examen del montante económico solicitado, 30.000,00 € y que la sentencia de instancia desestima por falta de sustento probatorio.

En primer lugar alegaba la  actora la relación existente entre  la inclusión en el registro de morosos y la falta de  financiación que  dice haber sufrido y que acreditaba con dos correos electrónicos aportados como documentos nº 17 y 18 remitidos por Banco Popular- Vasconia y por Banco Sabadell y en los que se dejaba  constancia de  la paralización la formalización de las operaciones solicitadas “mientras” se solucionen las anotaciones que aparecen en el RAI.

La demandada consideraba sin embargo que dichos correos electrónicos lo único que acreditaban era la paralización de las operaciones, pero que la empresa ya pasaba por problemas económicos anteriores.

No compartimos la postura del juez de instancia ya que la documental aportada acredita la existencia de una consecuencia negativa para el actor derivada de la actuación de la  demandada, y  que si no es la pérdida de financiación si es al menos la paralización  de las operaciones en marcha, motivo éste que consideramos suficiente para reconocerle el derecho a una indemnización.

Se alegaba en segundo lugar por la demandante que esa situación dio lugar a la emisión por parte de empresas dedicadas a la información comercial, financiera y de marketing de informes negativos que pudieran ser consultados por otras mercantiles. Aportaba en justificación de ello como documento 20 el informe efectuado por la empresa INFORMA en el que efectivamente consta que inicialmente el riesgo del endeudamiento era bajo y sin embargo en fecha 21 de marzo de 2012 pasó a ser calificado de medio-alto. Es de destacar sin embargo que en dicho informe se señala que no  existen incidencias judiciales, ni reclamaciones administrativas ni ningún otro elemento significativo.

Como documento número 21 también se aporta un informe del la mercantil Asesor, en el que sin embargo no se recoge ninguna supuesta relación con lo que ahora se debate.

Sin embargo si entendemos acreditado a través del documento número 23, que al menos una empresa, concretamente la mercantil Distriplac, al tener conocimiento de la inclusión de la actora en el registro de morosos se puso en contacto con la actora.

Por último, consideramos que si bien existe documental acreditativa de la existencia de pérdidas en el resultado del ejercicio 2012 cuando en el 2011 existían ganancias, no podemos considerar como causa de las mismas los hechos que ahora enjuiciamos.

 

La sentencia del TS anteriormente reseñada sigue diciendo:

“Precisamente la información sobre incumplimiento de obligaciones dinerarias que se incluye en estos registros va destinada justamente a las empresas asociadas a dichos ficheros, que no  solo les comunican los datos de  sus clientes morosos, sino que también  los consultan cuando alguien solicita sus servicios para evitar contratar y conceder crédito a quienes no cumplen sus obligaciones dinerarias.

Las empresas que consultaron son empresas que facilitan crédito o servicios y suministros, bien porque se trate de entidades financieras, bien porque se trate de entidades que realizan prestaciones periódicas o de duración continuada y que facturan periódicamente sus servicios al cliente (con  frecuencia, se  facturan los servicios ya prestados, como es el caso de las empresas de telefonía y servicios de Internet), por lo que para ellas es importante que se trate de un cliente solvente y cumplidor de sus obligaciones dinerarias. Por ello, estos registros de morosos son consultados por  las empresas asociadas para denegar financiación, o para denegar la facilitación de suministros u otras prestaciones periódicas o continuadas, a quien no merezca confianza por haber incumplido sus obligaciones dinerarias. Es más, en ciertos casos, estas empresas no deben facilitar crédito si consta que el solicitante está incluido en uno de estos registros de morosos (es el caso de lo que se ha llamado “crédito responsable”, destinado a evitar el  sobreendeudamiento de los particulares, a que hacen referencia la Ley 16/2011,  de  24  de junio, de Contratos de Crédito al Consumo, el Art. 29 de  la  Ley  2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y el Art. 18 de la Orden EHA/2899/2Q11, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios).

Añadimos además que también el TS en sentencia de 18 de febrero de 2015 llegaba a la conclusión de que la dimensión del perjuicio por su difusión ha de ser cualitativa, ya que cada consulta en el fichero causa un perjuicio al menos potencial al sujeto en la medida que la consulta lo es de quien directamente accede a  sus  datos  porque tiene o desea tener el futuro alguna relación comercial con el afectado”.

A la vista de ello debemos tener presente el contenido del artículo 9.3 de la LO 1/82, que dispone que la existencia del perjuicio se presume siempre que se acredite la intromisión ilegítima y que la indemnización se extenderá el daño moral, que se valorará atendiendo las circunstancias del caso y a la gravedad de la versión efectivamente producida, teniendo en cuenta la difusión de dicha intromisión.

Procede por ello la estimación parcial del recurso de apelación interpuesto al entender acreditado que la intromisión ilegítima en el derecho al honor si ha causado un daño a la empresa actora consistente en la paralización al menos de determinadas operaciones financieras que estaban en curso así como en la solicitud de explicaciones por parte de empresas con las  que  mantenía relaciones comerciales y que tuvieron conocimiento de los hechos. De acuerdo con ello ciframos dicho daño moral en 6000 €.

SEXTO.- La estimación parcial del recurso de apelación interpuesto conlleva la no imposición de las costas causadas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L O

Esta sala acuerda la estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación de Aislamientos Euna S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Tudela, en su Procedimiento Ordinario (Derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y cualquier otro derecho fundamental – 249.1.2) nº 236/2016, en fecha 26 de septiembre de 2016 en el único sentido de fijar en 6.000 € más intereses legales, el importe de la indemnización que Banco de Santander S.A. deberá abonar a la actora.

No procede hacer expresa condena en las costas causadas.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La presente resolución, de concurrir los requisitos establecidos en los artículos 477 y 469, en relación con la disposición final 16ª de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, es susceptible de recurso de casación y de recurso extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal  Supremo o, en su caso, de recurso de casación ante la Sala de lo Civil y  Penal  del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, debiendo presentar  ante esta Sección el escrito de interposición en el plazo de los VEINTE DÍAS siguientes al de  su notificación.

Debiendo acreditarse en el momento de la interposición  del  recurso haber consignado el depósito exigido para recurrir en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano abierta en Banco Santander, con apercibimiento de que de no verificarlo no se admitirá a trámite el recurso pretendido

 

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